Autor: • MARÍA JOSÉ TAPIA

MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE: “No sacas nada con crear áreas protegidas si no tienes recursos para gestionarlas”
MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE: “No sacas nada con crear áreas protegidas si no tienes recursos para gestionarlas” Fue el primer Chile Day de Medio Ambiente. La cartera nunca había expuesto en una instancia así. La ministra Francisca Toledo fue a Toronto por 24 horas, de domingo a lunes. “Es una señal potente del Gobierno, porque el esfuerzo que se está haciendo de volver a recuperar la senda de crecimiento no se puede proyectar sin Medio Ambiente. Y el ministerio tampoco debe restarse”, señala en el lobby del hotel en Toronto. El día que expuso cumplía dos meses liderando la cartera. Venía de Libertad y Desarrollo, aunque había asesorado a las dos administraciones del presidente Piñera. Hoy reconoce que ha sido “fascinante”, aunque demandante. Tiene ya a todos los seremis nombrados.
Hereda un ministerio que venía asociado, de parte del sector privado, a entorpecer el crecimiento, ¿está cambiando esa visión? “En períodos anteriores se pensó que MMA era reacio a temas relacionados con el crecimiento y eso le hace un daño al país, porque la responsabilidad que tiene el ministerio es asegurar y proyectar ese desarrollo sustentable que mandata la ley, que tiene tres áreas: protección del medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico. Cuando el ministro se resta de la conversación esta triada queda coja”. Pero hubo una tensión importante entre crecimiento y medio ambiente. “Distintos temas a lo largo de los años han ido tensionando esta relación, que es totalmente artificial. Los países más desarrollados tienen indicadores ambientales espectaculares. O sea, sin crecimiento no puedes tener una vía de protección ambiental. Por ejemplo, no sacas nada con crear áreas protegidas si no tienes recursos para gestionarlo”. Incluso en el gobierno anterior se llegó a hablar de decrecimiento.
“Sin perjuicio de que está entendido que el crecimiento tiene que ser de la mano de medio ambiente, cada cierto tiempo aparecen estos discursos y uno tiene que estar atento y reforzando que esto no solo se puede, sino que es la única forma”. Meta de 51 proyectos: “La vamos a cumplir”. El mandato del Presidente fue sacar 51 proyectos con reclamación pendiente en 90 días. ¿Se logrará esa meta? “Estamos trabajando en eso. Llevamos 28 proyectos que resolvieron las reclamaciones, es el 55% de la meta y vemos que la vamos a cumplir. Hay un par de proyectos que deben ser vistos por el Comité de Ministros y otros que se ven a nivel de la dirección ejecutiva del SEA.
Estamos con citaciones cada dos semanas del Comité de Ministros, ya llevamos cuatro secciones y vamos a tener al menos una reunión mensual de aquí en adelante”. ¿De los 28, se ha rechazado alguno? “Sí, no se han acogido algunas reclamaciones en la Dirección Ejecutiva”. Porque la crítica también apunta a que acá se va a aprobar todo. “No, aquí todo se está haciendo con un tremendo estándar técnico. Estamos buscando las ineficiencias de los procesos y viendo cómo las reducimos para resolver ¿ Qué va a pasar con los sitios prioritarios? “Fue complejo cómo se gestionó y obviamente derivó en una tensión importante. Llegamos y nos encontramos con este proceso de consulta, con cerca de 10.000 observaciones, eso es mucho. Suspendimos este proceso para revisar con detalle las observaciones. Además, fueron puestos en consulta indígena en el gobierno anterior. Y nos encontramos con 15 reclamaciones administrativas contra ese proceso, las tuvimos que desestimar porque no apuntaban al acto administrativo terminal, sino a un acto intermedio.
Pero sí nos Han reingresado cinco decretos, de los 43 que retiraron con mayor agilidad”. Desde la tramitación de Barrancones, Dominga, se ha involucrado el factor político en estas decisiones. ¿Se puede limpiar completamente esa variable? “Es que todas las decisiones son técnicas, los servicios concurren con sus observaciones en base a sus competencias sectoriales. Y las Coeva en un 90% de los casos votan en relación con la recomendación que propone el servicio”. Pero se ha involucrado la política, lo que genera incertezas. “Efectivamente, se han dado situaciones con algunos proyectos que han tendido a dar este tinte, pero son excepcionales. El sistema ha ido adquiriendo una expertise técnica importante.
Y de hecho, nuestro objetivo dentro del proyecto de ley de Reconstrucción viene a reforzar esa capacidad técnica del SEA a través de la rectoría técnica”. además, incluye un procedimiento voluntario que el titular lo solicita y se reducen las evaluaciones de las DIAS.
Eso requiere que los proyectos lleguen con un nivel de formulación más acabado, porque habrá una instancia menos para hacer ajustes”. ¿No puede generar problemas de certeza, el tramitar reformas al SEA en dos proyectos paralelos, como se ha dicho? ¿ Falta que lleguen mejores proyectos? “No existe dicho problema; ambos proyectos conversan entre sí y son complementarios, y se articulan en torno a un mismo objetivo: otorgar certeza a los distintos actores, agilizar los procesos, pero sin reducir los estándares ambientales”. “A veces hay proyectos que se van ajustando en el proceso, por eso este procedimiento es una invitación. Es decir, puede optar a tener menos plazo, pero requerimos que el proyecto llegue con un mayor nivel de desarrollo.
No es que este tiempo de evaluación desaparezca, sino que se distribuye de otra manera”. ¿Ingresarán indicaciones sustitutivas al proyecto del SEA en trámite? El artículo respecto a compensar los gastos si es que se invalida judicialmente una RCA ha sido objeto de reparos incluso por la Corte Suprema, ¿tendrá ajustes? “Está el proyecto de la administración anterior, y que es una buena base de discusión, tiene aspectos concordados, como por ejemplo, la Rectoría Técnica del SEA, o el mecanismo de la invalidación impropia, que no puedes hacer uso de recursos administrativos para invalidar la RCA que permitía reclamar dos años después, dado que existe un procedimiento especial en la Ley 19.300.
Ahora, hay cosas a las que le vamos a hacer ajustes”. “La norma, busca proteger la confianza legítima del titular de un proyecto que ha realizado una inversión y cuya RCA, que cuenta con presunción de legalidad, ha sido anulada por sentencia judicial.
Lo que se restituye corresponde a los gastos directos y efectivos, no ampliándose a otros ámbitos, siendo consistente con lo señalado por el informe de la Corte Suprema, debido a que se establecen resguardos específicos: exige que estos consten en antecedentes contables y documentales, acreditados mediante contabilidad separada. Estos elementos son el límite de la restitución, por lo que su alcance se encuentra acotado. Además, la norma excluye la restitución de los gastos cuando estos se funden en antece¿ A qué se hará ajustes? “Hay una discusión que no está cerrada respecto de la institucionalidad final del servicio.
El proyecto de Reconstrucción, Sitios prioritarios: “Estamos apoyando un proyecto que pide que este proceso cuente previamente con un reglamento” dio una primera señal de que una vez que se notifique este acto, se van a judicializar todas. De hecho, una comunidad ya presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y esta semana emitimos el informe con los antecedentes. Y ahora, tenemos que esperar lo que resuelva la corte para ver cómo seguimos. Y también estamos apoyando un proyecto de ley que pide que este proceso cuente previamente con un reglamento.
Estamos a la espera de que se vote y avance y pase ese segundo trámite”. “Efectivamente, porque yo puedo preguntar, ¿por qué hay 99 sitios? ¿ Por qué no 110? ¿ Por qué no 50? Entonces, si no resolvemos esa base inicial, este tema va a estar siempre cuestionado”. ¿Y es prioritario sumar hoy el avances en sitios prioritarios, cuando existen tantas materias en que se deben dar certezas? “Es importante para nosotros que todos los instrumentos que tiene la ley 21.600 se definan, se armen bien y se pueden implementar.
Esa es nuestra principal preocupación”. Un reglamente que los privados pedían. dentes falsos, incompletos o inexactos imputables al titular”. ¿Por qué el Estado tiene que compartir el riesgo de un privado? “Es una señal clara del compromiso que estamos teniendo no solo con los ajustes institucionales, sino con que estamos por esos buenos proyectos”. ¿La idea es que el SEA concentre las decisiones y se eliminen las Coeva? “La discusión está abierta. Sí hay consenso en reforzar la expertise técnica que ha ido adquiriendo el servicio. Y de que al menos tiene que haber una instancia colegiada que resuelva estos procesos de reclamación posterior.
Ahora bien, estoy esperando las observaciones de este segundo trámite en la comisión de Medio Ambiente, son diputados que no han visto el proyecto”. ¿Y terminará el Comité de Ministros? “El Comité de Ministros está vigente en la institucionalidad.
Y está muy asociado a la discusión institucional que se canalice de la reforma al SEA”. ¿Y cuál es su opinión? “Insisto, hay un acuerdo en que al menos tiene que haber una instancia colegiada que revise las instancias de reclamación.
Ahora, con qué detalle, no quiero adelantar porque falta mucha opinión de parlamentarios”. ¿Cómo avanza la modificación de los Tribunales Ambientales? “Está bastante claro que el proceso de designación de los miembros del Tribunal Ambiental no da para más; toma mucho tiempo, porque es el único nombramiento en que participan los tres poderes del Estado.
La idea es ingresar el segundo semestre un proyecto, tratando de darles agilidad a los tribunales”. Decretos: “Hemos reingresado cinco” Se retiraron 43 decretos, ¿cuántos se han reingresado? “Hemos reingresado cinco, y estamos ad portas de ingresar el asociado al que hacía un ajuste al reglamento de evaluaciones ambientales estratégicas. Estamos trabajando también para introducir tres reglamentos asociados al SBAP.
Y estábamos por ingresar el de ACMU (Área de Conservación de Múltiples Usos) de Río Colorado, pero estamos haciendo precisiones porque hay inconsistencia en temas de polígono”. ¿Y en cuánto tiempo reingresan los otros? “Lo estamos evaluando, porque hay unos que tienen distinta complejidad, pero lo antes que podamos. Varios de los decretos que estaban en observación eran del SBAP que están todos atrasados.
Y es en parte por eso que estamos solicitando más plazos en el proyecto de ley de Reconstrucción para contar con un tiempo más razonable para finalizar la revisión”. ¿Pero se mantiene la idea de reingresar todos, como aseguró? “Estamos trabajando en esa línea.
Hemos tenido que reconstruir expedientes, porque no estaban todos los antecedentes”. ¿Ahora, cómo se da certeza si el Consejo de Monumentos Nacionales puede seguir frenando iniciativas por “una tapita de Coca-Cola”? “El tema de la inversión es complejo, hay una parte importante que se asocia al Servicio de Evaluación Ambiental, pero es bastante más amplio. Efectivamente, el Consejo Monumento ha tenido un rol bastante cuestionado, pero el ministro (de las Culturas) está trabajando de la mano con los equipos de la subsecretaría, del consejo, para ir resolviendo rápido.
De hecho, informaron resoluciones de informes de hallazgo que sacaron en tiempos bastante menores”. ¿Pero habrá modificaciones en esa instancia? “El ministro de Cultura tiene mayores antecedentes, pero se está trabajando en un proyecto de ley en esa línea.
El ministro está dando señales de que aquí hay un cambio de mano, una forma de trabajar distinta”. Y también están las comunidades indígenas, proyectos que se han paralizado por falencia en la consulta y la emergencia de comunidades no reconocidas... “Todo ello le compete a Conadi, nosotros nos estamos asegurando de que al menos desde la evaluación ambiental el proceso se aplique como lo dispone la ley”. Las ONG, como Greenpeace, también se han rearmado. “En la medida que haya preocupación por Chile son todos bienvenidos en la discusión”. Francisca Toledo dice que sin crecimiento no se puede diseñar una política ambiental.
Afirma, además, que la meta de resolver 51 proyectos con recursos pendientes, “la vamos a cumplir”. Ya han dilucidado 28, mientras afirma que la institucionalidad del SEA sigue en análisis y defiende la restitución de gastos si una RCA es invalidada. “Es una señal de compromiso”. Hay consenso de que al menos tiene que haber una instancia colegiada que resuelva procesos de reclamación posterior”. Autor: MARÍA JOSÉ TAPIA. Francisca Toledo dice que sin crecimiento no se puede diseñar una política ambiental.
Afirma, además, que la meta de resolver 51 proyectos con recursos pendientes, “la vamos a cumplir”. Ya han dilucidado 28, mientras afirma que la institucionalidad del SEA sigue en análisis y defiende la restitución de gastos si una RCA es invalidada. “Es una señal de compromiso”. Hay consenso de que al menos tiene que haber una instancia colegiada que resuelva procesos de reclamación posterior”. Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, expuso el lunes en Toronto.