Autor: César Cepeda Díaz

Royalty minero
Royalty minero Señor Director: Cuando la ley del royalty minero fue aprobada muchos celebraban porque entregaba la ventana de oportunidad perfecta para dar solución a los problemas reales de la ciudadanía de regiones mineras. Según un reportaje de CIPER Chile, la Municipalidad de Iquique recibió $454 millones en fondos del Royalty Minero. De ese total, $424 millones (93% de los fondos) fueron destinados al pago de sueldos de funcionarios municipales. Esto mientras el hospital de Iquique estaba colapsado y con déficit estructural para seguir entregando atención, de hecho, tuvo que ser rescatado con fondos del gobierno regional. La ley no exige que los municipios rindan o justifiquen en qué son gastados esos fondos, solo que sea informado. Los organismos fiscalizadores no tienen atribuciones reales para fiscalizar ni determinar si el gasto tiene sentido o no. El resultado fue tan trágico como evidente: el dinero se esfumó, y el beneficio tan esperado y anhelado por la ciudadanía jamás llegó. Iquique no es un caso aislado. A nivel nacional, el 44% de los municipios ni siquiera cumplió con el deber básico de reportar cómo usó estos recursos. Y donde sí se informó, solo el 37% de los fondos fue a inversión real. La promesa del Royalty era transformar los territorios. Lo mínimo que merecemos los iquiqueños es transparencia, rendición de cuentas y obras concretas. No el presupuesto operacional del municipio disfrazado de desarrollo. Esta semana, el gobierno realizó un nuevo pago del Royalty Minero a más de 300 comunas del país. Esperamos que Iquique esta vez priorice lo que realmente importa. Autor: César Cepeda Díaz.