EDITORIAL: El caso Cualiffy y la delgada línea entre innovación y abuso de datos
EDITORIAL: El caso Cualiffy y la delgada línea entre innovación y abuso de datos La La polémica en torno a Cualiffy no solo pone sobre la mesa los límites legales del uso de la ClaveÚnica, sino que evidencia una peligrosa zona gris donde la tecnología, sin fiscalización ni ética, puede transformarse en una amenaza a la privacidad de los ciudadanos. En un entorno donde la digitalización de los servicios públicos ha avanzado con fuerza, la ClaveÚnica se ha convertido en una herramienta central para validar la identidad y realizar trámites ante el Estado. Su objetivo era claro: facilitar el acceso a derechos y servicios, no convertirse en una puerta trasera para que empresas privadas accedan a información sensible de las personas. Por eso, el caso de la plataforma Cualiffy ha encendido las alarmas. Usando el ingreso voluntario de la ClaveÚnica por parte de los usuarios, el sistema es capaz de generar un “certificado laboral” que expone antecedentes tan delicados como licencias médicas o boletas de honorarios. Todo bajo una fachada de eficiencia, pero sin ningún tipo de autorización ni supervisión por parte de las autoridades competentes. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido enfático al recordar que la ClaveÚnica no es un dato que pueda ser exigido por empresas. “Es propiedad de la persona, del ciudadano”, señaló, y advirtió que el uso indebido de esta herramienta puede derivar en sanciones penales. A ello se suma la solicitud formal de retirar los logos oficiales del sitio de Cualiffy, así como las gestiones ante Sernac y la Agencia Nacional de Seguridad para tomar cartas en el asunto.
Lo preocupante no es solo la acción puntual de una empresa, sino la señal que se transmite al ecosistema digital: mientras más se expanda el uso de plataformas automatizadas, mayor será la tentación de cruzar los límites entre lo permitido y lo funcional.
Y si no existe un control riguroso del Estado Señalar que en diciembre de 2026 entrará en vigencia la nueva legislación sobre protección de datos personales, las personas quedarán expuestas a la manipulación de su información personal como si fuera una moneda de cambio. Cualiffy ha expuesto una falla sistémica: el desconocimiento masivo sobre los riesgos del uso de datos personales y la falta de mecanismos rápidos y efectivos para impedir estos abusos. La confianza digital, al igual que la bancaria, no se construye solo con innovación, sino con garantías, transparencia y responsabilidad.
El llamado, entonces, no es solo a Cualiffy o a otras empresas que pretendan “facilitar trámites” sin cumplir con la ley, que por cierto, se defendió en un comunicado señalando que “cumple con la legislación vigente en materia laboral y de protección de datos.
No se incluyen contenidos clínicos, diagnósticos ni interpretaciones sensibles”. El llamado es también al propio Estado, que debe fortalecer sus mecanismos de fiscalización, actualizar su legislación en materia de protección de datos personales y, sobre todo, educar a la ciudadanía en el uso seguro de sus credenciales.
El caso Cualiffy y la delgada línea entre ¡ nnovación y abuso de datos Lo preocupante no es solo la acción puntual de una empresa, sino la señal que se transmite al ecosistema digital: mientras más se expanda el uso de plataformas automatizadas, mayor será la tentación de cruzar los límites entre lo permitido y lo funcional..