EDITORIAL: Colegios en la mira de todos
EDITORIAL: Colegios en la mira de todos Con 103 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley de Escuelas Protegidas, que ahora inicia su segundo trámite en el Senado. La iniciativa responde a una preocupación genuina de la ciudadanía y es bueno que el Congreso avance con la urgencia que el país demanda. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de asegurar que esa respuesta resguarde los derechos de niños, niñas y adolescentes. No es un tema menor: varios de sus artículos ya enfrentan reservas de constitucionalidad. Cada vez que un hecho grave de violencia escolar irrumpe en la agenda pública, el debate político tiende a centrarse en la conmoción, la urgencia y la búsqueda de sanciones más severas. Una opción para subsanar esta crisis es fortalecer las capacidades de las escuelas para enfrentar mejor los diversos desafíos de la convivencia. Otra, muy distinta, es trasladar la idea de protección hacia una lógica de autoridad sostenida en la sospecha, la intervención policial y el castigo. La lucha es dura y cada colegio de Coquimbo y Chile entero la situación es compleja.
La evidencia tampoco respalda el entusiasmo punitivo y obliga a formular una pregunta incómoda: ¿ ya no probamos antes este camino? La ley Aula Segura, promulgada en 2018, nació también bajo el signo de la urgencia, impulsada por graves hechos de violencia en liceos emblemáticos, con la promesa de recuperar el orden mediante expulsiones en plazos abreviados. Sin embargo, dichos problemas en aquellos liceos persisten, mientras las tasas de expulsión han crecido exponencialmente.
En 2024 llegaron a 410,1 por cada 100 mil estudiantes, frente a un 33,7 en liceos no emblemáticos: 12,2 veces más (Inostroza & Muñoz, 2025). Esto no significa que sancionar nunca sea necesario, pero sí demuestra que endurecer las medidas hacia los estudiantes no es el camino.
Pero por mientras, ¿qué hacemos? Llama la atención que, frente a la violencia en liceos emblemáticos, reaparezca desde algunas autoridades una explicación ya conocida: que detrás de estos hechos habría grupos organizados e incluso adultos, sin que hasta ahora se conozcan resultados concluyentes de investigación penal en esa dirección..