Secuestros y extorsiones: La década en que el crimen organizado encadena a Chile
Secuestros y extorsiones: La década en que el crimen organizado encadena a Chile Por Investigación Longino Diario Un cambio drástico en el mapa delictual de Chile BANDAS EXTRANJERAS DIVERSIFICADAS: DEL NARCO A LOS PLAGIOS Y "IMPUESTOS" CRIMINALES Actualmente operan en Chile al menos una docena de organizaciones criminales transnacionales. Entre elas se cuentan cinco de origen venezolana, dos colombianas, dos peruanas, una dominicana, una mexicana y una china. La mas conocida es el temido Tren de Aragua, megabanda nacida en Venezuela, pero no es la única.
Estas estructuras, inicialmente vinculadas al tráfico de drogas o armas, han diversificado sus delitos hacia áreas antes poco habituales en el pais, como los secuestros extorsivos y las extorsiones directas, utilizando la violencia, la intimidación y el miedo como mecanismos tanto de control territorial como de financiamiento ilicito. Esta diversificación delictual implica que los secuestros y extorsiones ya no son hechos aislados cometidos por delincuentes comunes, sino prácticas sistemáticas de "empresas delictuales" bien organizadas.
Mientras el sequestro suele buscar un rescate economico o servir para intimidar y ajustar cuentas entre rivales, la extorsión opera como un verdadero "impuesto criminal": un cobro silencioso pero constante que bandas organizadas imponen a comerciantes, transportistas, emprendedores e incluso familias, a cambio de una supuesta "protección", En otras palabras, si el secuestro es un golpe violento y puntual, la extorsión es una soga que aprieta dia a dia el cuello de la comunicaciones cifradas, armamento de guemra y una ferce disciplina interna. Por ejemplo, investigaciones del Ministerio Público han revelado que facciones del Tren de Aragua instalaron centros de operaciones clandestinos donde mantenian cautivas a víctimas de secuestro en plena zona urbana de Santiago.
En esos lugares, apodados por la prensa como "casas de tortura", se extorsionaba con brutalidad no solo a la victima, sino también a sus allegados, como una siniestra advertencia a la comunidad alternativos de seguridad -desde guardias privados hasta acuerdos informales con los propios criminaleslo que a largo plazo socava el estado de derecho. "El crimen organizado requiere mercados, consumidores y redes de complicidad social para sostenerse.
Cada pago de rescate sin denuncia, cada "protección' aceptada como costo, cada producto robado comprado en la calle, fortalece su poder y legitima su presencia en los barrios", reza un informe del Observatorio de Crimen Organizado.
En otras palabras, la normalización de estas prácticas genera un círculo vicioso: el silencio de la comunidad y la inacción por miedo alimentan la impunidad, lo que a su vez empodera aún más a las bandas. mafiosa en los barrios y legitima su poder.
En este sentido, combatir estas prácticas requiere no solo acciones policiales, sino también un cambio cultural: entender que la tolerancia o indiferencia social ante delitos como la trata de personas, el contrabando o el mercado negro termina cobrándose vidas y libertades. Expertos en seguridad señalan que romper esos "hilos invisibles" de complicidad social es tan importante como desarticular a los cabecillas de las bandas. Para ello, se necesita mayor conciencia ciudadana y educación. Iniciativas comunitarias de denuncia anónima y campañas para no comprar robado o no financiar la explotación son parte de las estrateglas recomendadas.
Si no existe un esfuerzo colectivo por cerrar los mercados que dan oxigeno a estas organizaciones (ya sea el de bienes robados, drogas, migración clandestina o explotación sexual), las bandas siempre encontrarán cómo regenerarse incluso tras los golpes policiales. "Estas organizaciones funcionan como una empresa casi transnacional. operan con negocios ilícitos como la trata de personas, el tráfico de migrantes y de drogas y la extorsión, y solamente utilizan la violencia -que en muchos casos es extremapara amedrentar a sus enemigos o victimas, para demostrar su fuerza o para imponer sus reglas de trabajo", explicaba Raúl Arancibia, ex fiscal regional de Tarapacá. Esa descripción deja de manifiesto que detrás de la pistola apuntando hay toda una estructura económica que debemos desmantelar, y esa estructura se sostiene también en nuestros hábitos como sociedad.
EL RÉGIMEN DEL MIEDO: IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA COMPLICIDAD E "HILOS INVISIBLES": LA SOCIEDAD COMO ESLABÓN INVOLUNTARIO Lejos de ser un problema circunscrito solo al mundo delictual, la expansión de estas mafias nevela incómodas verdades sobre nuestra sociedad. Detrás de cada secuestro o extorsión exitosos suele haber dinero que cambió de manos, servicios ilegales consumidos o bienes robados que encontraron comprador. Esa cadena de complicidades, muchas veces involuntarias o indirectas, permite que el crimen organizado prospere.
Como señaló Héctor Barros, fiscal jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, "Si consume servicios de niñas explotadas sexualmente o compra un celular robado, usted tiene las manos con sangre igual que el Tren de Aragua". Con esta frase dura pero reveladora -emitida en una entrevista con La Tercerael fiscal Bamos enfatiza que el financiamiento de estas redes criminales depende, en alguna medida, de la demanda por sus "productos" y de la pasividad de la sociedad frente a sus delitos. La afirmación de Barros evidencia una verdad incómoda: el crimen organizado no solo se impone por la fuerza, sino que se alimenta de nuestras propias sombras.
Cada vez que alguien paga un rescate sin notificar a las autoridades, cada comerciante que entrega dinero a los extorsionadores para evitar ataques, cada ciudadano que opta por comprar mercancia de dudosa procedencia en la calle, se está convirtiendo -quizás sin quererloen un eslabón de la cadena criminal.
Es una colaboración silenciosa que normaliza la presencia Frente a un adversario de esta naturaleza flexible, violento, multinacional y enquistado incluso en la economia informal-, el Estado chileno se ve desafiado a articular una respuesta integral. Las soluciones tradicionales, basadas únicamente en la acción policial reactiva, resultan insuficientes.
Se requiere, según los especialistas, una combinación de inteligencia estratégica, persecución patrimonial [seguir y congelar el dinero de origen ilícito), Investigaciones complejas que desmantelen organizaciones completas y una presencia territorial efectiva del Estado en las zonas más vulnerables. En suma, abordar la seguridad no solo como un tema policial, sino también economia local, obligando a pagar por el derecho a trabajar o vivir en paz. Un informe reciente detalla cómo este fenómeno se ha extendido territorialmente. El arribo y expansión del Then de Aragua en Chile coincidió con el incremento de secuestros en ciertas zonas. De hecho, la presencia de esta megabanda venezolana se detectó primero en las regiones fronterizas de Arica y Tarapacá en 2018, para luego expandirse a ciudades mayores como Santiago y Concepción. En el periodo 2021-2022, cuando el Tren de Aragua afianzó su arraigo en el pais, los secuestros a nivel nacional saltaron de 500 a más de 820 casos.
Según un fiscal de Arica, "ellos jel Tren de Aragua] operaron con fuerza en 2021, y aún más fuerte en 2022", evidencia de que la incursión de estas bandas foráneas trajo consigo un salto abrupto en delitos violentos.
En algunas zonas donde la banda se asentó, la variación porcentual de secuestros llegó a ser especialmente pronunciada, mostrando que la instalación de estas células criminales va de la mano con nuevos métodos de amedrentamiento como el secuestro y la extorsión del que no paga las "cuotas" impuestas. Las mafias extranjeras han encontrado en Chile mercados atractivos y también ciertas vulnerabilidades institucionales que aprovechan para expandirse.
Se han detectado células de grupos venezolanos, colombianos o peruanos operando con una logistica antes inédita: arriendo de viviendas para usarlas como "ca sas de seguridad" o incluso "casas de tortura", Lo más preocupante de este fenómeno delictual no son solo las pérdidas económicas o la cifra de denuncias, sino la transformación cultural y social que genera. Estas organizaciones criminales instalan un régimen de miedo en los territorios donde operan, un miedo que erosiona poco a poco la cohesión comunitaria y la legitimidad del Estado. Ali donde las bandas se afianzan, la ciudadanía comienza a normalizar la violencia como si fuese "el costo de hacer negocios" o un riesgo inevitable de vivir en determinados barrios. Este insidioso cambio de mentalidad debilita un principio esencial de la vida en sociedad: la libertad. Bajo la sombra del miedo, muchas víctimas y comerciantes optan por no denunciar. Temen que acudir a la policía puede desencadenar represalias peores. Asi, cada rescate pagado en silencio, cada cuota de "protección" entregada resignadamente, se vuelve un ladrillo más en la muralla de poder que levantan estas mafias sobre la comunidad. Los vecinos dejan de confiar en las autoridades y en cambio se subordinan a las reglas que impone el crimen organizado, llegando a percibir su violencia como algo casi ineludible. En ciertos poblados del norte, por ejemplo, ya se habla de "zonas tomadas" donde los residentes ajustan sus rutinas (horarios, traslados, actividades comerciales) para no cruzarse en el camino de las bandas. Se instala asi una paradoja perversa: quienes deberian esconderse y temer son los delincuentes, pero es la gente honesta la que termina encerrada en sus casas, rehén de la inseguridad. Especialistas advierten que este fenómeno erosiona también la confianza pública en las instituciones. Si el Estado no logra proteger a sus ciudadanos, estos buscarán mecanismos LA RESPUESTA DEL ESTADO: INTELIGENCIA, PRESENCIA Y GOLPES AL PATRIMONIO CRIMINAL. Durante la última década, Chile ha sido testigo de un cambio profundo en su panorama delictual. Estadísticas recientes muestran un crecimiento exponencial de delitos que antes eran prácticamente desconocidos en el pais.
El secuestro, antes visto como fenómeno aislado, creció un 74% entre 2014 y 2024, alcanzando 3.649 casos, mientras que las extorsiones se dispararon en más de 7.000%, pasando de apenas 4 casos en 2014 a 303 en 2004, según el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Estas cifras representan no solo números, sino historias de víctimas y comunidades enteras sometidas a una nueva ola de violencia.
Ambos delitos generan un impacto devastador sobre las victimas y han pasado de ser hechos aislados a conformar un ecosistema criminal más estructurado y transnacional, Tras estos fríos porcentajes hay familias enteras marcadas por el miedo: personas retenidas contra su voluntad, amenazas constantes y pagos clandestinos para tratar de recuperar la seguridad perdida. La tendencia al alza coincide, inquietantemente, con la consolidación en Chile de organizaciones criminales extranjeras que hasta hace pocos años operaban lejos de nuestras fronteras. En los últimos diez años, Chile pasó de ver el secuestro como un delito aislado a enfrentar un auge alarmante de plagios y "impuestos" criminales.
Los raptos crecieron 74% y las extorsiones más de 7.000%, impulsados por la irrupción de bandas transnacion LA RESPUESTA DEL ESTADO: INTELIGENCIA, PRESENCIA Y GOLPES AL PATRIMONIO CRIMINAL Secuestros y extorsiones: La década en que el crimen organizado encadena a Chile FISCALIA MINISTERIO PÚBLICO como un desafio moral, cultural y social.
La creación de unidades especializadas, como el mencionado equipo ECOH de la Fiscalía, apunta en esa dirección. "El Ministerio Público llo creò a tiempo", afirma el fiscal Barros al referirse a este equipo élite, recordando que sin una instancia dedicada a crimen organizado transnacional, todo seria más complejo de investigar.
En efecto, gracias a la labor conjunta de fiscales, policias, analistas financieros y hasta expertos en cibercrimen, se ha logrado comenzar a mapear las redes de estas bandas: sus lideres, sus tentáculos internacionales, sus rutas de dinero y sus mercados ilicitos.
Un ejemplo del avance es que hoy se habla abiertamente de organizaciones identificadas operando en Chile (como las distintas células del Tren de Aragua, los "Gallegos", etc. ), lo cual es el primer paso para enfrentarlas.
Por primera vez, se reconoció en una sentencia judicial chilena la existencia del Tren de Aragua como organización criminal operando en el pais, luego de que el fiscal general Angel Valencia calificara de "histórico" el fallo que condenó a una docena de sus miembros. Este reconocimiento legal es crucial, pues visibiliza el problema en el ámbito jurídico y sienta precedentes para futuras acusaciones bajo la figura de asociación ilicita y terrorismo. Sin embargo, a pesar de los golpes necientes, el desafio sigue siendo enorme.
Chile aún está a tiempo de impedir que estas organizaciones criminales consoliden un poder paralelo en su territorio -asegura Pablo Urquizar, académico de la UNAB y coordinador del Observatorio de Crimen Organizadopero lograrlo requiere mucho más que operativos aislados.
Unquizar enfatiza que hace falta decisión politica al más alto nivel, una coordinación interagencial que incluya no solo a policias y fiscales, sino también a aduanas, servicio de impuestos internos, gobierno local y hasta relaciones internacionales.
Porque la amenaza es transnacional, la respuesta también debe serlo: compartir inteligencia con países vecinos, controlar fronteras de manera moderna [com tecnología y cooperación), y golpear no solo la "mano de obra" del delito, sino también sus finanzas y sus cómplices de cuello blanco. Las autoridades reconocen que cada operativo exitoso -cada banda desbaratada, cada rescate sin pago, cada cargamento incautadoenvia un mensaje importante: el Estado recupera el control. Pero también saben que esos logros no pueden ser espejismos momentáneos. Deben traducirse en un control permanente del territorio, en la recuperación de barrios tomados por la delincuencia y en la confianza de vuelta en la ciudadanía. La reciente experiencia de países cercanos muestra que cuando el crimen organizado logra erigir un "poder paralelo", revertir esa situación puede tomar décadas. Por eso Chile busca adelantarse antes de cruzar ese umbral. Es una carrera contra el tiempo, y el resultado definirá algo más que las tasas delictuales: definirá la calidad de vida y la libertad cotidiana de las próximas generaciones. TARAPACÁ: EL FRENTE NORTE EN LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS Mientras el fenómeno se expande a nivel nacional, algunas regiones viven en primera linea la batalla contra el crimen organizado. La Región de Tarapacá, en el extremo norte, se ha convertido en un foco critico tanto por la presencia de bandas extranjeras como por sus caracteristicas geográficas y sociales. Con extensas fronteras con Bolivia y cerca de Perú, Tarapacá es una puerta de entrada para flujos migratorios y también para ilícitos como el tráfico de drogas, de personas y el contrabando. No es casualidad que el Tren de Aragua fuera detectado por primera vez precisamente en esta región fronteriza alrededor de 2021. Desde entonces, distintas células del grupo venezolano y de otras organizaciones han intentado afianzarse en ciudades como Iquique, Alto Hospicio o en pequeñas localidades del Altiplano. Tarapacá ha experimentado en carne propia la evolución de estos delitos. Un caso emblemático ocurrió en enero de 2022, cuando un conocido comerciante de Iquique, de 67 años, fue secuestrado a plena luz del día cerca del mercado local. Sus captores, integrantes de una banda criminal con presencia extranjera, enviaron fotos de la víctima a su familia y exigieron un pago de $50 millones.
No contentos con eso, impusieron la condición de que el rescate fuera entregado fuera del país: pidieron a los parientes que cruzaran la frontera por Colchane [paso fronterizo hacia Bolivia) y realizaran el pago en el extranjero. Este modus operandi -exigir pagos transfronterizosevidenciaba ya la conexión internacional de los delincuentes y buscaba dificultar la acción de la policia chilena. Lamentablemente, ese rescate no pudo reunirse y el comerciante fue asesinado; su cuerpo apareció abandonado en un cerro desértico entre Iquique y Alto Hospicio.
Las investigaciones revelaron que detrás del secuestro estuvo una célula de extranjeros, y al menos un sospechoso venezolano de 24 años fue detenido por colaborar en ocultar el cadáver. "No estábamos acostumbrados a un fenómeno delictivo tan cruel o sanguinario", admitiria tiempo después la fiscal regional Trinidad Steinert, aludiendo a la violencia inédita que traian estas bandas foráneas. La fiscal María Trinidad Steinert, quien encabeza la Fiscalia Regional de Tarapacá desde 2024, se ha convertido en una figura clave en la lucha contra el crimen organizado en el norte. Tras especializarse en delitos violentos y pasar por la Fiscalía de Arica, Steinert asumió el reto de Tarapacá con una prioridad clara: desarticular las redes del Tren de Aragua y grupos similares.
Bajo su conducción, Tarapacá logró en 2025 un fallo histórico: la condena de 12 integrantes del Tren de Aragua por un total de 39 delitos, entre ellos homicidios, narcotráfico, tráfico de migrantes, secuestros, extorsiones y trata de personas.
En ese juicio, llevado a cabo en Iquique, se sentenció "entre otrosal principal lider de la organización en Chile, el venezolano Carlos González Vaca, alias "Estrella", y a su segundo al mando, Harol Rangel ("Petare"). Fue literalmente un golpe al corazón de uno de los enclaves principales de la banda en Chile: la localidad altiplánica de Colchane, utilizada por la organización como base fronteriza.
La relevancia de este caso radica en que, por primera vez, una corte chilena reconoció explicitamente la existencia de esta megabanda internacional operando en el país, lo que el fiscal nacional Angel Valencia calificó como "un fallo histórico". Para llegar a ese resultado, Steinert y su equipo tuvieron que Innovar en la forma de investigar: "El Tren de Aragua ha cambiado nuestra forma de investigar delitos en Chile.
Antes lo hacíamos de forma aislada, pero debimos darle un giro.. ver cómo se desarrollaban los distintos actores dentro de la organización criminal, inbegrar a nuevos profesionales y valernos de nuevas tecnologias", explicó la fiscal regional acerca de la estrategia usada.
La complejidad del juicio lo confirma: se presentaron unos 200 testigos, 38 peritos y más de 1.000 pruebas documentales y materiales, un volumen de evidencia sin precedentes en la región, reflejo de la escala industrial delictual que había alcanzado la banda. Pero Tarapacá no solo ha lidiado con el crimen importado; también enfrenta el desafío de evitar que la corrupción y la infiltración criminal socaven sus propias instituciones. En las últimas semanas, el pais se estremeció con la revelación de dos casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas traficando drogas en Tarapacá, algo inédito en la historia reciente de Chile. En un primer caso, siete militares del Ejército -junto a una civilfueron detenidos trasladando 192 kilos de cocaína desde la frontera con Bolivia hacia Santiago, usando vehículos institucionales en caravanas simuladas. Se descubrió que habían realizado al menos 10 viajes similares entre octubre de 2024 y junio de 2025, extorsiones masivas), y la amenaza de que esas redes comompan instituciones estratégicas. Pero también es en Tarapacá donde se están dando algunas de las respuestas más contundentes.
Además del histórico juicio al Tren de Aragua, la Fiscalía regional -con Trinidad Steinert a la cabezacontinua una labor incansable para perseguir las finanzas de estas bandas. "Se nos viene un desafio importante: ver donde están las platas, porque ellos se lucran de sus delitos. Estamos en camino de hacerlo, pero es una investigación reservada", afirmó Steinert recientemente, dejando entrever que el seguimiento del dinero (follow the money) es la próxima gran batalla.
Desmantelar las redes de lavado de activos y decomisar las ganancias ilicitas en Tarapacá no solo golpearia el bolsillo de las mafias, sino que serviría de escarmiento para quienes piensan que el altiplano es tierra de nadie donde el delito paga. UN DESAFÍO PAÍS CON EPICENTRO NORTINO Chile enfrenta hoy un desafío mayúsculo: impedir que secuestros y extorsiones se conviertan en parte del paisaje habitual.
El aumento de estos crimenes en la última década fue un lamado de alerta; la infiltración en Tarapacá de mafias y hasta de agentes del Estado corrompidos es la sirena de alarma que ya nadie puede ignorar. No se trata solo de un problema policial, sino de un combate integral que involucra a cada nivel de la sociedad. Desde La Moneda hasta el último poblado fronterizo, pasando por tribunales, cuarteles, escuelas y mercados, la tarea es reconstruir las barreras que impidan a estas organizaciones seguir ganando terreno.
En el corto plazo, esto implica neforzar el control territorial en zonas criticas: más carabineros y PDI en las calles de Iquique, Alto Hospicio o Colchane; más fiscalizadores en aduanas y rutas; más presencia del Estado donde antes solo llegaban las mafias.
Pero à largo plazo, significa reafirmar valores y confianzas: que la ciudadanía confie en denunciar, que vea resultados en esas denuncias; que los honestos sientan que pueden vivir y trabajar sin miedo; que los jovenes en riesgo tengan alternativas fuera de las pandilas. La libertad y la dignidad de las personas están en juego. Cada secuestro que se evita, cada extorsión que se denuncia y castiga, es una cadena rota que devuelve un poco de aire a nuestra sociedad. Chile est a tiempo de frenar esta tendencia antes de que sea tarde. Asi lo creen fiscales, policias y analistas, pero advierten que no hay margen para la complacencia. Decisión politica, inteligencia estratégica y liderazgo social serán las claves. Como nación, ya hemos aprendido dolorosas lecciones en seguridad en el pasado; esta vez, la amenaza es distinta, más soterrada y cruel, pero no invencible. Romper las cadenas del secuestro y la extorsión es un imperativo no solo para proteger a las víctimas directas, sino para rescatar nuestra forma de vida.
Y en ese esfuerzo, regiones como Tarapacá nos recuerdan tanto la gravedad del desafio como la importancia de dar la pelea unidos, con coraje y convicción, para que el miedo no dicte el destino de Chile. aprovechando su entrenamiento y conocimiento del terreno para evadir controles. Poco después, estalló un segundo escándalo: cinco suboficiales de la Fuerza Aérea [FACh] fueron sorprendidos intentando transportar 4 kilos de ketamina en un avión militar desde Tarapacá a la capital. Esta droga, usada para fabricar la llamada "tusi" o "cocaina rosa", fue detectada por personal de la misma institución al pasar una maleta por rayos X en la Base Aérea Los Cóndores, cerca de Iquique. Que miembros del Ejército y la FACh -supuestas primeras lineas de defensa nacionalestuvieran coludidos con narcotraficantes evidenció hasta qué punto el crimen organizado transnacional está tentando infiltrarse en estructuras del Estado. Para el Gobierno central, estos hechos marcaron un punto de inflexión.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, los calificó como "la situación mas grave que se ha enfrentado en el último tiempo" en materia de seguridad. "Es grave la corrupción en toda institución asociada al combate a las organizaciones criminales, pero es especialmente sensible en las instituciones vinculadas a la Defensa nacional. .. porque después de ellas no hay nada más", advirtió Cordero, subrayando que la peligrosidad de estas mafias es que operan en lugares estratégicos para el narcotráfico, como es la ruta logistica del altiplano. Al Ejecutivo le preocupa sobremanera que dos casos tan graves hayan ocurrido en la misma región: Tarapacá.
La reacción fue inmediata: el Presidente Gabriel Boric convocó a los altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y el Estado Mayor Conjunto a La Moneda, junto con los ministros del Interior y Defensa, para exigir tolerancia cero a la complicidad interna. En paralelo, el gobierno anunció medidas de control adicionales en el norte, como la revisión de protocolos en instalaciones militares fronterizas y el reforzamiento de la inteligencia en pasos criticos como Colchane. A nivel local, la indignación e inquietud tambiên se hicieron sentir. El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, sostuvo que estos episodios evidencian la necesidad urgente de revisar los filtros y controles en diversas instituciones públicas para frenar la penetración del crimen organizado. Carvajal planteó que se deben examinar organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SI) y Aduanas, entre otros, para detectar posibles vulnerabilidades que estén siendo explotadas por las mafias.
También criticó que la investigación de los funcionarios de la FACh la asumiera inicialmente la Fiscalía de Aviación [es decir, la justicia militar] en vez de la justicia ordinaria, indicando que todos los involucrados en delitos comunes deben ser juzgados como cualquier ciudadano, sin privilegios de fuero militar. Estas palabras del gobernador reflejan la desconfianza creciente hacia cualquier opacidad que impida sancionar a quienes, desde dentro del Estado, colaboren con el crimen.
Tarapacá se ha transformado asi en una especie de laboratorio donde se manifiestan simultáneamente las distintas facetas del fenómeno: la instalación de mafias extranjeras extremadamente violentas, la mutación de los delitos tradicionales hacia formas más crueles [secuestros con homicidios,.