Columnas de Opinión: La deuda estudiantil no es delito
Columnas de Opinión: La deuda estudiantil no es delito A propósito de las últimas apariciones de prensa, se ha dado a conocer una denuncia por la omisión de deudas estudiantiles en declaraciones de intereses y patrimonio, entre las cuales me encuentro. Y es importante partir por una premisa básica: tener deuda estudiantil no es delito.
Hoy existe una investigación en etapa inicial, y será el Ministerio Público quien determine si existen antecedentes para configurar perjurio, un delito que exige acreditar mala fe y dolo, es decir, la intención deliberada de ocultar información. Eso, en este caso, simplemente no existe. No basta una omisión, menos aún cuando se trata de deudas que muchas veces ni siquiera aparecen en los sistemas comerciales tradicionales y cuya declaración ha sido, además, una práctica no estandarizada en el tiempo. Por transparencia, esta declaración fue rectificada conforme a los mecanismos institucionales. Pero rectificar no es reconocer dolo ni intención de engañar. Lo preocupante es que se instale una sospecha sin sustento, generando confusión y adelantando juicios en la opinión pública. En democracia, las responsabilidades penales no se presumen: se prueban. Por Nathalie Castillo, diputada de La República Pero aquí hay un punto de fondo que no se puede ignorar.
Mientras se intenta instalar esta polémica, el gobierno y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, están avanzando en debilitar la gratuidad universitaria (limitando su acceso hasta los 30 años, por ejemplo) y endurecer los mecanismos de cobro de las deudas estudiantiles, incluso a través de la Tesorería General de la República. Esto es grave. Porque significa que el Estado, que promovió el endeudamiento de miles de familias como única vía de acceso a la educación superior, hoy pretende transformarse en un cobrador implacable contra esos mismos jóvenes. Frente a esto quiero ser clara: no corresponde que el Estado cobre deudas estudiantiles como si fueran impuestos. El CAE es una obligación de carácter civil, no tributaria. Por eso, impulsaré un proyecto de ley que establezca que cualquier cobro se realice exclusivamente mediante juicio ejecutivo, garantizando el debido proceso y el derecho a defensa antes de cualquier afectación patrimonial. Porque no se trata solo de una discusión administrativa. Se trata de justicia, de reglas claras y de no seguir castigando a quienes tuvieron que endeudarse para poder estudiar..