Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.

Costo de la “permisología” termina 2025 al alza, pese a signos de mejora en tiempos de tramitación
Costo de la “permisología” termina 2025 al alza, pese a signos de mejora en tiempos de tramitación La gestión de la “permisología” en el gobierno del Presidente Gabriel Boric fue de menos a más, pero sigue estando al debe en comparación con el promedio de los años recientes.
Si bien algunos indicadores dan cuenta de ciertos avances en la etapa de evaluación ambiental, el costo total que han asumido los inversionistas por la demora en la puesta en marcha de los proyectos registró un alza considerable en 2025.
El costo total de la “permisología” es un indicador elaborado por el Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile, a través de una fórmula construida en conjunto con equipos de Sofofa.
Los resultados indican que, sumando ambos semestres de 2025, dicho impacto económico fue de unos US$ 4.762,9 millones, muy por encima de los US$ 2.940 millones de 2024, pero por debajo de los máximos alcanzados durante este Gobierno (ver gráfico). “Estamos hablando de punto y medio del PIB”, ejemplifica el economista Jorge Valverde, director del OTEI, respecto del resultado acumulado de 2025.
Este indicador está directamente relacionado con la rentabilidad que ofrece un proyecto a la inversión inicial, en función del costo que generan los tiempos de la etapa “preoperacional”, es decir, las exigencias regulatorias y de información.
La metodología consiste en cuantificar el costo de oportunidad de esa inversión, considerando que el 50% del capital permanece “congelado”, sin generar retornos a la espera de obtener los permisos para su ejecución, en lo que también se conoce como el “costo hundido” de la inversión.
El peso de la etapa sectorial La estimación del costo total de la “permisología” no es fácil, pues si bien el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cuenta con información pública y sistematizada respecto de los proyectos que ingresan a evaluación y luego se califican, no ocurre lo mismo con la etapa posterior.
A los permisos de esta fase se les llama “sectoriales”, y es precisamente la que el Gobierno buscó reforzar mediante la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales aprobada el año pasado, que centraliza su gestión y crea una entidad a cargo de monitorear su funcionamiento. Los datos muestran que, de hecho, la etapa sectorial es la que sistemáticamente concentra una mayor proporción de los costos, sumando US$ 2.872 millones el año pasado, equivalentes a un 60,3% del total.
“Esto confirma que, para la inversión que logra materializarse, la tramitación sectorial sigue constituyendo la mayor carga financiera por capital inmovilizado”, señala el informe, en relación con una etapa donde se concentran mayores grados de arbitrariedad en comparación con la fase ambiental.
En concreto, la medición del costo total contempla dos etapas: el tiempo que transcurre desde el ingreso a la evaluación ambiental hasta que se obtiene una calificación, y los días que pasan desde dicha autorización hasta el inicio efectivo de la construcción, de acuerdo con información solicitada por Ley de Transparencia a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Entre la autorización y la construcción, está implícita la judicialización de los proyectos, lo que según los autores es posible que lleve a montos levemente “sobreestimados”, considerando que cerca de un 10% de los proyectos se judicializa.
Señales contrapuestas Más allá del cálculo de costos, hay matices en los distintos indicadores vinculados con la “permisología”. En los días que transcurren desde la autorización ambiental hasta la construcción, por ejemplo, se advierte que 2025 exhibió una mejora en relación con los más de 2.000 días observados en 2024, y los tiempos se han estabilizado en torno a 550-800 días.
Si se revisa en cambio el promedio trimestral de tiempos en la evaluación ambiental, cayó de los máximos de más de 500 días observados al tercer trimestre hasta cerca de 490, aunque se mantiene “estacionado” sobre los 450 días que superó a principios de año. Por otro lado, la inversión calificada por el SEA alcanzó al cuarto trimestre un nuevo máximo histórico de US$ 14.737 millones, superando el récord del trimestre anterior, cercano a US$ 14.300 millones. Este volumen de aprobaciones excede en más de un 50% el promedio trimestral de los últimos dos años, y según Valverde puede reflejar un cierto énfasis en mejoras de gestión.
“Hay veces que tú llegas y no podías hacer mucho, pero uno podría pensar que el último año de un gobierno si te da cuenta de su trabajo, ya tuvisADIDEC te tres años para hacer algo (... ). Me da la impresión de que hubo una pequeña mejora en la tramitación, pero de todas formas es una mejora comparada con el período de gobierno, que fue muy malo. Si uno lo compara con lo que pasó en los últimos trimestres del gobierno anterior, todavía estamos como al 60% de capacidad de eficiencia, si se quiere. Se muestra una mejora, pero también porque este Gobierno partió muy lento”, opina. Inversión concentrada Hay otro factor que explica la magnitud de las cifras en los dos últimos trimestres. El informe habla de un proceso de “calificación estratégica”, relacionado con priorizar iniciativas de alta complejidad y capital intensivo.
Así, por ejemplo, hay proyectos clave que impulsaron el desempeño trimestral como el Proyecto Volta (Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde) por US$ 2.500 millones y la Línea de Transmisión HVDC Kimal-Lo Aguirre por US$ 1.480 millones.
“A esto se suma una ola de proyectos de generación y almacenamiento (BESS) en el norte del país, como el Parque Fotovoltaico Ramaditas (US$ 550 millones), ratificando al sector energía como el motor contracíclico de la inversión nacional”, detallan. Valverde agrega que, en parte, este tipo de proyectos también impacta al alza en los costos de la “permisología”. “Probablemente, este último semestre se aprobaron proyectos grandes que venían tramitándose hace mucho tiempo. Para la estadística es malo, porque como se demoró mucho y era un proyecto grande, aparece como costoso. Efectivamente fue costoso, se demoró mucho y permaneció esa plata ahí estancada, pero salió”, explica.
Este efecto estadístico se refleja en el costo asociado solo a la etapa de evaluación ambiental que registran aquellos proyectos calificados al segundo semestre, que asciende a US$ 1.937 millones, el más alto observado en esta administración.
Si uno lo compara con lo que pasó en los últimos trimestres del gobierno anterior, todavía estamos como al 60% de capacidad (... ). Se muestra una mejora, pero también porque este Gobierno partió muy lento”.. ............................................................ JORGE VALVERDE DIRECTOR DEL OTEI DE LA FEN U.
DE CHILE Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.. La rentabilidad comprometida en los procesos de autorización superó los US$ 4.700 millones el año pasado, impulsada por grandes proyectos que llevaban largos períodos de retraso en iniciar su construcción.
Los retrasos significaron pérdidas por cerca de 1,5% del PIB, según estudio de la U. de Chile: ‘‘Si uno lo compara con lo que pasó en los últimos trimestres del gobierno anterior, todavía estamos como al 60% de capacidad (... ). Se muestra una mejora, pero también porque este Gobierno partió muy lento”.. ............................................................ JORGE VALVERDE DIRECTOR DEL OTEI DE LA FEN U. DE CHILE