Autor: Cristian Rodríguez Salas Director Instituto de Políticas Públicas Universidad Católica del Norte

Columnas de Opinión: Gobernar los campamentos
Columnas de Opinión: Gobernar los campamentos n Antofagasta, los campamentos ya no pueden leerse como una anomalía pasajera ni como un simple problema de control urbano. Son la expresión más visible de una fractura más profunda entre crecimiento, acceso a la vivienda y capacidad del Estado para ordenar el territorio. La región a pesar de sus fortalezas convive con un déficit habitacional severo y con un mercado residencial crecientemente excluyente. Según el Censo 2024, Antofagasta tiene 635.416 habitantes, 213.747 hogares y 124.006 personas nacidas fuera del país, equivalentes a cerca de una quinta parte de su población. Al mismo tiempo, el promedio de personas por hogar ha seguido bajando, lo que aumenta la demanda por nuevas soluciones residenciales. Esa presión demográfica existe, pero por sí sola no explica el problema: lo vuelve más urgente. Lo decisivo es que esa presión demográfica se encuentra con un mercado que expulsa. El Ministerio de Vivienda estimó, a partir del Censo 2024, que Antofagasta registra un déficit habitacional cuantitativo equivalente al 12,6% de sus hogares, una de las tasas más altas del país. Además, el 34,6% de los hogares regionales vive en arriendo, una de las proporciones más elevadas de Chile.
En otras palabras, no estamos solo ante falta de viviendas, sino ante un problema más complejo: viviendas caras, arriendos difíciles de sostener, localización desigual y una oferta formal que no logra absorber a quienes sí trabajan, sí forman hogar y, aun así, quedan fuera del sistema. Por eso el crecimiento de los campamentos ha sido mucho más rápido que el de la población. El Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 registró 154 campamentos y 15.855 familias en la Región de Antofagasta, con aumentos significativos respecto de la medición anterior. La comuna de Antofagasta, por sí sola, concentra el mayor porcentaje de campamentos del país. Esa magnitud obliga a abandonar dos simplificaciones igualmente equivocadas: pensar que todo se resuelve solo con desalojos, o creer que todo puede regularizarse sin distinguir riesgos, suelos y capacidades reales. La política pública necesita, entonces, un cambio de escala y de enfoque. Gobernar los campamentos no es creer que los campamentos terminan resolviéndose solos, pero tampoco puede ser administrado por la vía coercitiva.
La experiencia comparada apunta a una estrategia más integral: radicación y urbanización donde el suelo lo permita; relocalización cercana donde no lo permita; control temprano de nuevas ocupaciones; persecución de loteadores y redes de abuso; y, al mismo tiempo, protección explícita para quienes esperan vivienda por la vía regular. Ese equilibrio es clave para sostener la legitimidad. Si la solución a campamentos se construye desplazando a los postulantes habituales, el Estado agrava la desconfianza. Si, en cambio, separa carriles, protege cupos y transparenta criterios, puede combinar emergencia y justicia. El desafío, en definitiva, no es solo habitacional. Antofagasta necesita decidir si seguirá reaccionando como un síntoma incómodo o si los asumirá como una prueba mayor de gobernanza territorial. Autor: Cristian Rodríguez Salas Director Instituto de Políticas Públicas Universidad Católica del Norte. C Columna