El Estado demanda nuevas funciones a las empresas ante la mayor inseguridad pública
El Estado demanda nuevas funciones a las empresas ante la mayor inseguridad pública Uno de los sectores con alta experiencia en medidas de seguridad contra delitos es el forestal. Ataques incendiarios y robos de madera suelen afectarlo. La industria forestal opera en el sur bajo estado de excepción. Por ello, cada 15 días el rubro mantiene reuniones de coordinación con autoridades civiles, militares y policiales.
Así se definen, por ejemplo, las zonas productivas que requieren mayor protección, pues se realizan cosecha de árboles y transporte de madera, explica Antonio Soto, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. A ello se añaden medidas internas de las empresas para protegerse. Estas van desde protocolos de seguridad ante ataques, reforzamiento en controles de accesos a predios, vigías, maquinaria con GPS y cese de labores en horarios nocturnos, lo que merma la productividad, señala Soto. Por otra parte, solo el combate y prevención de incendios forestales --la mayoría intencionales-implica un costo para el sector de US$ 2.000 por hectárea.
FORESTALES: Coordinación por estado de excepción en el sur y medidas internas Debido a las grandes cantidades de dinero en efectivo que manejan, para las instituciones financieras siempre ha sido prioridad invertir en seguridad, por lo que han buscado implementar medidas de resguardo que van más allá de las exigencias mínimas de la ley, dice una fuente de la industria bancaria.
Esta situación ha resaltado aún más en las últimas semanas, ya que se han vuelto a registrar robos de cajeros automáticos mediante el método de saturación por gas, en máquinas que no contaban con el sistema de entintado de billetes, como el caso ocurrido en el barrio Meiggs. Según el decreto que regula las medidas de seguridad de los cajeros automáticos, no es obligatorio para los bancos implementar este mecanismo disuasivo. BANCOS vuelven a enfrentar robo de cajeros automáticos tiene una cierta respuesta en la nueva Ley de Delitos Económicos.
Rodrigo Guerra, académico de la Facultad de Derecho de la U. de los Andes, cree que esta norma aclara ciertas exigencias sobre los riesgos delictivos que una empresa debería considerar, pero también establece que no deberían responder por todo. "Se requiere que estos delitos (como lo sucedido en el Open Kennedy) sean resultado de un defecto de organización, es decir, que la empresa no cumpla con sus deberes de dirección y supervisión y, asimismo, estos defectos sean inherentes a su modelo de negocio", explica. Según los concesionarios a cargo de las autopistas, el gasto en equipos y vigilancia suma $1.400 millones.
HÉCTOR ARAVENA V igilancia, blindajes, nuevas tecnologías y atención a víctimas son solo algunas de las inversiones a las que el sector privado ha tenido que adaptarse para resguardar sus servicios y operaciones en un contexto de mayor criminalidad. Este escenario conlleva también un incremento de costos.
Según una medición realizada por Clapes UC en torno a la década terminada en 2022, el gasto del país a causa de la delincuencia aumentó un 50% en ese período, hasta alcanzar un 2,1% del PIB, equivalente a unos US$ 6.321 millones.
De ese total, "el sector privado ha sido el que ha concurrido en mayor proporción a financiar ese incremento", precisa el investigador Leonardo Hernández, coautor del estudio y también académico de la Escuela de Administración UC. Este aumento del gasto y los esfuerzos en prevención tensan la relación entre empresas y el sector público. Algunos califican esta mayor demanda del Estado como una "privatización" de la seguridad pública, porque se difumina la responsabilidad que le asiste al Estado en garantizar el orden público.
Un ejemplo reciente es el cierre de una farmacia Salcobrand en La Cisterna ordenado por la Dirección del Trabajo, que tras una serie de asaltos consideró que no había un correcto resguardo del "riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores". Otro caso corresponde al oficio del Sernac al centro comercial Open Kennedy por la venta de artículos falsificados en uno de sus locales. Es importante "conocer cómo se está previniendo que un hecho así vuelva a suceder", dijo la entidad pública.
El fenómeno de la inseguridad pública ha permeado los centros hospitalarios: "(Hay que) tener vigilantes como en cualquier banco, que tienen un efecto disuasivo y, si ocurre algo, pueden controlar de alguna manera", propuso la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
La tensión por la demanda estatal y la tercerización de sus responsabilidades en los privados El Estado demanda nuevas funciones a las empresas ante la mayor inseguridad pública EQUIPO EYN ACCIONES ANTE ROBOS, VANDALISMO Y HASTA FALSIFICACIONES: Con costos que suman en torno a 2,1% del PIB, los privados ven un traspaso de funciones desde el sector público cada vez mayor, reflejado en mayores exigencias de entidades como la DT y el Sernac.
Desde agosto de 2022, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y sus autopistas urbanas asociadas son parte de la mesa de seguridad público-privada junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Subsecretaría de Prevención del Delito, policías y otros organismos.
En ese contexto, el presidente de Copsa, Leonardo Daneri, afirma que las concesionarias han actualizado y reforzado el equipamiento tecnológico de las rutas. "Esto se ve en nuevas cámaras con tecnología de última generación diseñadas para detectar la patente y el modelo de los vehículos en tránsito, información transparentada en línea con Carabineros, PDI y la Fiscalía; nuevas y mejores zonas de iluminación, salas de control optimizadas, donde se encuentra un carabinero las 24 horas del día". Daneri señala que las empresas han invertido más de $1.400 millones en equipamiento desde el inicio del programa. Además, a partir de agosto de 2023 rige el protocolo de atención a víctimas de delitos en autopistas, que se ha aplicado en 126 casos.
CONCESIONARIAS viales invierten $1.400 millones en equipos y cámaras La Cámara de Centros Comerciales salió al paso de las exigencias que hizo el Sernac a Open Kennedy por productos falsificados, y subrayan que el rol de los privados para este tipo de casos queda claro en la legislación. "El Estado cuenta con las facultades y los recursos para accionar la gran cantidad de revisiones que se aplican desde el punto de vista sanitario, impositivo, laboral, aduanero, etc. Los operadores de nuestro sector y el comercio en general, trabajan y realizan múltiples esfuerzos por la calidad de su oferta, pero no tienen facultades fiscalizadoras ni menos investigativas. Los límites son bien claros", detalla Katia Trusich, presidenta del gremio.
No obstante, considera también que la crisis de seguridad requiere una mayor recepción de las autoridades a la colaboración con privados: "Detectamos lentitud del sector público para avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías como el reconocimiento facial.
En el mundo privado, existen las capacidades instaladas, la experiencia y la voluntad para colaborar en pro del enorme desafío que representa la seguridad". CENTROS COMERCIALES remarcan que no tienen facultad para investigar Aunque los gremios del comercio creen que la colaboración con las autoridades es fundamental, dicho espacio "debe ocurrir sin que esto signifique un nuevo gravamen en la actividad económica que desarrollamos", sostiene el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio.
Cuenta que los locatarios han tomado, en promedio, siete medidas de resguardo según encuestas internas, y que "lo más preocupante es el desplazamiento de la confianza, que ahora se deposita más en la cooperación entre vecinos y locatarios de un mismo barrio comercial que en las autoridades". A su vez, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, cree que hay un déficit del Estado en garantizar el orden necesario para la actividad privada, "que se hace especialmente visible con la proliferación de delitos durante horarios de apertura del comercio, con turbazos en formatos como supermercados y farmacias y robos planificados por bandas organizadas (y numerosas) en centros comerciales". TURBAZOS Y ROBOS PLANIFICADOS: Los retos del comercio El robo de cables es un delito que ha ido al alza en los últimos años, en directo perjuicio de sectores que operan con dicha conectividad.
El director ejecutivo del gremio de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, sostiene que lo más preocupante es el efecto negativo en el suministro y que, "claramente, es un tema que las empresas no pueden resolver solas y en el que se requiere avanzar en una ley que equipare este delito al robo de madera, de modo de contar con mejores herramientas de persecución". Asimismo, el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, asegura que "aunque las redes de cobre han disminuido debido al avance de la fibra óptica, el vandalismo y los robos de cables, baterías de respaldo, tableros eléctricos y cualquier otro material que se pueda vender persisten". En este sentido, cuestiona que por las inversiones del sector en medidas de prevención, la recuperación de infraestructura y el descuento a clientes por la interrupción de servicio, "en muchos ámbitos, la seguridad ha dejado de ser un bien público y ha pasado a ser un bien privado". INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS preocupa a sector telco y eléctrico Para el sector minero, la ubicación de las faenas y operaciones en sectores despoblados implica una dificultad adicional en materia de seguridad y también limita la respuesta policial. "Esto ha obligado a las empresas a invertir mucho dinero en controles como alarmas, cercos perimetrales, patrullajes nocturnos, vigilancia con drones", relata Cristián Argandoña, vicepresidente de Sonami.
Entendiendo esas complejidades, el dirigente apunta a un rol más activo del Estado en materia de prevención: "Nadie roba cátodos de cobre para tenerlos guardados y, en ese punto, cuesta entender que no haya una labor de inteligencia más potente que permita cortar esas cadenas de reducción". Desde un punto de vista similar, en términos de vigilancia, el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, cree que debería haber un esfuerzo adicional cuando se trata de proyectos estratégicos: "Obligar a las empresas mineras a tener vigilantes privados armados tendría muchos efectos negativos.
Desde ya, aumentaría el riesgo de accidentes y muertes a causa de armas de fuego". ROBO DE COBRE: Minería pide más inteligencia contra mercado negro En términos generales, desde Sofofa sostienen que, en el contexto actual, es relevante precisar que el Estado es el responsable de la seguridad y el orden público, y el secretario general del gremio, Rodrigo Yáñez, advierte que "esta responsabilidad no se debe traspasar al sector privado". Más allá de los esfuerzos que hacen las empresas por sus trabajadores y clientes, añade que "la colaboración entre el sector público y privado en esta materia es constructiva, pero cualquier esfuerzo adicional del sector privado debe complementarse con un compromiso real del Estado para abordar las causas de la inseguridad". En este sentido, creen que el caso del Sernac con Open Kennedy es un ejemplo que presenta un "precedente complejo", en cuanto a las atribuciones del organismo: "Por una parte, la detección, fiscalización y decomiso de productos falsificados es claramente responsabilidad de la autoridad, mientras que la comercialización de este tipo de productos es de exclusiva responsabilidad del proveedor", explica. SOFOFA Y ROL PRIVADO : "No se debe traspasar responsabilidad".