Autor: POR V. IBARRA Y P. MARCHETTI

Collahuasi pide aclarar fallo del Tribunal Ambiental que anuló permiso para proyecto por US$ 3.200 millones
Collahuasi pide aclarar fallo del Tribunal Ambiental que anuló permiso para proyecto por US$ 3.200 millones Collahuasi presentó un recurso de aclaración ante el Segundo Tribunal Ambiental para que se pronuncie respecto de los alcances de la ejecución de la sentencia dictada el pasado 14 de mayo sobre el proyecto -que lleva años en construcciónque busca extender la vida útil de la mina en 20 años con una inversión de US$ 3.200 millones.
La acción busca esclarecer "particularmente en relación a la continuidad de ejecución de aquellos aspectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que el fallo mantuvo vigentes y no fueron objeto de anulación". En su escrito, Collahuasi -controlada por Anglo American y Glencore, cada una con el 44% de la propiedadindicó que la sentencia acogió parcialmente una de las reclamaciones presentadas, "circunscribiendo sus observaciones a materias asociadas al sector Puerto Collahuasi y a componentes de medio humano y medio marino vinculados a la planta desaladora". Y añadió que la resolución determinó que los demás aspectos evaluados se mantienen vigentes.
Según fuentes de expertos, el estupor que genera el fallo se centra en que el Segundo Tribunal Ambiental hizo una interpretación inédita y distinta a la que se ha hecho con anterioridad respecto a la aplicación del artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para proyectos que han reconocido en su ingreso impactos sobre determinados grupos Tribunal que revocó RCA opera desde hace años con vacantes y sin dotación completa Santiago, cargo al que llegó tras desempeñarse como relatora del Primer Tribunal Ambiental.
En septiembre de 2025, dijo a DF que la falta de ministros ha generado "una sobrecarga de trabajo, retrasos y suspensiones de audiencias" y atribuyó la situación a "falta de prioridad política y de coordinación institucional". López, en tanto, es ministro suplente Licenciado en ciencias; ingeniero forestal de la U. de Talca y doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Fue gobernador de Coyhaique y, en 2024, subrogó al ministro Marcelo Hernández del Primer Tribunal Ambiental en el fallo que anuló de forma unánime el rechazo del Comité de Ministros a Dominga, resucitando el proyecto. Delpiano culminó su período de seis años en el tribunal en octubre pasado. Abogado de la U.
Diego Portales y doctor en Derecho por la U. de Salamanca, fue presidente del órgano en dos periodos y, ante la falta de ministros, llegó a interrumpir sus vacaciones para concurrir a la sede y permitir que las causas avanzaran.
El Segundo Tribunal Ambiental, que determinó revocar el permiso ambiental del megaproyecto de Collahuasi y retrotraer parcialmente el proceso de evaluación, desde 2020 no cuenta con su dotación completa de ministros y funciona con cargos vacantes. De los cinco ministros que debieran integrarlo (tres titulares y dos suplentes), hoy solo figuran la ministra Marcela Godoy Flores como presidenta (s) y jueza titular, y el ministro Cristián López Montecinos como suplente. Se suma a ellos, el exministro Cristián Delpiano Lira, quien fue el encargado de redactar la sentencia. Godoy, abogada y magíster en Derecho del Trabajo de la U. de Antofagasta, hizo historia en 2023 al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia del tribunal con sede en humanos indígenas. Se trata de un precedente que podría impactar e importar nuevos estándares para la evaluación ambiental de muchos proyectos en el futuro, enfatizan. Aunque han pasado apenas cinco días del crucial fallo, la sentencia de la justicia ambiental tiene grandes impactos en la compañía.
Y es que la gigante minera dio cumplimiento a la sentencia determinando la detención inmediata de la construcción y operación de la planta desaladora, que se encontraba en etapa de pruebas de sistemas y equipos, antes de su puesta en marcha, solo manteniéndose las acciones mínimas de mantención y seguridad.
Sin entregar cifras, pero que se estiman cuantiosas, la compañía precisó que "la paralización de los aspectos vigentes de la RCA tendría efectos ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos, al comprometer la continuidad de medidas de mitigación, compensación y monitoreo ambiental actualmente en ejecución, además de compromisos con diversas comunidades y organizaciones regionales". La minera, que aporta el 47% del PIB de la Región de Tarapacá, reiteró que la tramitación ambiental del proyecto se desarrolló en todo momento conforme a la normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente, criterio que fue ratificado en agosto de 2023 por el Comité de Ministros -presidido por la exministra de Medio Ambiente, Maisa Rojasal rechazar las reclamaciones presentadas por las mismas comunidades y representantes legales, que obtuvieron un pronunciamiento favorable del Tribunal Ambiental tras 800 días de tramitación judicial. "El proyecto cuenta con una RCA favorable obtenida en 2021, considera una inversión ejecutada de aproximadamente US$ 3.200 millones y su planta desaladora se encuentra en etapa final de construcción", dijo la empresa. Expertos del sector alertan que la instancia judicial cambió el criterio sobre participación ciudadana, alterando las reglas del juego. Autor: POR V. IBARRA Y P. MARCHETTI. La primera mujer presidenta de la judicatura con sede en Santiago, un exgobernador de Coyhaique y un exministro que trabajó en vacaciones son los abogados que revisaron el caso de Collahuasi. Expertos del sector alertan que la instancia judicial cambió el criterio sobre participación ciudadana, alterando las reglas del juego.