Landes se suma a ofensiva judicial contra la Ley de Fraccionamiento Pesquero con demanda por US$ 70 millones
Landes se suma a ofensiva judicial contra la Ley de Fraccionamiento Pesquero con demanda por US$ 70 millones DF Regiones POR C. VILCHES Y R.
GARCÍA Landes, empresa pesquera ligada a las familias Fosk y Bohorodzaner, presentó una demanda contra el Estado chileno por los supuestos perjuicios provocados a la empresa por la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, aprobada a mediados del año pasado.
La medida judicial exige una indemnización en favor de la compañía por poco más de US$ 70 millones, pero la acción busca principalmente que los tribunales reconozcan la ilegalidad y el daño patrimonial provocado por la nueva ley, "particularmente en el caso de la pesquería del jurel, y que se ordene la correspondiente compensación". "Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas", denunció Andrés Fosk, CEO de Landes. "Talcahuano no puede seguir pagando el costo de gustos ideológicos que castigan no solo a la pesca industrial, sino que a cientos de familias del Biobío", agregó el ejecutivo.
Expropiación encubierta La acción, que fue acogida este miércoles por el 22º Juzgado Civil de Santiago, se fundamenta en que "el Estado, a través de diversos actos, desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización", señaló la pesquera a través de un comunicado. "Ello, vulnerando los principios básicos de legalidad y afectando gravemente el patrimonio de la compañía, particularmente por el nuevo fraccionamiento de la pesquería del jurel". David Cademartori, abogado socio de Barros & Errazuriz, oficina encargada de la tramitación de la iniciativa judicial, precisó que "esta es una demanda de responsabilidad extracontractual contra el Fisco de Chile.
Seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado". Para la empresa basada en Talcahuano, además, la reducción de cuotas "compromete inversiones futuras enfocadas en consumo humano, obliga a postergar proyectos clave, como la modernización de flota y la ampliación de su capacidad de congelado, e incorpora un alto nivel de incertidumbre regulatoria, que impacta negativamente en la sostenibilidad del negocio y creación de empleo". En ese sentido, la empresa aseguró que el nuevo fraccionamiento constituye un golpe para el jurel chileno, uno de los pilares de la industria a nivel local y que está pasando por un buen momento en los mercados externos. "Estamos frente a una contradicción difícil de explicar. Es incomprensible que, cuando se nos abre una oportunidad histórica en Europa y Asia, el propio Estado decida limitar a las empresas que pueden capturar, procesar y exportar ese valor.
No se puede hablar de crecimiento y empleo y al mismo tiempo debilitar al jurel chileno y a un sector productivo que opera en regiones gravemente afectadas por la desindustrialización, como lo es la del Biobío", afirmó Fosk.
La demanda representa una escalada en la ofensiva legal de la firma, que en mayo del año pasado ya había presentado su primera acción judicial en contra del Estado exigiendo la exhibición de documentos clave usados en la tramitación de la ley sectorial.
Ofensiva sectorial De este modo, la empresa se suma a la estrategia judicial que está impulsando la industria, luego de que en febrero las pesqueras Camanchaca y Blumar presentaran -de manera separadados acciones legales contra el Estado chileno por los perjuicios provocados por la nueva legislación, exigiendo reparaciones por cerca de US$ 90 millones y US$ 216 millones, respectivamente.
Y la expectativa en el sector es que la ofensiva legal continue, ya que en los últimos días, Alimentos Marinos (Alimar) adelantó que está preparando su propia demanda contra el Estado por un monto cercano a los US$ 100 millones, argumentando que el cambio jurídico haría inviable la construcción de su planta de congelados en Lota, Región del Biobío, un proyecto por US$ 18 millones que recientemente obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). "Vemos que (la ley) responde, en gran parte, a la ideología y en otra, creo que tenía como un afán revanchista producto de los casos de corrupción que existieron en la ley anterior", señaló en ese entonces en entrevista con DF el subgerente general de Alimar, Benjamín Izquierdo, quién calificó las modificaciones en el fraccionamiento de las cuotas como "expropiatorias". Según el CEO de la firma, durante la tramitación del proyecto la Subsecretaría de Pesca impuso un estilo de trabajo "alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas".. Según el CEO de la firma, durante la tramitación del proyecto la Subsecretaría de Pesca impuso un estilo de trabajo "alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas".