“El cambio ocurre cuando se alinean ciencia, sector productivo e instituciones”
“El cambio ocurre cuando se alinean ciencia, sector productivo e instituciones” En las discusiones globales sobre biodiversidad y economía, Chile rara vez ocupa el centro de la mesa. Los informes internacionales suelen construirse con abundante evidencia del hemisferio norte, mientras que la realidad ecológica y productiva del sur del planeta queda, muchas veces, en segundo plano. Así lo afirma la doctora en ecología Olga Barbosa, directora alterna del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y directora del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello.
Cuando fue seleccionada para integrar el equipo internacional que elaboró la más reciente evaluación del IPBES el panel científico que asesora a los gobiernos del mundo sobre biodiversidad, asumió el rol con la convicción de llevar esa mirada latinoamericana a una conversación dominada por otras realidades. “No es llegar y sentarse en estas mesas. Hay que postular, competir con investigadores de todo el mundo y tener un currículum sólido. Pero también implica ir con la camiseta puesta por tu país y tu región”, cuenta. Fueron tres años de trabajo con especialistas de distintas disciplinas y representantes de grandes corporaciones globales para analizar un tema cada vez más urgente: la relación entre la economía y la biodiversidad. Lo que el informe plantea, en esencia, es un giro conceptual potente. Durante décadas, el debate se ha centrado en cuánto daño causan las actividades económicas a la naturaleza. La evaluación propone ir más allá y reconocer que los negocios dependen de sistemas naturales que no pueden controlar. “Es un cambio de paradigma muy profundo”, dice la investigadora.
“Pasamos de la idea de que la naturaleza es la base de la economía a la evidencia concreta y a las acciones basadas en esa evidencia”. EN LA MISMA MESA Para Barbosa, uno de los aspectos más desafiantes del proceso fue el tipo de diálogo que implicó el informe. A diferencia de otras evaluaciones científicas, esta reunió en igualdad de condiciones a académicos, representantes de la industria y actores del sistema financiero. En su grupo de trabajo, por ejemplo, participaron representantes de multinacionales como TotalEnergies, conglomerados industriales como Tata Group y entidades financieras como Crédit Agricole. “No era solo un desafío técnico. En esas discusiones también aparecen agendas, intereses y visiones ADIDEC distintas del mundo y eso obliga a aprender a conversar en otro lenguaje”, recuerda. El equipo tenía una misión particularmente compleja, que fue identificar las acciones que las empresas pueden adoptar hoy para transformar su relación con la biodiversidad. Eso implicó ir más allá del impacto que generan en el entorno y adentrarse en sus dependencias de la naturaleza, un ángulo que suele quedar fuera del radar. La agricultura es el ejemplo más evidente. Sin polinización, la producción de alimentos simplemente no existe. Pero lo mismo ocurre con otros procesos naturales que sostienen cadenas productivas completas, desde la regulación del uso del agua hasta la estabilidad de los suelos, detalla. La experiencia de Barbosa trabajando con la industria vitivinícola chilena muestra que esa transformación es posible.
Durante casi dos décadas de colaboración entre científicos y empresas, más de 25 viñas han decidido conservar cerca de 42 mil hectáreas de bosque nativo esclerófilo en sus propios predios, uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.
“El cambio ocurre cuando la ciencia, el sector productivo y las instituciones se alinean”, afirma, agregando que hoy ese tipo de iniciativas comienza a expandirse hacia otros sectores productivos, desde la olivicultura hasta la minería o las energías renovables. EL DESAFÍO CHILENO Para países como Chile, esta discusión adquiere una dimensión especialmente sensible. En medio del debate sobre la “permisología”, Barbosa cree que el desafío no está simplemente en reducir o aumentar regulaciones, también en comprender mejor cómo los ecosistemas sostienen la propia actividad económica. “La oportunidad en Chile es tremenda”, sostiene. “Nuestra economía está basada en materias primas y procesos naturales. Si no entendemos esas dependencias, nuestra economía se vuelve mucho más vulnerable”, añade. El tema adquiere aún más relevancia en el contexto de la transición energética y la creciente demanda global por minerales críticos, como el litio y el cobre.
El reciente acuerdo firmado entre Chile y Estados Unidos para fortalecer el desarrollo de estas cadenas de suministro refleja ese interés estratégico, pero también abre nuevas preguntas sobre cómo compatibilizar crecimiento económico y protección de los ecosistemas. Para la investigadora, el problema es que estas discusiones suelen abordarse por separado. “Seguimos enfrentando como temas distintos crisis que están completamente conectadas.
Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación forman parte de un mismo sistema, y las decisiones económicas que se tomen hoy, desde la regulación ambiental hasta los nuevos proyectos extractivos, tendrán efectos directos sobre ese equilibrio”, advierte. A pesar de los riesgos, Barbosa ve razones para el optimismo. En distintos sectores productivos ya existen experiencias que muestran que integrar la biodiversidad en la gestión empresarial es posible y absolutamente rentable. “El sector privado tiene mucho poder en Chile y puede ser un agente de cambio muy importante”, afirma la ecóloga. Por eso, agrega, el desafío también pasa por que el país confíe más en su propia capacidad científica para avanzar en esta agenda: “Invertir en biodiversidad no es más caro.
Todo lo contrario, es probablemente la mejor inversión que podemos hacer”.. Durante tres años, la ecóloga participó en una evaluación internacional que reunió a científicos, empresas y expertos del sector financiero para analizar la relación entre biodiversidad y economía, un vínculo que hoy comienza a redefinir la forma de hacer negocios. GABRIELA ACEITÓN OLGA BARBOSA, DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SUSTENTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO: EL DESAFÍO CHILENO Para países como Chile, esta discusión adquiere una dimensión especialmente sensible. En medio del debate sobre la “permisología”, Barbosa cree que el desafío no está simplemente en reducir o aumentar regulaciones, también en comprender mejor cómo los ecosistemas sostienen la propia actividad económica. “La oportunidad en Chile es tremenda”, sostiene. “Nuestra economía está basada en materias primas y procesos naturales. Si no entendemos esas dependencias, nuestra economía se vuelve mucho más vulnerable”, añade. El tema adquiere aún más relevancia en el contexto de la transición energética y la creciente demanda global por minerales críticos, como el litio y el cobre.
El reciente acuerdo firmado entre Chile y Estados Unidos para fortalecer el desarrollo de estas cadenas de suministro refleja ese interés estratégico, pero también abre nuevas preguntas sobre cómo compatibilizar crecimiento económico y protección de los ecosistemas. Para la investigadora, el problema es que estas discusiones suelen abordarse por separado. “Seguimos enfrentando como temas distintos crisis que están completamente conectadas.
Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación forman parte de un mismo sistema, y las decisiones económicas que se tomen hoy, desde la regulación ambiental hasta los nuevos proyectos extractivos, tendrán efectos directos sobre ese equilibrio”, advierte. A pesar de los riesgos, Barbosa ve razones para el optimismo. En distintos sectores productivos ya existen experiencias que muestran que integrar la biodiversidad en la gestión empresarial es posible y absolutamente rentable. “El sector privado tiene mucho poder en Chile y puede ser un agente de cambio muy importante”, afirma la ecóloga. Por eso, agrega, el desafío también pasa por que el país confíe más en su propia capacidad científica para avanzar en esta agenda: “Invertir en biodiversidad no es más caro.
Todo lo contrario, es probablemente la mejor inversión que podemos hacer”. La chilena integró el equipo que elaboró la más reciente evaluación del IPBES, panel científico que asesora a los gobiernos del mundo sobre políticas de biodiversidad.