Indagatoria busca establecer trazabilidad de dinero de Procultura con alza de secreto bancario de su directorio
Indagatoria busca establecer trazabilidad de dinero de Procultura con alza de secreto bancario de su directorio El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal el “pinchazo” a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fue un golpe para el Ministerio Público desde donde aún no confirman si apelarán a la Corte Suprema y provocó cambios en la investigación del caso Procultura, pues el fiscal nacional, Ángel Valencia, reasignó la causa desde el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a su par de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien indaga, por ejemplo, la causa Democracia Viva, también enmarcada en el caso Convenios, y que asumirá esta arista con distintas diligencias ya solicitadas por su antecesor, e incluso autorizadas por tribunales.
Entre ellas se encuentran las que buscan establecer la trazabilidad del dinero que pasó por la fundación en virtud de diversos convenios firmados con organismos públicos, y que, según dan cuenta antecedentes de la investigación, incluyen no solo a los principales investigados en la causa, como su director ejecutivo Alberto Larraín y la representante legal, Constanza Gómez, sino que a todos los que integraron su directorio y otros que cumplieron diversas funciones. n Ingresos por más de $5 mil millones entre 2022 y 2023 Si bien en un comienzo la fiscalía había pedido autorización judicial para alzar el secreto bancario solo respecto de Larraín y Gómez, con el pasar de los meses decidió ampliar el requerimiento hacia otros 14 funcionarios de Procultura. Esto, con miras a recuperar dinero cuyo destino se desconoce, de acuerdo a la causa.
Para justificar su solicitud, la fiscalía remarcó que contar con esa información “es indispensable para determinar los flujos de dinero tanto de la Fundación Procultura como de las personas naturales mencionadas, y con ello esclarecer la existencia de los delitos que se investigan, y la participación de los sujetos ya identificados u otros, más cuando, como ya es de conocimiento público, dicha fundación solo entre los años 2022 y 2023 recibió más de $5 mil millones, y a la fecha del cese de sus funciones, 17 de noviembre de 2023, no quedaba parte alguna de ese dinero”. Alberto Larraín era el director ejecutivo de Fundación Procultura.
T R A L A B O R D N A J E L A encargado territorial de Vivienda y Ciudad Identitaria; Francisco Fuentes Araya, jefe Circuito Lota; Nicolás Ormeño Matus, director de Ciudad y Vivienda, y Salvador Núñez Pérez, encargado Territorial de la zona central.
El órgano persecutor consignaba que se ordenaría a los bancos “que informen respecto de todos los depósitos, captaciones u operaciones que hayan realizado los clientes individualizados, en las cuentas que actualmente estén abiertas y las que se hayan cerrado”. En esa línea, se solicitaban informes de contratación de cuentas corrientes; operaciones de tarjetas de crédito; contratación de tarjetas adicionales; si se han realizado operaciones de cambio; si han recibido giros desde el exterior; si se han emitido boletas o depósitos en garantía a su nombre; si tienen cuentas de ahorro; depósitos a plazo, fondos mutuos o valevistas; si se les ha otorgado algún tipo de crédito, o si arriendan cajas de seguridad en el banco, entre otras. Esto ya fue autorizado hace algunos meses por la justicia respecto de todos los individualizados y la fiscalía ha ido recibiendo la información y estaba siendo analizada, según el expediente.
En una de las medidas autorizadas antes del cambio de fiscal: Tras hacer un repaso de distintos convenios suscritos por la fundación en siete regiones con distintas seremis del Ministerio de Vivienda, gobiernos regionales y municipalidades, advierten que antecedentes dan cuenta de “diversas irregularidades” tanto en la suscripción de los contratos como en la asignación directa para la ejecución de proyectos, y que “las actividades a las que se dedica la fundación no coinciden con el objeto de los convenios, lo que realza aún más la irregularidad de que varios de los convenios fueron ejecutados en gran parte por terceros, funcionando más bien la fundación como un gestor y no un ejecutor”. Esto, señalan, ya que del análisis de las cuentas bancarias ya autorizadas, principalmente la de la fundación, se produjo el “hallazgo de transacciones sospechosas, como por ejemplo que entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, se identificaron varias transferencias hacia personas naturales, entre los que destacan el fundador y director ejecutivo de la misma, Alberto Andrés Larraín Salas, quien recibió más de $77.000.000, y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación y quien suscribe los convenios, la que recibió más de $33.000.000, en dicho período, sin que haya constancia de la emisión de boletas de honorarios u que justifiquen los traspasos”. Esta última a comienzos de mes presentó un escrito en la causa en que explica que ese monto corresponde a reembolsos por gastos hechos por ella en beneficio de la fundación. n “Transacciones sospechosas”, según fiscalía Pero, además, advierten que en las distintas aristas de la investigación “ha surgido una serie de nombres que dicen relación con quienes formaban parte del directorio y cúpula de la fundación, y que era quienes participaban activamente en su administración y en la selección de esta para la adjudicación de los proyectos y su posterior firma, así como también quienes han recibido en sus cuentas personales transacciones sospechosas por parte de la misma, sin que haya constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros que justifiquen los traspasos”. Según detalló la fiscalía, el listado lo componen Allan Mix Vidal, presidente del último directorio; Alberto Larraín Lohmayer, tesorero; Patricia Csillag Pimsteim, secretaria y cofundadora; María José Maturana Valenzuela, jefa de Finanzas; María Eugenia Sabbagh Vidal, secretaria del último directorio; José Villarroel Miranda, contador auditor; Johny San Martín Flores, administrador general; Enrique Aracena Reyes, chofer; Emilio Marinao Fuentes, subdirector ejecutivo y coordinador general de varios proyectos en la arista sur; Pablo Durán Romero, No es primera vez que la jueza Virginia Soublette es una de las magistradas detrás de alguna controversia resuelta por la Corte de Antofagasta que tiene interés de alcance nacional.
Así, en 2020 integró la sala del tribunal de alzada que estuvo detrás de la polémica resolución que permitió el retiro de fondos de pensión de una profesora jubilada para pagar un crédito hipotecario todo esto, antes de los tres retiros durante la pandemia, aunque en un inicio se envió el caso Tribunal Constitucional (TC), donde la magistratura resolvió que no había inconstitucionalidad en la norma y no correspondía liberar los fondos, primando el objetivo de seguridad social de esos dineros.
La causa volvió a Antofagasta y, sin perjuicio de lo fallado por el TC, la ministra Soublette junto a su par Óscar Clavería y el abogado integrante Fernando Orellana acogieron la acción de protección y permitieron el retiro de los dineros. Pese a ello, ese mismo año la Corte Suprema acogió la apelación de la AFP y desestimó lo resuelto por el tribunal de alzada.
Soublette también fue una de las magistradas junto a la fiscal judicial María Teresa Quiroz y la abogada integrante Luisa Cortés que resolvió en febrero del año pasado un cambio de cautelar de los imputados en el caso Democracia Viva Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación, que llevaban poco más de dos meses en prisión preventiva.
El juez Jaime Rojas, en tanto, integra desde hace menos tiempo en la jurisdicción nortina: juró como ministro titular de esa jurisdicción en agosto de 2022; no obstante, presidió el tribunal de alzada al año siguiente. Al igual que Soublette, es abogado de la Universidad de Chile, pero además cuenta con un Magíster en Derecho, con mención en Derecho Penal, en ese mismo plantel, y distintos diplomados. Pese a que estuvo destinado por varios años en el sur del país, el magistrado es oriundo de Antofagasta.
Finalmente, el fiscal judicial Rodrigo Padilla junto a los ministros Clavería y Myriam Urbina integró la sala que durante el estallido, en noviembre de 2019, restringió por primera vez el uso de armas letales y perdigones y limitó el uso de bombas lacrimógenas. Aquello, en el contexto de una orden de no innovar por un recurso de protección presentado contra Carabineros y el Ministerio del Interior, que luego se rechazó.
A L L I C N A M N A H T A N O J La oposición reclamó por la menor asistencia de diputados del Frente Amplio y del PC, al arrancar la sesión. que “falló el Frente Amplio. Se trata de una generación política que nació podrida que, a poco andar, construyeron una maquinaria de defraudación fiscal. Este es quizá el ejemplo más prístino de la derrota cultural de esta fallida generación de idealistas.
Estamos hablando de crimen organizado”. Otros legisladores de oposición también aludieron a una eventual “asociación ilícita”, en torno a Procultura; además, se emplazó al Servel a aclarar si hubo “financiamiento ilegal de la política”, también se deslizó que el Servicio Electoral pudo ser “engañado” con la rendición electoral. Junto con los discursos, se pusieron en votación, hasta el cierre de esta edición, tres proyectos de resolución.
Entre ellos, uno de la UDI para pedir a la Cámara “expresar su más enérgico reproche político, ético y moral ante la irresponsable actuación del Frente Amplio, partido al que pertenece el actual Presidente de la República, por haber intentado imponer una teoría conspirativa de carácter fascista, acusando un supuesto espionaje político detrás de las diligencias realizadas por la fiscalía en el marco del denominado caso Procultura, demostrando con ello una preocupante falta de voluntad para esclarecer uno de los posibles casos de corrupción más graves en la historia de Chile”. Poco antes de las 20:00 horas de anoche, la sala de la Cámara dio inicio a una sesión especial de sala para tratar lo sucedido con Procultura.
Como se anticipó, el desarrollo del debate fue intrincado, con duros emplazamientos de la oposición al oficialismo, por la vinculación que aseguran tiene el protagonista del caso Alberto Larraín, a quien ligan con el Frente Amplio, o al menos sería cercano. El arranque de la sesión fue con reclamos de Chile Vamos por la menor asistencia de representantes frenteamplistas y comunistas en el hemiciclo, lo que marcó su primera parte al menos. “El Frente Amplio no viene a dar la cara. Se han robado la plata de los más pobres, ¿dónde está la plata que se robaron?”, alegó el jefe de diputados UDI, Henry Leal. El hurto de recursos fue parte de las frases más nombradas de la noche. Entre los invitados a la sesión especial estuvo presente la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa; y el director del mismo servicio, Raúl García.
Por parte del Ejecutivo se citó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS). Entre los legisladores que intervinieron, Andrés Longton (RN) fustigó que el FA aluda a un supuesto “espionaje político”, ante las diligencias de la fiscalía.
El diputado por Quilpué acusó CORTE REVISA CAUTELAR DE PÉREZ (EX-FA) n APELA La Fiscalía Regional de Antofagasta, ahora a cargo del caso Procultura, apeló a la medida cautelar de arresto domiciliario decretada por el Juzgado de Garantía de la misma ciudad respecto de la diputada ex-FA Catalina Pérez, en el marco de la indagatoria de Democracia Viva. n AUDIENCIA La Corte de Apelaciones de esa región revisará hoy el recurso ingresado por la fiscalía dirigida por el persecutor Juan Castro Bekios, que busca que se decrete la prisión preventiva de la legisladora. n DESAFUERO El mismo tribunal de alzada fue el que en febrero acogió la solicitud de desafuero de Pérez, que fue confirmada de forma unánime por la Suprema en abril. Además de su director ejecutivo, Alberto Larraín, y la representante legal, Constanza Gómez, se solicitó acceso a cuentas y otros productos financieros de 14 funcionarios de la fundación.
Retiro de fondos de las AFP y restricción al uso de perdigones: los fallos resueltos por los ministros de la Corte de Antofagasta que declararon ilegal “pinchazo” a Huneeus Sesión Procultura: Desde “se robaron la plata”, “asociación ilícita”, a pedir al FA “dar la cara” O. RODRÍGUEZ, L. CRUZAT y A. ZÚÑIGA. Alberto Larraín era el director ejecutivo de Fundación Procultura. La oposición reclamó por la menor asistencia de diputados del Frente Amplio y del PC, al arran