El fuego consumió colegio, no derechos
El fuego consumió colegio, no derechos V einte años de arraigo comunitario en el sector de La Colonia se redujeron a escombros humeantes. La destrucción total del Colegio Bicentenario de Alerce no es solo la aniquilación de infraestructura local, sino un golpe directo al corazón educativo de 267 familias. A escasos días de que la campana marque el inicio del año escolar, el panorama resulta desolador y exige respuestas inmediatas. El desafío excede la mera cuantificación de daños materiales o el debate jurídico sobre la liberación de los adolescentes imputados. Hoy, la prioridad recae en garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes que cursan desde prebásica hasta octavo básico. Las declaraciones del seremi de Educación, quien argumenta la imposibilidad de inyectar fondos directos por tratarse de un recinto particular subvencionado, responden a un marco legal innegable. La norma, sin embargo, no puede erigirse como una barrera insalvable frente a una emergencia de tal magnitud.
El Estado, como garante final del acceso a la enseñanza, tiene la obligación de agotar todas las vías administrativas para evitar que esta matrícula engrose las listas de deserción, en particular luego de la pandemia que agudizó este fenómeno de abandono y ausentismo de las aulas por parte de los adolescentes y jóvenes. La experiencia demuestra que la voluntad política logra doblegar los formalismos.
El precedente de Ancud, donde se traspasaron dependencias de un establecimiento público en desuso a un sostenedor en apuros tras una tragedia similar, traza la hoja de ruta idónea. ¿Cuenta hoy Puerto Montt con recintos ociosos que podrían adaptarse temporalmente, por ejemplo? Hoy se requiere un catastro urgente y una articulación veloz entre el ministerio, el municipio y la administración privada afectada. Las trabas burocráticas no sirven de consuelo para un estudiante sin pupitre. Las autoridades regionales y locales enfrentan una prueba de fuego sobre su capacidad de gestión en crisis.
La reubicación íntegra de la comunidad del Colegio Bicentenario debe resolverse antes del inicio de marzo, demostrando que el derecho a aprender pesa más que cualquier legajo administrativo.. A días de iniciar clases, 267 familias de La Colonia dependen de la voluntad política para asegurar la escolaridad. E Editorial