Del 2023 al 2025 y ahora al 2027... la compleja INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE AGUA QUE VUELVE A PRORROGARSE
Del 2023 al 2025 y ahora al 2027... la compleja INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE AGUA QUE VUELVE A PRORROGARSE El abogado Castro los resume así: “Tengo un caso. El señor se compró 12 hectáreas, tenía ocho hijos. Se murió, heredó la señora y los hijos. Vendieron una hectárea, se murió la señora. Y se dividió una hectárea y media cada hijo. Hoy son 50 personas. Y el único dato que hay es que el canal le reconocía a esa parcela ocho acciones. ¿Cómo regular eso?” Desde la Dirección General de Aguas tienen conciencia de ello. “Las principales (dificultades) tienen que ver con la falta de documentación en regla para realizar el trámite”, señalan. Y si el usuario carece de ello debe dirigirse a la Dirección regional o provincial de Aguas correspondiente y solicitar el documento de manera gratuita. Esa resolución la debe reducir a escritura pública, y con ese documento dirigirse al Conservador respectivo y pedir que lo incorporen al Registro de Propiedad de Aguas. Una vez que se inscribe este derecho en el Conservador, se debe registrar en el Catastro Público de Aguas de la DGA.
Aseguran que han implementado nuevos desarrollos tecnológicos y gestión interna, que ha hecho que en 2024 se resolvieran 30.276 solicitudes de registro en el Catastro Público de Aguas, convirtiéndose en la gestión más alta alcanzada por el servicio: un avance de 292% por sobre lo logrado en 2023 y un 477% por sobre el promedio del período 2015-2023.
Además, para facilitar que las personas cumplan con este deber, iniciaron la campaña “Sigue la corriente del agua y utilízala en regla”, en coordinación con Indap y Conadi, y operativos en terreno para apoyar a los usuarios en la realización de los trámites. Solo el 2024 la Dirección realizó 191 operativos y atendió a más de 3.500 personas en terreno y a alrededor de 5 mil personas en las oficinas del Servicio, subrayan. En la discusión parlamentaria se reveló, a su vez, que si en 2022, solo cinco funcionarios atendían estas peticiones voluntarias, en 2023, el equipo creció a 19 personas. Además, han contratado consultorías para externalizar parte del trabajo e implementado proyectos informáticos para agilizar los procesos y resolver los cuellos de botella. La DGA se dijo en el Congreso tiene previsto resolver las solicitudes más antiguas este año, con una meta de procesar entre 1.500 y 2.000 regularizaciones. El perfeccionamiento de títulos, aunque es una tarea más reciente, también ha comenzado a recibir solicitudes y se está gestionando su desarrollo. Ayuda de canalistasPeralta revela que les ha enviado cartas a las autoridades y a diferentes gobiernos, ofreciendo a la Confederación de Canalistas para trabajar en conjunto. Y no ha pasado nada. A juicio del dirigente, ello ocurre porque tienen prejuicios sobre el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua. “No quieren pasar del prejuicio al juicio, porque el trabajo base es conocer cómo funciona y ellos no tienen capacidad”. Los canalistas se han reunido varias veces con la DGA, explicándoles esta situación. En 2024 hubo una reunión de la comisión de Agricultura del Senado en el Maule. El abogado Castro les explicó el panorama. “Les dije que eso tendrían que prorrogarlo de manera infinita. Todos se mostraron interesados, pero no pasó nada”. Y si no regularizan, se exponen a diversas sanciones. Todo lo que es previo a la Reforma Agraria está inscrito, el resto debe perfeccionarlo o regularizarlo, a riesgo de que se pueda caducar el derecho. “Sin temor a equivocarme, el 30% de los derechos de Chile no estaban inscritos al inicio del proceso”, dice el abogado.
En el sector enfatizan que es el CBR el que establece el derecho de propiedad; sin embargo, ya hay bancos consultando si se pueden hipotecar predios sin el certificado de la DGA, que es solo con fin estadístico, señalan agricultores. “Los bancos ya están atentos”, dice un ejecutivo de la plaza. “Ya se atrasó del 2023 al 2025, ahora se va a volver a atrasar al 2027, y así suma y sigue. Ya llega un punto en que hay que asumir que la cosa no funciona nomás”, subraya el presidente de la Confederación de Canalistas. OMORSOLRACNAUJVarios son herencias que carecen de documentación:De los 350.000 derechos de agua existentes, solo se ha registrado el 34%. Desde los canalistas, aseguran que el trámite es engorroso y avizoran nuevas extensiones de plazo. En la DGA han impulsado dicen mejoras tecnológicas que han elevado un 292% las solicitudes de registrofrente a 2023. MARÍA JOSÉ TAPIALa DGA resolvió, en 2024,30.276 solicitudes de registro en el Catastro Público de Aguas, la gestión más alta alcanzada por el servicio.
Em ba e d s o e s a m de p l l a ia f m ec e h n a t, e l próximo 6 de abril ven cía el período para que to dos los derechos de agua del país estén registrados en la Dirección General d e A g u a s ( DGA ) d e l MOP. A menos de dos un proyecto de ley apro por el Senado y la Cáma ra extendió ese plazo hasta 2027. Para exper tos, no obstante, el trámite es tan complejo, que tal deadline tampoco sería suficiente. “Ahora, del 2027 lo van a prorrogar al 2029, al 2036 y al 2050. No se hacen cargo de la realidad”, explica el abogado experto en la materia y secretario ejecutivo de la Junta de Vigilancia del río Lontué, Diego Castro Portales. En 2022 se promulgó un nuevo Código de Aguas. En él se estableció que en octubre de 2023, todos los derechos de agua (DAA) debían estar en regla. Es decir, registrados en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces (CBR) e ins critos en el Catastro Público de Aguas de la DGA. Inicialmente había un plazo de 18 meses para ese trámite hasta octubre de 2023, luego se extendió hasta el 6 de abril. De lo contrario, caducarían. Y ahora el plazo se amplió hasta 2027. De los 350 mil DAA que existen, hay 200 mil que han sido otorgados por el SAG o por tribunales, y otros 150.214 que han sido entregados por la DGA. Del total de los 150.214 otorgados por la DGA, 119.205 ya han sido registrados en el Catastro Público de Aguas. Es decir, un 79%. El tema es que los otros 200.000 tienen que hacer el mis mo proceso: inscri birse en el Conser vador y de ahí a la DGA. Por ende, de los 350.000, solo un 34% está en re gla.
“Inscribir el de recho de aprove chamiento de aguas en el Conservador de Bienes Raíces yregistrarlo en la DGA, es deber de cada usuario que recibió del Estado un derecho de aprovechamiento de aguas”, señalan desde la DGA.
En la tramitación legislativa para extender el plazo, se evidenciaron problemas estructurales en el proceso de inscripción, como se lee en el informe de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara la falta de acceso a información y tecnología, especialmente en zonas rurales donde los conservadores de bienes raíces no están digitalizados. En la actualidad, el agua se organiza en las organizaciones de usuarios de agua, donde están las juntas de vigilancia que manejan el río completo. Y de ahí salen los canales, administrados por las asociaciones de canalistas o comunidad de agua. Ello, encomendado al sector privado, que ha hecho gran parte de las obras de infraestructura.
Todas las asociaciones de canalistas han estado pidiéndoles la información detallada de derechos de agua a sus socios los que participan en el canal y que pagan cuotas para ir avanzando con los trámites de inscripción. Tomando medidas“La Dirección General de Agua no tiene capacidad de cumplir con lo que ha exigido”, señala el presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta. En el mercado subrayan que la DGA les pidió a los agricultores y demases propietarios que les mandaran todos los antecedentes para inscribir esos derechos de aprovechamiento en el Catástrofe Público de Agua. El problema es que esos antecedentes se han empezado a acumular y la cantidad que tienen hoy “es indigerible”, dicen agricultores.
El gerente de Políticas de la Sociedad Nacional de Agricultura, Federico Errázuriz, reveló en la discusión parlamentaria que la DGA enfrenta un gran volumen de trabajo no resuelto, con alrededor de 20.000 expedientes pendientes en distintas materias, “lo cual es una preocupación significativa”. En el debate en el Senado, el mismo ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló: “Las solicitudes de inscripción se dispararon tras la pandemia (). También hay un tema institucional que es el fortalecimiento de los equipos regionales de la DGA, sabemos que se está trabajando en dicha dirección”. Imposibilidad de inscripciónAnteriormente, los derechos de propiedad de aprovechamiento de agua se registraban en el CBR, pero, en la práctica, no era obligatorio. Ello, porque la ley establecía que ese derecho se acreditaba con cualquier título. Entonces si, por ejemplo, “mi papá paga la cuota del canal hace quince años, acreditado. O bastaba con tener una escritura de compra-venta que dice que tiene un canal, etc. ”, explica el abogado Castro Portales.
El problema se agravó con el hecho de que en el CBR se inscriben partes alicuota de un todo, porque en un canal con un afluente variable, no se pueden establecer litros exactos, entonces son, por ejemplo, cuatro acciones de un canal. Pero dicen los canalistas la DGA quiere que se acrediten litros. Y les solicitan a los usuarios que entreguen certificados que acrediten a cuántos litros equivale la acción. Diego Castro Portales señala que emite unos 50 certificados de esos a la semana, aunque sabe que es un dato impreciso, pero es la exigencia para poder avanzar en el trámite. Si bien él no cobra por los certificados, hacer el perfeccionamiento final cuesta cerca de $1,5 millones. Y si bien les plantean que lo hagan por la página, tal mecanismo dicen no funciona. En la Cámara se plasmó justamente la disparidad en el acceso a recursos legales y económicos entre grandes y pequeños agricultores. La Junta de Vigilancia Río Hurtado en Coquimbo, por ejemplo, tiene 1.800 usuarios, un 98% aún no logra regularizar su situación. “La DGA cuenta con trámites pendientes desde el año 2023 que aún no han sido resueltos (... ) algunos siguen en estado de tramitación o solicitud en evaluación”, revelaron en el Congreso.
“Esto afecta a los regantes, ya que sin la resolución de estos trámites, les es difícil acceder a proyectos y recursos del Estado”. Incluso se expuso el caso de un regante que ha gastado más de $100 mil en viajes y trámites para regularizar sus derechos de agua, un proceso que aún no ha sido resuelto por la DGA.. Varios son herencias que carecen de documentación: