¿Cómo financiar la solidaridad?
¿ Cómo financiar la solidaridad? E ngrosar el componente solidario de nuestro sistema previsional ha sido uno de los esfuerzos de política pública más significativos de las últimas décadas.
Así, la configuración del pilar solidario, bajo el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, y la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), en la segunda administración Piñera, han tenido un importante impacto sobre los niveles de pensiones --en la actualidad, las tasas de reemplazo de los primeros quintiles de ingresos incluso superan el 100%--. También han significado el desembolso de cuantiosos recursos. Ahora, el debate previsional se centra en ampliar dichos esfuerzos tanto en nivel como en cobertura. Desde la izquierda, se ha impulsado la opción de instaurar un impuesto al trabajo para financiar futuros aumentos de la solidaridad.
En la práctica, esto implica la constitución de un sistema de reparto que, en un esfuerzo comunicacional para evitar la natural preocupación que este concepto genera, ahora se describe como un potencial "componente intergeneracional" financiado por un porcentaje de la cotización.
Sin embargo, en un mercado laboral que ya ha visto aumentar sus rigideces y costos de contratación de forma significativa, con un nivel de informalidad de tendencia alcista, sumado a un cambio demográfico que atenta contra la sustentabilidad de la idea (sin crecientes alzas de este impuesto en el tiempo), la opinión técnica respecto de la inconveniencia del gravamen ha forzado una necesaria reflexión política. Esto puede haber generado el interés en una idea alternativa, la de reemplazar dicho impuesto por un préstamo que le harían los cotizantes al sistema.
Desde un punto de vista conceptual, tal como lo recoge el Informe de la Comisión Técnica de Pensiones, esta opción significaría que un porcentaje del sueldo de los trabajadores (cotización) ahora sería entregado al Estado como un crédito que tendría una determinada tasa de interés.
El Estado, por su parte, utilizaría dichos recursos para financiar la solidaridad hacia los actuales jubilados, adquiriendo a su vez un compromiso (pasivo) financiero generado por la obligación de retornar a los acreedores (es decir, a los cotizantes), al momento de jubilarse, los recursos facilitados durante su vida laboral.
Sin mayor debate respecto del real impacto que tuvieron, se han utilizado como justificación los "bonos de reconocimiento" que en su momento permitieron acreditar las contribuciones de las personas en el antiguo sistema (cajas de previsión) al pasar al actual modelo previsional. Las implicancias del préstamo no son triviales, lo que explica que, entre los miembros de la Comisión Técnica de Pensiones, la opinión mayoritaria haya sido "contraria a la opción". Una evidente es el impacto fiscal.
Estimaciones de la Dirección de Presupuestos proyectan que el pasivo fiscal se incrementaría a un 37% del PIB, lo que revela el inmenso costo futuro que tendría la idea para el Estado y, por ende, para las futuras generaciones. Precisamente por ello, la fórmula se traduce en una nueva fuente de incertidumbre para las personas. En efecto, frente al tamaño de la deuda, una futura administración estará presionada para ajustar los beneficios inicialmente prometidos.
Esto podría llevar, por ejemplo, a la utilización de puntos como tasas de cambio, para evitar obligaciones en pesos, o a ajustes forzados en la tasa de interés originalmente pactada, afectando la rentabilidad comprometida de los ahorros.
Así entendido, el préstamo puede implicar, en los hechos, transitar hacia lo que se conoce como un sistema de cuentas nocionales, opción inferior, tanto por la propiedad de los recursos como por la rentabilidad, respecto de la capitalización individual.
En este contexto, y más allá de los cuestionamientos técnicos a algunas de sus cifras, el informe de la referida comisión permite sincerar una realidad que hasta el momento ha sido eludida: el financiamiento de mayor solidaridad por medio de un impuesto al trabajo o de ideas creativas que generan incertidumbre significa costos para las personas que es necesario evitar.
Esto debe obligar a contrastar dichas ideas con la posibilidad de reasignar actuales recursos desde los impuestos generales o, incluso, a debatir respecto de los objetivos y grado de solidaridad adicional que efectivamente es posible financiar. Su financiamiento con un impuesto al trabajo o con fórmulas que generan incertidumbre, como este "préstamo", significa costos para las personas que es necesario evitar..