Norma ambiental en Chile: desafío del Estado y compromiso empresarial para un crecimiento sustentable
Norma ambiental en Chile: desafío del Estado y compromiso empresarial para un crecimiento sustentable F n los últimos días, el Gobierno del presidente Kast ha dado a conocer una serie de acciones en materia ambiental que buscan enviar señales positivas al mundo de la inversión, en línea con lo planteado en su programa y con expectativas largamente instaladas en el debate público. Existe un consenso transversal en que el principal cuello de botella del sistema no es la falta de proyectos, sino la demora y complejidad de los procesos de autorización. Uno de los ejes críticos, recientemente abordado mediante decreto, es el funcionamiento del Comité de Ministros, instancia encargada de resolver reclamaciones administrativas de proyectos evaluados ambientalmente. En la práctica, éste se ha convertido en uno de los principales puntos de congestión del sistema. Para enfrentarlo, el Ejecutivo ha propuesto, entre otras medidas, establecer plazos acotados para la resolución de reclamaciones, tanto a nivel del Servicio de Evaluación Ambiental como del propio Comité. El objetivo no es reducir el nivel de escrutinio, sino evitar que la ausencia de decisión termine operando como una decisión en sí misma, con costos económicos y sociales relevantes.
Hoy, este Comité mantiene revisiones de Resoluciones de Calificación Ambiental con plazos que exceden largamente los establecidos en la normativa, manteniendo en incertidumbre inversiones por sobre los US $16.000 millones, principalmente, en sectores como minería y energía. Esta situación no solo retrasa proyectos estratégicos, sino que también erosiona la certeza jurídica y la confianza en la capacidad del Estado para resolver dentro de plazos razonables. En ese sentido, las medidas anunciadas parecen ir en la dirección correcta. En paralelo, el Ejecutivo decidió, a solo una semana de asumir, retirar 43 decretos que se encontraban en toma de razón en la Contraloría, todos provenientes del Ministerio del Medio Ambiente. Esta decisión generó controversia, al interpretarse por algunos como una señal de flexibilización de estándares ambientales, en desmedro de la protección de ecosistemas, biodiversidad y especies. Sin embargo, una mirada más técnica permite relativizar estos temores.
El retiro de un decreto implica detener su tramitación para revisión o mejora y es una práctica habitual en los cambios de gobierno, e incluso al interior de una misma administración cuando se detectan espacios de ajuste. Cabe recordar que 21 de estos decretos ingresaron en marzo de 2026,13 de ellos el día previo al cambio de gobierno.
Desde el punto de vista jurídico, no existe un riesgo inmediato para la "seguridad" ambiental del país, dado que los decretos tienen jerarquía inferior a la ley, que es donde se consagran los objetos de protección ambiental. Ello no obsta a que sea relevante monitorear su contenido y alcance, como ocurre, por ejemplo, con el Decreto Nº34 de 2025, que aprueba la Gobernanza de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. Finalmente, más allá de las reformas institucionales, es clave que las industrias refuercen su propia gestión ambiental. Esto implica elevar aún más el estándar de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, fortalecer los procesos de participación ciudadana y, una vez obtenidas las resoluciones, implementar rigurosos programas de seguimiento y control. Ello requiere sistemas de gobernanza robustos, integrados a la gestión del negocio, considerando no solo el cumplimiento ambiental, sino también la sostenibilidad financiera y la licencia social para operar. En definitiva, el debate de fondo no es si Chile debe destrabar proyectos, sino cómo hacerlo sin hipotecar los avances logrados ni los desafíos ambientales de mediano plazo.
La clave está en mejorar la calidad y oportunidad de las decisiones públicas, junto con un compromiso intransable de las empresas por cumplir cabalmente los estándares ambientales asumidos.. Nicolás Calderón, socio adjunto de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY.