Autor: Valentín Aguilera Seremi de Educación

Columnas de Opinión: Convivencia y bienestar para aprender: el alcance de la nueva ley en nuestras escuelas
Columnas de Opinión: Convivencia y bienestar para aprender: el alcance de la nueva ley en nuestras escuelas L a reciente aprobación del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas por parte del Congreso Nacional es un hito relevante en función de las necesidades y requerimientos que tienen los establecimientos educacionales en la actualidad.
No se trata de un simple ajuste administrativo, sino de una transformación significativa en la forma y modos en los cuales se aborda el trabajo en convivencia educativa, respondiendo a un anhelo profundo de las escuelas, liceos y jardines infantiles de todo el país.
Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, es el resultado de un largo y riguroso trabajo de los equipos del Ministerio de Educación en conjunto con el Parlamento, logrando un consenso transversal que reconoce la urgencia de proteger el corazón del proceso de enseñanza: el clima donde se convive y se aprende. Para nuestra región, este avance es de gran importancia. Las comunidades educativas han enfrentado desafíos crecientes, especialmente en el contexto de la postpandemia, donde los problemas de salud mental y situaciones conflictivas han mostrado una tendencia al alza. Según datos de la Superintendencia de Educación, en 2023 un 72,1% de las denuncias correspondieron a problemas de convivencia escolar.
Ante esta realidad, la ley no solo diagnostica, sino que entrega más y mejores herramientas a las comunidades educativas, dotándolas de un marco normativo con un enfoque formativo e integral que supera la lógica exclusivamente sancionatoria. Uno de los pilares más innovadores de esta ley es la creación del Programa de Bienestar Socioemocional Escolar. Este programa busca fomentar las habilidades socioemocionales de estudiantes desde tercero básico hasta tercero medio en establecimientos con subvención estatal.
Lo transformador de esta medida es que propone una reorganización de la Jornada Escolar Completa (JEC), permitiendo que el tiempo escolar se nutra de talleres deportivos, culturales y recreativos elegidos por las propias comunidades, devolviendo el sentido de desarrollo integral al espacio educativo. Esta ley, con todas sus aplicaciones, se suma a los múltiples esfuerzos que ya se desarrollan desde las comunidades educativas y a iniciativas que desde el territorio se han ido consolidando.
Entre ellas destacan la formación de mediadores escolares implementada en diversos puntos de la región con la colaboración de la Universidad de Magallanes y la Corporación de Asistencia Judicial; el despliegue del programa Habilidades para la Vida en distintas comunas y localidades; y las instancias de capacitación en Justicia Restaurativa que han sido acogidas por diversas escuelas con el respaldo de C-LIDER, y que serán retomadas durante el presente año. Estas acciones reflejan un compromiso colectivo y sostenido por fortalecer ambientes seguros, respetuosos y formativos para todas y todos. Por otra parte, la ley establece estrategias de bienestar fundamentales para los funcionarios de escuelas, docentes y asistentes de la educación.
Por primera vez, se actualiza la Ley General de Educación para reconocer explícitamente el derecho de los y las trabajadoras a desempeñarse en espacios seguros y libres de toda forma de violencia, resguardando su integridad física y psicológica. Además, se establecen protocolos obligatorios contra el acoso sexual y laboral, alineados con estándares internacionales como el Convenio 190 de la OIT.
Es importante destacar que esta ley es también fruto del diálogo social, siendo una iniciativa que forma parte de la agenda conjunta de trabajo con el Colegio de Profesores y Profesoras; de igual manera el proyecto recoge recomendaciones de diversas mesas técnicas y consejos de reactivación donde han participado múltiples actores del sistema.
Esta ley también fortalece la gestión interna estableciendo de manera obligatoria la figura del Coordinador o Coordinadora de Convivencia con dedicación exclusiva y jornada completa en los establecimientos que reciben aportes del Estado, asegurando que el bienestar no sea una tarea secundaria, sino una prioridad de gestión. Asimismo, se robustece el rol de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad para acompañar preventivamente a las escuelas. Al fortalecer la convivencia educativa, avanzamos decididamente hacia la mejora del sistema escolar en su conjunto.
Esta ley no solo entrega nuevas herramientas, sino que establece una verdadera garantía para cada comunidad educativa del país, asegurando que estudiantes, docentes y trabajadores de la educación cuenten con espacios que cuidan, protegen y promueven un clima cotidiano de respeto y sana convivencia.
Se trata de un compromiso que trasciende la normativa y se proyecta en el quehacer diario de nuestras escuelas, reafirmando que una educación integral y de calidad solo es posible en entornos seguros, acogedores y formativos para todas y todos. Autor: Valentín Aguilera Seremi de Educación.