COLUMNAS DE OPINIÓN: La prisión preventiva y la ley de agenda corta en seguridad
COLUMNAS DE OPINIÓN: La prisión preventiva y la ley de agenda corta en seguridad Una preocupación importante del último año en materia de seguridad ha sido el sobrepoblamiento de nuestras cárceles. En 2024, Gendarmería reportó que 20 mil de los 55 mil individuos en prisión estaban esperando un juicio. Esto equivale a 105 individuos por 100 mil habitantes, el segundo más alto entre los países de la OCDE, después de Estados Unidos.
En teoría, la prisión preventiva es una medida cautelar que no debiera evaluar la culpabilidad de una persona, sino facilitar que el juicio llegue a puerto debidamente y, en casos graves, evitar exponer a la sociedad a un riesgo considerable de victimización. Pero, ¿cuánto afecta recibir una prisión preventiva en el resultado final del juicio? Esta pregunta motivó una investigación reciente que desarrollamos con datos de Chile. Para evaluarla empíricamente identificamos casos estadísticamente comparables donde se asignó la prisión preventiva en contraste con otros casos donde no fue asignada.
Utilizando técnicas econométricas modernas que permiten aislar el efecto de la prisión preventiva, encontramos que, en promedio, esta aumenta la probabilidad de condena de 53% a 74%. En un estudio similar, en Nueva York, Dobbie et al. (2018) encontraron que la prisión preventiva aumentó la probabilidad de condena de 58% a 72%. Los autores de ese estudio sugieren que la capacidad de negociación del fiscal, un rasgo sobresaliente del sistema de justicia de EE.UU., podría jugar un rol en la magnitud del impacto de la prisión preventiva.
Al comparar ambos países, resulta interesante notar que, aunque en el caso chileno se ha buscado limitar instancias de negociación durante el juicio, el impacto de la prisión preventiva sea incluso proporcionalmente mayor que en EE.UU. Si bien nuestra investigación no es concluyente respecto de estas diferencias, decidimos examinar, además, si algunos cambios que incorporan mayores herramientas de negociación se tradujeron en un impacto aún mayor de la prisión preventiva. Para ello pusimos atención a la denominada ley de agenda corta, aprobada a mediados de 2016. En ese entonces la seguridad era también la primera prioridad en materia de políticas públicas. Esta reforma tuvo múltiples componentes y, entre otros, buscaba la aplicación efectiva de las penas establecidas y persecución penal de los delitos relacionados con el robo. Esto se tradujo, principalmente, en un aumento en las sanciones y cambios en el Código Procesal Penal para este tipo de delitos.
Luego de ser aprobada la ley, encontramos un aumento adicional del impacto de la prisión preventiva en la probabilidad de ser condenado por los delitos relacionados con robo --aquellos que habían sufrido modificaciones--. A su vez, no encontramos cambios relevantes para los otros tipos de crimen que no fueron incorporados en la reforma. En otras palabras, la ley de agenda corta aumentó el impacto de la prisión preventiva sobre la probabilidad de ser condenado. Qué proporción del aumento de la población penal se podría atribuir al endurecimiento de esta medida cautelar es difícil de despejar con exactitud. Nuestra investigación sugiere que al alterar el impacto de la prisión preventiva se ha puesto también mayor presión al sistema penitenciario. Por ello, un cambio de este tipo requiere ser examinado con detención. El sistema de justicia, como tal, debe balancear adecuadamente múltiples objetivos para ser efectivo y preservar su legitimidad. Un mayor debate sobre el alcance de esta importante institución de nuestro sistema de justicia es necesario.
La prisión preventiva y la ley de agenda corta en seguridad "... tras ser aprobada la ley de agenda corta (2016), encontramos un aumento adicional del impacto de la prisión preventiva en la probabilidad de ser condenado por los delitos relacionados con robo... ". PATRICIO DOMÍNGUEZ Espacio Público y Escuela de Ingeniería Universidad Católica LEOPOLDO LAZCANO Stockholm University.