Autor: MACARENA CERDA M.
Ues privadas alertan que nuevos aranceles de gratuidad provocarían “grandes perjuicios”, con menos profesores e investigación
Ues privadas alertan que nuevos aranceles de gratuidad provocarían “grandes perjuicios”, con menos profesores e investigación Las universidades privadas adscritas a gratuidad podrían enfrentar una compleja situación financiera si no se revisa la propuesta de cálculo de los aranceles regulados.
Esa es la advertencia que representantes del sector han estado expresando desde hace meses, haciendo hincapié en que las proyecciones para 2026 indican que no se alcanzarían a cubrir los costos mínimos de operación en estas instituciones. Los aranceles regulados, monto que paga el Estado por cada alumno en gratuidad, se calculan según criterios técnicos que consideran aspectos como costos operacionales, duración real de las carreras y eficiencia institucional.
Sin embargo, mientras el promedio del sistema universitario alcanzaría una cobertura del 101,8%, según estimaciones de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), en los planteles que no pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCh) la cifra llega al 92,9%. La diferencia es significativa: más de $25.600 millones anuales quedarían sin financiamiento, según la CUP.
El centro de estudios Acción Educar es aún más pesimista en el cálculo: estima que la nueva regulación de aranceles para 2026 traería consigo una pérdida total de financiamiento de $37.000 millones para esas casas de estudio.
La merma, que equivale a una caída del 11,5% en la transferencia de gratuidad, contrasta fuertemente con las disminuciones observadas en universidades estatales y privadas del CRUCh, donde el impacto no superaría el 4%. Incluso al comparar instituciones con similar acreditación, la tendencia se mantiene: el arancel regulado de estas privadas cae un 3,5% en promedio, mientras que algunas estatales experimenta incluso leves alzas.
Según el análisis, Derecho sería una de las carreras con los recortes más drásticos a partir de 2026, el que estaría en torno al 20% en promedio, con un déficit de más de $1 millón por estudiante con gratuidad. “Afectará a los propios estudiantes” Juan Eduardo Vargas, rector de la U. Finis Terrae y exsubseLa CUP pidió una revisión urgente del modelo y alertó que aplicar esta fórmula al 60% restante de la matrícula con arancel regulado podría provocar un daño sistémico difícil de revertir. “Algunas universidades podrían llegar a quebrar” “Menos recursos significa menos calidad de los materiales que se usan para la infraestructura, o menos infraestructura derechamente. También una m e n o r c a p a c i d a d d e b e c a r alumnos de forma interna, o contratar docentes más competitivos. En ese sentido, por el lado de la docencia es una pérdida de calidad casi directa”, asegura Manuel Villaseca, investigador de Acción Educar.
El autor del cálculo, que cifra en $37.000 millones la pérdida anual para estas universidades, afirma que el impacto de esta disminución de recursos podría derivar en una profunda crisis y que, dado el déficit financiero, a largo plazo “incluso algunas universidades podrían llegar a quebrar”. Villaseca plantea que “lo más grave es que el Gobierno pretende extender este sistema de regulación arbitrario y discrecional al 90% de los estudiantes mediante el Financiamiento de la Educación Superior (FES), y eso representa la mayor amenaza que ha enfrentado la calidad de la educación superior chilena en años”. NOTA cretario de Educación Superior, sostiene que “los nuevos aranceles propuestos por la Subsecretaría de Educación Superior generarán grandes perjuicios para las universidades privadas adscritas a gratuidad (), lo que afectará directamente su calidad y, por extensión, a los propios estudiantes”. Y apunta: “Podría provocar no solo una ralentización en la contratación de profesores y menores recursos para investigación y vinculación con la sociedad, sino que de plano eventuales desvinculaciones de académicos y funcionarios, además del cierre de centros de investigación”. El rector de la U.
Central y presidente de la CUP, Santiago González, comenta que “este déficit estructural no solo es injusto frente a otros planteles que cuentan con aportes basales adicionales, sino que amenaza directamente la sostenibilidad y la calidad de la formación que entregamos a miles de estudiantes.
Es imperativo que se revise esta metodología antes de que el daño al sistema sea irreparable”. Señalan que fórmula generaría una brecha en ingresos superior a los $25 mil millones anuales:. Rectores aseguran que los menores recursos impactarán al sistema y a los alumnos, por lo que urgen al Ministerio de Educación revisar el mecanismo que se aplicaría a partir del próximo año.
Señalan que fórmula generaría una brecha en ingresos superior a los $25 mil millones anuales: GRATUIDAD. — La cobertura promedio del sistema es de más del 101%, según la CUP, pero en las universidades privadas fuera del CRUCh lle