Autor: JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER

Columnas de Opinión: La educación pública y sus reformas
Columnas de Opinión: La educación pública y sus reformas La discusión sobre la Nueva Educación Pública y los Servicios Locales de Educación (SLEP) se ha convertido en uno de los debates más contenciosos del sector educacional chileno. No es el único, por cierto, pero sí uno que condensa tensiones políticas, técnicas e incluso culturales que atraviesan nuestra conversación sobre el futuro del sistema escolar. Como suele ocurrir en estas controversias, el debate se ha ordenado en torno a dos posiciones extremas. Por un lado, quienes sostienen que el proceso debe seguir adelante tal como está diseñado, lo más rápido posible y sin alterar sus fundamentos. Por otro lado, quienes proponen directamente una contrarreforma que devuelva la administración de la educación pública a los municipios. Son posiciones “puras”, coherentes en su lógica interna, pero minoritarias e inviables. Entre ambas existe una amplia gradación de visiones intermedias: aceptaciones con matices, críticas parciales, apoyos condicionados o rechazos que no necesariamente implican retroceder al modelo anterior. El problema es que esa zona intermedia que probablemente representa a la mayoría de quienes observan el sistema con cierto realismo rara vez logra ordenar el debate público. Esto se debe en parte a que la discusión sobre los SLEP no gira en torno a una sola dimensión, sino a varias que se entrecruzan entre sí. Está la cuestión del grado adecuado de centralización y de descentralización. Está la relación entre los nuevos servicios y los municipios. Está el modelo de gobernanza de la educación pública. También está el grado de autonomía que deben tener los establecimientos y sus equipos directivos. Y, por supuesto, están los problemas más concretos de gestión, financiamiento, infraestructura y capacidad administrativa. Pretender resolver todas estas dimensiones con una sola respuesta seguir adelante sin cambios o restaurar el sistema anterior resulta intelectualmente cómodo, pero políticamente improductivo. La tentación de una contrarreforma se intensifica cuando surgen dificultades en la implementación de los SLEP. Y esas dificultades existen. Los problemas de gestión, los retrasos en algunos traspasos, la debilidad de ciertas capacidades administrativas y las tensiones territoriales son hechos que es absurdo negar. Pero de ahí a concluir que la solución es desmantelar el sistema y volver a la administración municipal hay un salto lógico que no resiste mucho análisis. Por lo demás, nadie lo ha planteado seriamente. Volver a ese esquema no resolvería los problemas actuales. Simplemente reinstalaría los problemas de ayer. Por eso la alternativa más razonable es otra: continuar el proceso, pero transformarlo en una segunda generación de reformas. Eso implica, en primer lugar, revisar seriamente la gobernanza de los Servicios Locales. Los SLEP fueron concebidos como sostenedores especializados capaces de superar las limitaciones del modelo municipal. Sin embargo, en varios casos han terminado reproduciendo problemas clásicos de burocratización y de distancia respecto de los territorios. Una educación pública territorial requiere servicios con capacidad técnica, pero también con un anclaje institucional más claro en las dinámicas locales. Los municipios siguen siendo actores centrales en la vida local: en materia de seguridad, desarrollo comunitario, infraestructura urbana, programas sociales y redes de apoyo. Pretender que la educación pública funcione por completo al margen de esa institucionalidad local es, en la práctica, una ilusión administrativa.
Más que restaurar la municipalización, lo que se necesita es una relación institucional mucho más clara entre los SLEP y los municipios: coordinación estratégica, articulación territorial y responsabilidades compartidas en ámbitos donde la acción educativa se cruza con la vida comunitaria.
En cambio, la idea de mantener en paralelo ambos esquemas SLEP y municipios podría recrear una antigua separación dentro de la educación pública estatal que ya Darío Salas denunció a comienzos del siglo XX: entre una educación de mejor calidad (provista por municipios con mayores ingresos) y una educación popular (o sea, con menores aspiraciones). Un segundo desafío es comprender que la educación pública no opera en un vacío institucional. Chile tiene un sistema escolar mixto. Una parte significativa de la matrícula de hecho, la mayoritaria se encuentra en establecimientos de administración privada subvencionada, que también forman parte de la educación pública que el Estado sostiene y garantiza. Ignorar esta realidad en el diseño de políticas públicas es simplemente desconocer cómo funciona de verdad el sistema educacional chileno. La Nueva Educación Pública no puede concebirse como un subsistema aislado. Necesita articular redes más amplias de colaboración pedagógica, intercambio de prácticas y coordinación territorial que también incluyan a los establecimientos subvencionados. No se trata de diluir la identidad de cada sector de la educación pública, sino de que compartan responsabilidades cívicas y territoriales e iniciativas comunes para mejorar la calidad y la equidad educativas. Por último, hay un contexto más amplio que suele quedar fuera de las discusiones políticoadministrativas en materia educativa. Ella no es solo un sistema de gestión de establecimientos; es, ante todo, el proceso mediante el cual una generación recibe a la siguiente en el mundo. Hoy esta transmisión cultural enfrenta desafíos profundos. La caída de la natalidad altera la estructura misma de nuestras comunidades educativas. Las tensiones en torno a la autoridad escolar y la convivencia se han vuelto visibles en muchos establecimientos. Y, quizás más importante aún, el futuro ha dejado de percibirse como una promesa clara para muchos jóvenes. Durante décadas, la educación fue el principal vehículo de movilidad social y de construcción de expectativas colectivas. Hoy, en cambio, el futuro suele aparecer en el debate público, asociado a la incertidumbre laboral, a cambios tecnológicos abruptos y a transformaciones sociales difíciles de anticipar. Cuando una sociedad pierde una visión compartida de futuro, la educación también pierde parte de su sentido. De allí la necesidad de reponer los términos del debate institucional. Este no puede limitarse a la arquitectura institucional de los SLEP ni a su vinculación con los municipios. También tiene que abordar las preguntas más profundas sobre qué esperamos de nuestras generaciones jóvenes, qué valores compartimos como comunidad política y qué horizonte de futuro somos capaces de ofrecerles. Una educación pública territorial requiere servicios con capacidad técnica, pero también con un anclaje institucional más claro en las dinámicas locales. Los municipios siguen siendo actores centrales en la vida local: en materia de seguridad, desarrollo comunitario, infraestructura urbana, programas sociales y redes de apoyo. Pretender que la educación pública funcione por completo al margen de esa institucionalidad local es, en la práctica, una ilusión administrativa. Autor: JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER. N El debate sobre los SLEP se ha polarizado entre avanzar sin cambios o volver a la administración municipal. La discusión debe ampliarse y abordar desafíos más profundos. OPINIÓN Una educación pública territorial requiere servicios con capacidad técnica, pero también con un anclaje institucional más claro en las dinámicas locales. Los municipios siguen siendo actores centrales en la vida local: en materia de seguridad, desarrollo comunitario, infraestructura urbana, programas sociales y redes de apoyo. Pretender que la educación pública funcione por completo al margen de esa institucionalidad local es, en la práctica, una ilusión administrativa.