EDITORIAL: Reajustes "misceláneos"
EDITORIAL: Reajustes "misceláneos" ¿ Qué tienen en común normativas tan controvertidas como la que dio paso a la discusión sobre triestamentalidad en la Universidad de Chile, la que estableció la jubilación obligatoria para los funcionarios del Estado mayores de 75 años o la que postergó las exigencias para ingresar a programas de Pedagogía? Poco, pero todas ellas fueron aprobadas como parte de alguna ley de reajuste de remuneraciones del sector público, pese a su escasa relación con esta última materia. Producto de ello, su discusión fue apresurada y en muchos casos quedaron fuera del radar de la opinión pública y de los propios afectados. Eso fue, desde luego, lo que o c u r r i ó c o n l a norma sobre los mayores de 75 años.
Parte de un acuerdo alcanzado el año pasado entre el Gobierno y los gremios del sector público, se la aprobó entendiéndola como una medida que favorecería la modernización del empleo público y que beneficiaría con planes de retiro a sus trabajadores. Sin embargo, pocos repararon en el impacto que tendría, por ejemplo, en las universidades del Estado, al obligarlas a prescindir --a partir de 2027-de académicos destacadísimos y plenamente vigentes en su trabajo. Fue meses después de su aprobación cuando el decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, advirtió el problema y encendió la alerta, generando una controversia que sigue abierta. En el caso de los estatutos universitarios, prácticamente desapercibido pasó, hace dos años y medio, el artículo 60 de la ley que fijó el reajuste para 2023. Dicho artículo --completamente ajeno al título de la ley-facultó al Presidente de la República para ajustar los estatutos de las universidades del Estado en virtud de las propuestas de modificación que estas le hicieran.
Meses después, conforme con esta disposición, el mandatario, a propuesta de las autoridades del plantel, promulgó el decreto que reformó el estatuto de la Universidad de Chile e incluyó la integración de estudiantes y funcionarios en los consejos académicos de cada facultad. A partir de ello fue que hace algunos días el Senado universitario aprobó la fórmula específica en que esto se concretará.
Junto con la polémica que el fondo de la medida ha provocado, también se han levantado voces académicas cuestionando el que se hubiera aprovechado una norma de la ley de reajuste para impulsar tan significativo cambio. Pero aunque estos han sido algunos de los ejemplos más comentados, distan de ser los únicos casos.
Durante los últimos años una variedad de otras materias han sido abordadas dentro de las respectivas leyes de reajuste, sin tener, en rigor, ninguna relación con ellas, desde la referida postergación de las exigencias para estudiar Pedagogía hasta cambios en las leyes de casinos, concesiones de obras públicas o el Código de Aguas.
Con ello, los reajustes se han transformado en una suerte de leyes misceláneas, que a veces superan el centenar de artículos, al ser usadas cada año por los gobiernos para abordar con rapidez toda clase de asuntos que no han podido sacar adelante de otra manera.
Esta técnica legislativa despierta atendibles reparos entre especialistas, pero debiera también ser motivo de preocupación en la ciudadanía, en la medida en que materias de alta relevancia terminan siendo objeto de una suerte de discusión exprés que no se compadece ni con su complejidad ni con el amplio debate público del que debieran ser objeto. El uso que se está haciendo de estas leyes debiera encender alertas. Reajustes "misceláneos".