Absurdo educacional
Absurdo educacional Incluso en un país que empieza a acostumbrarse a lo insólito, todavía surgen noticias que desafían la capacidad de asombro. Es el caso de la denuncia que el Ministerio de Educación (Mineduc) presentó ante la Superintendencia del área contra un grupo de colegios santiaguinos... por hacer clases. La situación se remonta a las últimas elecciones municipales y regionales, efectuadas el 26 y 27 de octubre pasados. Como se sabe, numerosos establecimientos educacionales son utilizados en estos casos como recintos de votación. Ello significa una alteración de sus actividades normales, pues aunque la votación ocurre durante el fin de semana, es necesario habilitarlos previamente. Con tino, el Servicio Electoral procuró minimizar el imp a c t o d e e l l o s o b r e l a s actividades escolares. Así, ins-truyó que los establecimientos pudieran funcionar hasta las 14 horas del jueves 24, considerando que al menos durante la mañana era posible compatibilizar aquello con el inicio de los preparativos para la votación. Del mismo modo, estimó que, dado que el trabajo electoral terminaría la noche del domingo, ya el lunes 28 podría haber clases normalmente, más allá de que faltara retirar algún material, como casetas o urnas. Muy distinto fue el criterio del Mineduc. Este dictó su propio instructivo, ordenando la suspensión de clases desde el jueves el día completo y hasta el lunes 28 inclusive.
Al hacer notar el presidente del Servel que aquello difería de lo solicitado por el propio Servicio que, es de suponer, esquien mejor podría conocer las necesidades para el buen desarrollo de una votación, el ministro Nicolás Cataldo respondió categórico: “Cada cual tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde”. Tal cual: el Servicio Electoral preocupado de que no se perdieran demasiadas clases y el ministro del área reaccionando molesto por ello. Para fundamentarlo, se dio una explicación digna de nuestro burocratizado sistema. Según la autoridad, si no se dictaba la suspensión de clases por todos esos días, a los colegios que eventualmente enfrentaran algún problema para funcionar, no se les podría pagar la subvención. Es decir, en lugar de buscar atender las situaciones particulares que pudieran presentarse, el ministerio optó por la solución radical: si algunos no pueden, entonces que ninguno lo haga. Y para demostrar que esto iba en serio, ahora se recurre a laSuperintendencia, pidiéndole investigar el desacato en que habrían incurrido ocho establecimientos de la Región Metropolitana, seis particulares y dos subvencionados. Quiso el azar que todo esto se conociera en los mismos días en que se difundían los desalentadores resultados de los estudiantes chilenos en la última prueba Timms. Es probable que haya muchas explicaciones para el retroceso que esos resultados reflejan.
Como sea, ellos no debieran sorprender a nadie en un país en que el Ministerio de Educación denuncia a los colegios que hacen clases y en que hasta las autoridades electorales muestran mayor sensibilidad por evitar la pérdida de oportunidades de aprendizaje. La investigación que ha abierto la Superintendencia desafía la capacidad de asombro de los chilenos..