La inversión en infraestructura
La inversión en infraestructura T E M A S E C O N Ó M I C O S La interrupción del servicio de energía en la mayor parte del país, ocurrida el pasado martes, visibilizó algunos de los enormes desafíos que enfrentamos en materia de inversiones en sectores estratégicos. En términos generales, estamos frente a un retraso acumulado en materia de inversión a nivel nacional, en el que la actual administración tiene responsabilidades. El análisis de sectores específicos permite profundizar en algunas de las más apremiantes circunstancias que enfrentará el país durante la próxima década. En la construcción, por ejemplo, uno de los sectores que históricamente fueran una fuente de crecimiento y empleos, las cifras dan cuenta de una situación crítica. De acuerdo con el último estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC, enero 2025), la inversión en infraestructura experimentó una variación de -0,1% durante 2024, profundizando la caída de 0,8% reportada en 2023. En esta oportunidad, una expansión de 3,8% de la inversión pública contuvo el menor dinamismo observado en la inversión productiva, que experimentó un derrumbe de 4,4% el año pasado. Un flujo de proyectos desde las concesiones estaría tras la buena cifra generada desde el sector público. En efecto, la CChC estima que en 2024 se movilizaron recursos en el área de concesiones por US$ 730 millones, muy por sobre los US$ 670 millones de 2023 y US$ 632 millones del 2022.
En perspectiva, sin embargo, estas cifras representan una fracción de las inversiones de este tipo observadas durante parte de la década anterior (en 2017 alcanzaron US$ 881 millones). Las implicancias sociales del retraso en inversiones en la construcción son directas.
Si bien la inversión pública en vivienda aumentó en 2024, la privada cayó un 7,7% (en 2023 había bajado otro 2,5%), lo que determinó una merma en la inversión agregada de un 2,9%. El mercado inmobiliario, por su parte, continúa fuertemente deprimido. Entre 2022 y 2024, la venta anual de viviendas se encuentra en torno a las 40.000 unidades, lejos del promedio histórico de 58.000. Si bien las proyecciones de la CChC para 2025 son más optimistas, será necesario observar la evolución de las cifras. La inversión en infraestructura La ausencia de una nutrida agenda de inversiones contribuye al estancamiento presente y futuro de nuestra economía. No solo la burocracia estatal tiene responsabilidad en esto, también lo que se ha configurado como una visión hostil frente a la actividad privada por parte del Gobierno. El caso de la energía La transformación de la capacidad instalada de generación eléctrica del país es uno de los fenómenos más importantes de nuestro modelo económico durante la última década. Solo a modo de ilustración, mientras en 2013 no existía generación relevante asociada a fuentes solares, en 2023 cerca de un 26% de la capacidad bruta nacional provino de esa fuente. Este proceso se produjo de la mano de inversiones que aprovecharon el cambio tecnológico y una institucionalidad que ofreció condiciones y certeza jurídica para el desarrollo de proyectos estratégicos. Sin embargo, es posible constatar una baja en el dinamismo en las inversiones en el sector eléctrico durante los últimos años.
Así, incluso antes de conocer el detalle y resultados de las investigaciones tras la interrupción eléctrica de esta semana, distintas visiones técnicas han sugerido que la fragilidad del sistema puede estar asociada a los desincentivos o lentitud en el desarrollo de inversión en el sector. El análisis de las cifras del Sistema de Evaluación Ambiental permite brindar una justificación técnica a dicha posibilidad. En efecto, el análisis detallado de los proyectos de energía de las dos últimas administraciones permite identificar un cambio relevante en la tendencia.
En particular, mientras en los tres primeros años de la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera (2018-2020) el número de proyectos que fueron presentados y luego aprobados llegó a 478, la cifra comparable --es decir, proyectos presentados y que luego fueron aprobados-alcanza solo a 233 bajo la administración del Presidente Boric (2022-2024), lo que representa una caída de un 52%. En cuanto a los montos de estas inversiones, los proyectos presentados y posteriormente aprobados entre 2018-2021 movilizaban recursos por más de US$ 20.000 millones. Por su parte, durante los últimos tres años la cifra de proyectos presentados y aprobados no alcanza los US$ 15.200 millones. Diversos especialistas han ubicado en el centro de las razones de este menor dinamismo a la tediosa burocracia asociada al análisis y eventual aprobación de los proyectos de inversión.
A modo de ejemplo, de acuerdo también con los datos del SEA, el promedio de días totales de tramitación de estas iniciativas ha experimentado un claro aumento: 303 días en 2019,324 en 2022, para llegar a los 384 en 2024. El lento avance del crítico proyecto Kimal-Lo Aguirre, que busca descongestionar y trasladar energía desde el norte al centro del país, ilustra el punto con particular crudeza. Frente a estas tendencias, la posibilidad de avances en el proyecto que busca recortar la permisología es una fuente de optimismo. Sin embargo, será necesario evaluar con detención el real impacto que tendría la aprobación de esta agenda. Esto pues, a pesar de nuestro potencial en el desarrollo de energías renovables, no es el retraso en los procesos de permisos el único escollo para la atracción de inversiones en este sector. Una deficiente infraestructura de transmisión energética y retrasos en el desarrollo de proyectos de inversión en, por ejemplo, materia portuaria, podrían afectar nuestra competitividad global.
Pero más allá de proyectos específicos para acelerar y atraer inversiones, la visión de las autoridades respecto de la importancia de fomentar la actividad privada debe estar en el centro de una agenda para mejorar nuestra infraestructura.. - - -