Autor: JUAN MARCOS HENRÍQUEZ, DR. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Cuando la ilegalidad amenaza con ser doctrina
Cuando la ilegalidad amenaza con ser doctrina La Carta de las Naciones Unidas establece que ningún Estado puede recurrir a la fuerza, ni amenazar con hacerlo, en contra de la integridad territorial o la independencia política de otro.
Es por ello que las declaraciones previas de Donald Trump y la intervención posterior en Venezuela, invocando el narcotráfico o la seguridad hemisférica, no sólo son jurídicamente ilegales, sino además incompatibles con el orden internacional y todos los países y organizaciones de Estados deben rechazar, condenar y tomar medidas. Siempre he planteado la idea que los países son soberanos y los pueblos definen su futuro. Pero cuando los tiranos o dictadores vulneran de manera sistemática la democracia y los derechos humanos, es deber de las Naciones Unidas y de la multilateralidad actuar de forma oportuna y eficaz. Y eso fue precisamente lo que no ocurrió en Venezuela. La comunidad internacional fue tardía, dividida y ambigua, permitiendo que una crisis política derivara en colapso institucional, emergencia humanitaria y migración masiva. Sin embargo, este fracaso no puede ser utilizado por EEUU como una excusa para legitimar la acción militar y la invasión al margen del derecho internacional.
El problema, sin embargo, no es sólo Trump sino además lo son las justificaciones y silencios cómplices sobre este tipo de intervenciones que no recibe un rechazo político claro y provocan la sensación que se puede instalar como un marco legítimo de acción, copiable por otras potencias. De esta forma las grandes potencias económicas y militares no necesitarán consenso para imponer su doctrina y les bastará el silencio, la ambigüedad o la neutralidad de la ONU, OTAN u OEA. Cuando la ilegalidad se normaliza, deja de ser anomalía y se transforma en precedente. Y los precedentes, en política internacional, casi nunca favorecen a los países medianos o pequeños. La idea de intervenir militarmente para "perseguir el narcotráfico" es amenaza para América Latina. Países como México, Colombia, Perú y Bolivia forman parte de una compleja cadena de cultivo, procesamiento y tráfico de drogas cuyo principal mercado es Estados Unidos. Convertir este fenómeno compartido de la cadena de tráfico en causal de intervención equivale a legitimar una tutela permanente sobre la región, lo cual no podemos aceptar.
Por algo, no es casual que Los Prisioneros nos cantaran que "Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos", lo cual más que consigna cultural es la expresión de una percepción constante que los gringos tratan nuestra región como patio trasero. Sin embargo, no hay que ser inocentes y Trump lo explicita en forma clara, lo más grave de la intervención es la extensión al control de recursos estratégicos. Las declaraciones de Trump sobre Groenlandia no son una excentricidad, sino la expresión sin tapujos de una visión donde la soberanía puede ser vulnerada ante el interés por espacios y recursos estratégicos. Si un territorio o un recurso es considerado clave, su independencia territorial y política pasa a segundo plano. América Latina conoce a sangre y fuego sobre esa doctrina, y Chile no está libre de riesgo. Chile tiene el litio y el cobre, ambos recursos estratégicos para la electromovilidad, por lo cual deberíamos preocuparnos por la acción de Estados Unidos. La consolidación de SQM como actor dominante, junto con su vinculación estructural con capitales chinos, ha sido presentada como una decisión técnica y pragmática para el beneficio y desarrollo del país. Sin embargo, en el contexto de rivalidad entre Estados Unidos y China, el litio y el cobre no son simples materias primas, son activos geopolíticos críticos. Administrarlos sin control público robusto y sin una estrategia de autonomía es abrir flancos innecesarios de presión externa. El Estado debe tener el control. En este escenario, preocupa seriamente la posibilidad de un gobierno de José Antonio Kast. No se trata sólo de nuestra mirada opositora, sino de un riesgo político concreto.
Su admiración explícita por el "orden" y la "mano dura" del trumpismo, su desconfianza hacia el multilateralismo y los organismos internacionales, y su enfoque militarizado frente al narcotráfico y la migración configuran un marco peligrosamente permeable a doctrinas de intervención y alineamiento subordinado a EEUU. Un gobierno chileno que relativice el derecho internacional y renuncie a la autonomía estratégica corre el riesgo de no defender la soberanía o a lo menos hipotecarla. Chile no puede actuar como si la geopolítica no existiera. Defender el derecho internacional hoy es un deber. El debilitamiento de las reglas de relaciones para un país como Chile es una amenaza real. En este contexto, el silencio y la inacción podría dejar de ser mesura diplomática y podría parecerse más a la complicidad. Porque cuando la ilegalidad se vuelve doctrina, mirar para el costado no es una opción. Autor: JUAN MARCOS HENRÍQUEZ, DR. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS. La columna de. ..