Poder judicial: una crisis que demanda cambios estructurales
Poder judicial: una crisis que demanda cambios estructurales PODER JUDICIAL: una crisis que demanda cambios estructurales Se requiere reestablecer la confianza perdida sobre la base de nuevos arreglos institucionales que lleven a nuevas lógicas de funcionamiento vinculadas a la transparencia, el mérito y la integridad. Cristián Riego Rariirez Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales El Poder Judicial enfrenta su más grave crisis en varias décadas.
A partir de los audios del abogado Luis Hermosilla, conocidos a partir de noviembre de 2023, se ha develado una amplia red de tráfico de influencias y coimas que, hasta ahora, involucra a varios jueces de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, a conservadores conservadores de bienes raíces, a notariosya abogados litigantes. Esta crisis da cuenta de unproblema conocido, pero al que hasta ahora las autoridades han eludido encarary en el que confluyen dos disfunciones institucionales.
Por una parte, está la persistencia de un sistema de designaciones en el que participan los propios jueces, el gobierno y el parlamento, que es completamente informaly discrecional y en el que desde hace ya mucho tiempo se han instalado las peores prácticas de nepotismo, intercambio de favores y redes de tráfico de influencias.
Hasta hace poco existía la percepción deque, si bien las designaciones se hacían de modo arbitrario, con total desapego al mérito o a las capacidades de los postulantes, al menos no existían intereses económicos vinculados con ellas.
Pero hemos descubierto que existen pagos, ya sea por contribuir a la designación de algún funcionario o por colaborar con abogados litigantes en algún caso, lo que suele estar asociado a favores para la promoción del juez en cuestión.
El segundo problema tras esta crisis es la existencia de un sistema notarialy de registro de la propiedad donde los incumbentes han logrado una extrema limitación en el número de cargos, lo que les ha permitido concentrar un gran poder económico.
El vínculo entre el sistema notarial y el judicial está en que los notarios y conservadores conservadores son designados de modo similar a los jueces y con participación de estos (esto cambiará a partir de marzo de 2026), quienes además están encargados de controlar su actividad. Esta situación ha derivado en que notarios y conservadores han entrado a participar en el sistema de tráfico de influencias del Poder Judicial con abundancia de recursos económicos y, consecuentemente, un gran poder corruptor. La enorme presión publica sobre estos escándalos ha permitido que hasta ahora se haya avanzado en su esclarecimiento y sanción por tres vías. Por una parte, el propio Poder Judicial ha llevado a cabo procedimientos de sanción administrativos, y ha removido a algunos jueces involucrados en los casos más visibles. Por otra parte, el Congreso ha realizado varias acusaciones constitucionales contra diversos ministrosyha removido a algunos que no han sido sancionados en el propio sistema judicial. Por último, el Ministerio Público se encuentra persiguiendo criminalmente a varios de los involucrados, concentrándose concentrándose hoy principalmente en los abogados litigantes. Hasta ahora la persecución de los involucrados y el desmantelamiento de las redes parece funcionar adecuadamente. adecuadamente.
La Corte Suprema, en lo referido al ministro Antonio Ulloa integrante de la Corte de Apelaciones acusado de participar en la red de influencias develada en el llamado caso Hermosilla, se mostró reticente a aplicar sanciones, aparentemente debido a la fuerza de sus lazos con parte del tribunal.
No obstante, el Congreso procedió a removerlo rápidamente y eso parece haber operado como potente señal de que no hay lugar para ese tipo de protecciones corporativas.. Poder judicial: una crisis que demanda cambios estructurales Lo más urgente: nueva modalidad de designación de jueces No obstante, el problema es de una magnitud tan profunda que las sanciones no son suficientes.
No lo son, por una parte, porque los involucrados en las malas prácticas no se limitan a los hasta ahora denunciados y, por otra, porque, aunque las sanciones generen un efecto general de intimidación, lo más probable es que, pasado algún tiempo, ellas puedan reinstalarse.
Desde el punto de vista de la opinión pública, el daño a la credibilidad del sistema es tan grande que se requieren medidas estructurales que permitan reestablecer la confianza perdida sobre la base de nuevos arreglos institucionales que ofrezcan la perspectiva de instalar nuevas lógicas de funcionamiento vinculadas a la transparencia, el méritoyla integridad. Las reformas más importantes que es necesario encarar están en el sistema de nombramiento de los jueces y su disciplinamiento, y también en el sistema notarial. Lo más urgente es el sistema de designación de los jueces.
Lo importante es establecer un sistema de concursos verdaderamente competitivos y que transformen transformen al sistema judicial en una estricta meritocracia. como Presidenta de la Corte Suprema: «Cuando se deja de confiar en la justicia, no solo se resiente el servicio judicial, sino también el Estado de derecho y el sistema democrático» (6 de enero). Supone regular de modo preciso el modo como deben desarrollarse los concursos, las formas de postular, la manera de evaluar a los postulantes y los criterios para dicha evaluación.
Todo eso debe ser además protegido por reglas muy precisas que aseguren la transparencia del proceso, la exclusión de cualquier influencia externa yla obligación de inhabilitación de cualquier decisor que _______ _____ Z] Wb bb. 4 Gloria Ana Chevesich, al asumir. Poder judicial: una crisis que demanda cambios estructurales Las reformas más importantes que es necesario encarar están en el sistema de nombramiento de los jueces y su disciplinamiento, y también en el sistema notarial.
En esta materia la nueva ley que regula el notariado está marcadas por sospechas de corrupción en su larga tramitación, aunque, por lo menos, avanza en separar las designaciones de los notarios de las de los jueces y entregarlas al sistema de Alta Dirección Pública. No obstante, mantiene en manos de funcionarios judiciales la supervisión de notarios, conservadores y archiveros. tenga algún compromiso o, incluso, de conocimiento de cualquier postulante.
El avance que en esta materia se registra es un proyecto presentado por el Gobierno por el cual se crea un nuevo sistema de designaciones a cargo de un grupo de jueces y representantes de los poderes legislativo y ejecutivo. Dicha propuesta ofrece la oportunidad de una mejora si se le incorporan reglas más precisas que regulen los concursos, garanticen su competitividad y excluyan cualquier posibilidad de tráfico de influencias. De lo contrario, se podría producir el solo efecto de que cambiaría a un nuevo órgano la sede de las negociaciones y del intercambio de favores que hoy se da en los tribunales superiores. Esto último es, por lo demás, la experiencia generalizada con este tipo de reformas en América Latina. En cuanto al sistema disciplinario, no han existido existido avances significativos y no parece ser una prioridad. Lo que se requiere es quitar esa función a los tribunales superiores y entregarla a alguna comisión o consejo que pueda ejercerla de modo independiente. Al mismo tiempo, se necesita un conjunto de reglas precisas que determinen las conductas sancionablesy sus consecuencias. La Corte Suprema ha generado un código de ética judicial que representa un avance, pues establece parámetros básicos del comportamiento judicial. No obstante, se requiere un instrumento legal, dado que las obligaciones de los jueces deben tener una legitimación democrática emanada de los órganos representativos de la ciudadanía. Separar los sistemas notarial y judicial Otra cuestión fundamental es la completa separación entre el sistema notarial y el sistema judicial.
El primero primero ha tenido un efecto contaminante muy agudo y ha acentuado las prácticas de tráfico de influencias debido a los enormes recursos que los notarios manejan y a la posibilidad que estos tienen de hacer favores o regalos, y de otorgar acceso a las redes e influencias en especial, políticas que permiten el acceso a cargos.
No aparece como prioridad En resumen, la crisis del Poder judicial ha dado lugar a medidas sancionatorias importantes, que han dado lugar a la remoción de tres ministros de la Corte Suprema y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, existen causas penales que podrían significar graves a algunos de esos jueces. Esto ha generado un enorme impacto dentro del propio sistema judicial y probablemente en los próximos tiempos exista una tendencia a un mejor comportamiento. No obstante, las reformas estructurales están aún en pafiales. El Gobierno del presidente Gabriel Boric se ha mostrado mostrado extremadamente pasivo y no ha habido de su parte manifestación relevante alguna en cuanto a la crisis. Todo lo que ha hecho es presentar el proyecto de designaciones judiciales que, si bien instala un tema importante, está muy lejos de lo que se necesita para superarla. El nuevo Gobierno no ha planteado hasta ahora cuáles son sus planes. Es de esperar que se haga cargo de la necesidad de hacer reformas importantes, pero es difícil anticipar cuál puede ser su orientación de esos cambios.
En nuestra opinión, la superación de la crisis supondría supondría reformas sustantivas al sistema judicial, las que requerirían un consenso político importante que les dé sustento por un periodo de tiempo relativamente extenso y que, sobre todo, les otorgue credibilidad en el sentido de no estar orientadas a politizar de ningún modo a los jueces sino a garantizar su neutralidad e independencia.
Desgraciadamente eso se ve difícil: primero, porque el tema no aparece como prioritario y, segundo, porque otros temas que sí lo son, como la seguridad o la inmigración, pueden generar que las diversas fuerzas políticas tiendan a percibir al sistema judicial como un elemento que puede ser parte de las disputas políticas.
Respecto de ambas cuestiones, el sistema judicial puede jugar un rol como límite o instrumento de políticas que pueden ser objeto de controversia política y, de ese modo, podrían quedar en medio de las disputas que puedan producirse, lo que a su vez dificultaría los consensos necesarios para permitir las reformas institucionales orientadas a garantizar la independencia de los jueces. 1%!.