Autor: • MARÍA JOSÉ TAPIA
SEIS ACTORES, NUEVE PENALES, US$ 41 millones en subsidios: el complejo negocio de las cárceles concesionadas
SEIS ACTORES, NUEVE PENALES, US$ 41 millones en subsidios: el complejo negocio de las cárceles concesionadas En 2026 comienzan a vencer las actuales concesionesZELÁZNOGOIGRESEUQIUQIEDALLERTSEmo en las cárceles públicas, porque el control se lleva al dedillo, puesto que el Estado debe pagar un extra por cada preso de más. Solo en diciembre, por ejemplo, en Santiago 1 hubo 4.922 reos, cifra que supera el máximo de 4.000 internos. El Estado debió pagar UTM 9.300 por esa sobrepoblación. Antofagasta y Concepción también tienen una mayor dotación, pero en ese contrato se establece que se entenderá como sobrepoblación cuando se excede en 20% la capacidad máxima de diseño, lo que no se logra.
El porcentaje de ocupación, en tanto, para los recintos de La Serena, Alto Hospicio y Rancagua en diciembre varió entre 96% y 99%. El primer semestre de 2024, el Grupo 1 recibió de parte del Ministerio de Justicia UF 476.417 ,782, distribuido entre el subsidio fijo a la operación, y el número promedio de internos. El Grupo 2, UF 354.309 ,831 por el período marzo septiembre, y el Grupo 3, unas UF 612.000 (incluyendo las UTM por sobrepoblación) por igual período. Hoy no hay ninguna cárcel en construcción.
El pipeline de la Dirección de Concesiones establece para este 2024 la concesión de la cárcel de Copiapó en un terrenos de 90 hectáreas, aledaños a Ruta 5 Norte, aproximadamente a 40 kilómetros al norponiente de la ciudad, “en medio del desierto”, dicen cercanos. Considera una inversión por más de US$ 200 millones. Su llamado a licitación se realizó en noviembre. Las proyecciones del Gobierno apuntan a elevar la capacidad de 42.000 a 54.100 presos al 2030, unas 12.100 plazas adicionales. Ello, mediante las relicitaciones que comenzarán en 2026, más las cárceles de Tal-ca, Copiapó y Calama. “Si todo se sale bien, vamos a terminar con una capacidad nominal similar a lo que tenemos hoy, por ende, vamos a quedar cortos igual”, subrayan desde el mundo de las concesiones. Gendarmería señala que proyecta que al 2030 hayan más de 60.000 presos. Un sector que genera dudasLos problemas parten por el terreno y la construcción. De hecho, la operación tiene un subsidio que está asegurado, pero, “nadie quiere una cárcel al lado”, dicen actores del rubro. “El riesgo en la operación está acotado, pero construir la cárcel tiene un riesgo enorme”, dice un actor de la industria. Y añade: “Se opone un alcalde y todo se trunca”. Por eso el recinto de Copiapó está prácticamente en medio del desierto. Si bien se usarán unas 90 hectáreas, hay terreno fiscal para ser ampliada. Hasta el 2002 todas las concesiones se realizaban desde el Ministerio de Obras Públicas. Para las cárceles apareció una segunda cartera: Justicia, vía Gendarmería. Testigos de ese entonces recuerdan que en la primera oportunidad, el MOP contrató un anteproyecto de cárcel y lo licitó. Ganó el Consorcio BAS, se hizo la ingeniería en detalle, fue aprobada por Obras Públicas y empezó la construcción.
Al poco andar, Gendarmería revisó la obra y consideró que estaba “todo malo”. Le ordenaron al concesionario hacer cambios; los hizo, y al finalizar fue a cobrar los sobrecostos al MOP y las diferencias surgidad terminaron en un juicio en la Corte Suprema, que falló a favor del concesionario.
Eran más de US$100 millones de mayores costos.. PZELAZNOGEPILEF“La mayoría de los concesioneros termi naron las cárceles, las están operando, pero no quieren seguir a cargo por la mala expe riencia”, resume un alto ejecutivo de la in dustria. Ello se mezcla con que la administración es de Gendarmería. Cuando llegaron “los privados” ya existía un mundo al interior, con negocios de comida, entre otras cosas señala un testigo, por lo cual las conce siones generaron resistencia. Similar ex plica una fuente a lo que ocurre en el caso de los hospitales, con el Minsal. “La gran fuente de discordia en la cárcel concesionada fue que el consecionario se hiciera cargo de la rehabilitación y reinser ción”, señalan testigos. Ahora, evalúan eli minar esa tarea, y que se entregue a exper tos.
Hoy si bien la re lación entre la conce s i o n a r í a y Gendarmería ya está regulada y bien lle vada, la construc ción de los recintos es el tope para que los privados se inte resen en embarcarse en ellas. Besalco, por ejemplo, terminará su período como ac cionista del Consor cio BAS y no irá a la POM relicitación. Acciona que levantó la cárcel de Talca tiene un juicio con el fisco por sobrecostos. Cuando el Ministerio de Justicia empezó a ver cómo ampliaba las cárceles, la dirigencia de Copsa se reunió con el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero. Lo primero que le plantearon los privados fue que se tenía que dar la certeza de que no se volvería a repetir lo ocurrido en la primera experiencia. Cordero armó un equipo experto en el tema. Hicieron todos los estudios y ahora todas las licitaciones que se están llamando cuentan con el visto bueno de Gendarmería, y con el compromiso de que no cambiarán nada. Ello, sumado a un proyecto de ley que permita saltarse algunos permisos. Varios recuerdan lo que ocurrió con la cárcel de Talca: el terreno se compró en 2008, el diseño se terminó en el 2010. Y la obra fue iniciada en 2017 por el MOP. La obra gruesa concluyó el 2022 con una disputa entre la constructora y Obras Públicas por el alza de costos, hasta que Concesiones la licitó para finalmente terminarla y operarla. Todo, 17 años después de que se compró el paño. “Hay gran desconfianza. Los grupos que operan cárceles son operadoras de clase mundial, de varias partes del mundo, tal como Sodexo, entonces cuando sienten que hay mucho riesgo, prefieren no seguir”, cuenta un actor privado. Ahora, Copsa, por ejemplo, ha estado haciendo labores para atraer a más actores, y para que Sodexo continúe. A la industria le interesa que el sistema de concesiones se fortalezca.
Han sondeado a varios, entre ellos, el mismo San José de Talca que podría continuar apostando por otros penales, o incluso grupos mexicanos dicen contactados, pero mientras no haya certeza en la construcción, el análisis es complejo. En noviembre se abrió el proceso de licitación del penal de Copiapó. Meses antes se había asignado Talca. Besalco, Sodexo, Vinci, son parte de las empresas que han apostado por este negocio. Hoy, las contingencias para permisos de construcción alejan a posibles interesados, mientras la crisis carcelaría se agudiza, y el próximo año deben inicarse las renovaciones.
Er C a o r n. s G tr a u n c ó t o e r l a ú S n a i n c L 16 de enero, se inaugu raron las obras de la últi ma cárcel concesionada. Se trató del recinto de Talca, 63.570 m2 levan tado hace algunos años, y que ahora había que ope o oferente en disputa: la José, que levantó los hos pitales de Maipú y La Florida. Ofreció UF 86.500 para la habilitación, y UF 150.000 semestral como subsidio a la operación.
Un par de meses antes, el entonces minis tro de Justicia, Luis Cordero, reconocía que la única forma de hacer frente al hacinamiento carcelario era vía concesiones; el mismo Pre sidente Boric había comunicado en julio pa sado el desarrollo de una nueva cárcel de alta seguridad, hoy a días de que venza el plazo autoimpuesto por el gobierno, no hay luces de que pueda concretarse. El sistema está desbordado. La misma Contraloría dio a co nocer esta semana un informe donde daba cuenta que los inhibidores de señal no fun cionaban, una crisis que se profundiza. La capacidad construida es para 42.000 internos, y existen 58.000. Un crecimien to exponencial si se considera que hace cuatro años los detenidos eran del orden de 39.000.
Hoy hay nueve cárceles concesionadas: Antofagasta, Concepción, Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Santiago 1, Valdivia, Puerto Montt y Talca; están en manos de cuatro grupos: un consorcio formado en partes iguales por Besalco, Sodexo y Socie dad de Concesiones Chile S.A. ; otro donde está solo Sodexo; un tercero controlado por Vinci, y el último en manos de la Construc tora San José. En total a excepción del últi mo que aún no empieza a operar recibie ron UF 1.442.904 (unos US$ 41 millones) por administrar los recintos un semestre. En números redondos, un reo en una cárcel del Estado cuesta un millón de pe sos al mes, mientras que en una concesio nada son en torno a $900.000. Actores privados dicen que esta diferencia radica en la mayor eficiencia. Sobrepoblación, se pagaEl 15 de junio de 2002 partió la primera concesión de una cárcel en el país. El modelo había comenzado con las autopistas y aeopuertos, y ahora sumaba este otro rubro.
Se trató de los recintos de La Serena, Alto Hospicio y Ranc a g u a, e l l l a m a d o Grupo 1 que quedó a cargo de la sociedad BAS, integrado por Besalco, Sociedad de Concesiones Chile y Sodexo. Esa concesión finaliza el 4 de enero de 2026 y enmedio del debate por desarrollar nuevas cárceles, hay dudas de que los accionistas quieran continuar. En Besalco, de hecho, ya tomaron la decisión de no seguir en el negocio. Y en Sodexo hay dudas, aunque contactados optaron por no referirse al tema. El 2 de abril de 2004, Vinci se adjudicó la segunda concesión para el llamado Grupo 3: Santiago, Valdivia y Puerto Montt. Vence el 2027. Y luego el 17 de abril de 2010 vendría la concesión para los recintos de Antofagasta y Concepción. El oferente y ganador fue Sodexo. Hoy hay unos 54.000 presos en el país, y de ellos, 20.000 están en cárceles concesionadas.
El modelo de concesión contempla la construcción del inmueble, además de los servicios de salud, alimentación, reinserción social, aseo y control de plagas, economato, lavandería conjuntamente con la mantención y conservación de la infraestructura y el equipamiento de cada recinto penitenciario.
Los contratos establecen un subsisio a la construcción, que se paga en cuotas semestrales durante 15 años cuando se recibe la obra; luego un subsidio a la operacion semestral en función del número de internos que tenga el penal diariamente, además de un variable si es que se supera la capacidad establecida de detenidos.
Santiago 1 en manos de Vinci es la única que anota sobrepoblación a diciembre, según el contrato en cuestión: están con un 123% de ocupación, todos los días del mes estuvieron con una dotación mayor a la planificada. La sobrepoblación no es generalizada co-. Cárcel de Rancagua, administrada por Besalco y Sodexo. Carcel concesionada de Puerto Montt en manos de Vinci. Penal de Alto Hospicio, de Besalco y Sodexo. La operación de la cárcel de Talca fue la última en licitarse. Carcel Santiago 1, operada por Vinci.
