Autor: Gayle MacLean Directora Área de Justicia y Prevención de Fundación Paz Ciudadana

Columnas de Opinión: Seguridad y presupuesto fiscal
Columnas de Opinión: Seguridad y presupuesto fiscal 1 oficio de Hacienda que instruye E ajustes y revisión de programas públicos abre una discusión que va más allá del equilibrio fiscal. La evidencia es robusta: recortar hoy en educación, salud y protección social, especialmente en población vulnerable, posterga y amplifica los costos de la violencia, la victimización y la respuesta penal que el Estado deberá asumir.
Sólo en la Subsecretaría de Prevención del Delito han quedado sujetos a la recomendación de ajustes o eventuales descontinuaciones cerca de $37 mil millones, orientados a prevención comunitaria, apoyo temprano, fortalecimiento territorial, atención a víctimas y seguridad municipal. A ello se suman revisiones en programas de educación, niñez y desarrollo social que cumplen funciones preventivas críticas.
La evidencia y experiencia comparada muestran que la permanencia escolar, el apoyo familiar, la salud mental y las redes de cuidado constituyen factores de protección decisivos frente a trayectorias de violencia, consumo problemático, reclutamiento y posterior contacto con el sistema penal. El punto crítico no radica en si los programas deben ser evaluados o reformulados, lo que evidentemente resulta indispensable, sino en el criterio con que se deciden los ajustes. Cuando la lógica predominante privilegia resultados inmediatos y visibles, se corre el riesgo de debilitar aquellas intervenciones cuyos efectos, aunque menos inmediatos, son estructuralmente más relevantes. A ello se suma un problema de gobernanza. La prevención del delito es resultado de la interacción entre educación, salud, desarrollo social, justicia y gobiernos locales. Ajustes presupuestarios fragmentados tienden a debilitar la efectividad del conjunto. Los sistemas más exitosos en seguridad son aquellos que logran coordinar estas dimensiones bajo una estrategia común, con metas compartidas y mecanismos de seguimiento claros. Avanzar en esa dirección exige algunas definiciones concretas. Primero, reconocer explícitamente que la prevención temprana es parte integral de la política de seguridad, lo que implica resguardar, incluso en contextos de restricción fiscal, este tipo de intervenciones. Segundo, fortalecer la gobernanza del sistema fortaleciendo al Ministerio de Seguridad, particularmente, su capacidad de coordinar y orientar decisiones presupuestarias con criterios técnicos. Tercero, institucionalizar la evaluación como criterio central de asignación de recursos; en un escenario de estrechez fiscal, es necesario gastar mejor. Y cuarto, fortalecer el rol de los gobiernos locales, dotándolos de herramientas y acompañamiento técnico sostenido. Los costos asociados a la victimización, el aumento de la población penal y la sobrecarga del sistema de justicia superan ampliamente la inversión requerida para una estrategia preventiva más efectiva.
En seguridad, la verdadera eficiencia no está en recortar, sino en invertir con criterio. "La verdadera eficiencia no está en recortar, sino en invertir con criterio". Autor: Gayle MacLean Directora Área de Justicia y Prevención de Fundación Paz Ciudadana. "La verdadera eficiencia no está en recortar, sino en invertir con criterio".