La cuenta final del gobierno de Gabriel Boric: las promesas cumplidas, las que siguen pendientes y las que no se cumplirán
La cuenta final del gobierno de Gabriel Boric: las promesas cumplidas, las que siguen pendientes y las que no se cumplirán Este domingo 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric entregará su última cuenta pública.
En esta repasará principalmente lo realizado y las promesas cumplidas, pero el foco también estará puesto en los compromisos que fue adquiriendo desde su primera cuenta pública del 2022 y que por distintas razones no ha materializado. En el balance, se puede afirmar que uno de sus mayores logros ha estado radicado en la agenda laboral. Se aprobó y es ley la reducción de la jornada a 40 horas, el alza del salario mínimo a $500 mil y la reforma de pensiones. En materia tributaria, destaca la ley antievasión. Ahora, en la otra vereda, entre las promesas incumplidas aparece la reforma al impuesto a la renta y la negociación ramal como las principales.
También quedará en deuda en la creación de empleo y en elevar el PIB tendencial al 4%. Y entre lo que está a medio camino, destacan los proyectos de permisos sectoriales y la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
CARLOS ALONSO 40 horas, salario mínimo y antievasión, las que se cumplieron --En la primera cuenta pública del 2022, el Presidente Gabriel Boric comprometió ingresar un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Junto a ello, también se fijó subir el salario mínimo a $500 mil. En la segunda cuenta pública del 2023, ambas legislaciones ya estaban aprobadas. Si bien la reducción de la jornada tuvo varios cambios en el camino y se incorporaron medidas de flexibilidad laboral, será una de las principales reformas estructurales que dejará esta administración. Sobre el salario mínimo, para la segunda cuentan pública ya estaba aprobada la ruta que seguiría el incremento salarial hasta llegar a los $500 mil en julio del 2024. En la primera cuenta pública también se anunció la reforma de pensiones, que tuvo una compleja discusión legislativas y varios cambios en el camino, terminando siendo aprobada una ley muy distinta a la presentada. Otro de los proyectos que ya es ley fue anunciado Nuevos anuncios: proyecto pro Inversión y sistema de renta para las pymes en la cuenta pública 2023. Se trata de la ley de Conciliación Trabajo, Vida Personal y Familiar. Una suerte distinta ha tenido la reforma tributaria.
En la cuenta pública del 2022 anunció que esta atacará "las bases de la desigualdad, gravando los altos ingresos patrimonios, las rentas mineras y los resquicios legales". La reforma tributaria se rechazó en su idea de legislar en marzo del 2023 y el anuncio se diluyó por completo, ya que el gobierno tuvo que desarmar la idea original y dividir en dos la propuesta.
Por ello, la reforma tributaria anunciada en 2022 fue nuevamente relevada en la cuenta pública del 2023 sin mayor éxito hasta que en 2024 Boric volvió a la carga, pero con otro nombre: Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabi--Entre los nuevos anuncios que se espera realice el Presidente Boric en esta cuenta pública destacan varias materias ligadas a la inversión.
De hecho, el jueves pasado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que el gobierno presentará un proyecto de ley con incentivos tributarios para promover el desarrollo de proyectos relacionados a la industria del hidrógeno verde. Además, el titular de la cartera informó que el gobierno presentará un proyecto de ley corta para agilizar las inversiones en descarbonización. La iniciativa imen descarbonización.
La iniciativa imlidad Fiscal. "Esto no es una simple alza de impuestos, como algunos han querido caricaturizar: es una agenda integral para alcanzar un sistema tributario más moderno, más justo, más transparente y verde, con medidas de eficiencia del Estado e impulso al crecimiento, para así poder generar recursos adicionales de manera responsable y usarlos de manera más eficaz", dijo en ese momento el mandatario. Lo cierto es que para lograr avanzar tuvo que separar en dos la reforma tributaria. Una enfocada netamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, más conocido como Antievasión, la cual ya es ley, y la otra como reforma al impuesto a la renta. En esta propuesta el gobierno incorporó una rebaja en el impuesto a las grandes empresas, pero con otras medidas de compensación para que la carga total se mantuviera neutra. Esa cluirá una reforma al Servicio de Evalhuación de Impacto Ambiental (SEIA), fórmula no resultó y por ende el gobierno decidió dejarla en el congelador. Dentro de lo tributario, la que sí tuvo una mejor suerte fue el nuevo royalty que también fue aprobado. Otra de las iniciativas que se anunció en el marco de una cuenta pública (en 2023), fue la Ley Karin que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales.
En términos macroeconómicos y fiscales, el Presidente dijo en la Cuenta Pública 2024 que durante este gobierno "se habrá frenado el crecimiento de la deuda pública". Y si bien como porcentaje del PIB cerró 2024 en 41,7% lo cierto es que la velocidad con que ha ido creciendo en este período es menor que los dos gobiernos anteriores. Si en el segundo gobierno de Michelle Bachelet la deuda subió en 8,7 puntos porcentuales, en el segundo mandato de Sebastián Piñera subió 10,6 puntos porcentuales. Ahora, entre 2022 y 2025, la deuda pública subirá en 4,4 puntos porcentuales. se ingresará un proyecto para mejorar la gobernanza de datos dentro del sector público.
Y un proyecto de ley sobre seguro de depósitos con el objetivo de acelerar el espres tudio de proyectos valorados , en más de US$7.500 milloa PE y resolución bancaria, para nes, "sin retroceder en los estándares vigentes", precisó en un seminario organizado por la Sofofa. También en la lista de Hacienda está la reforma de impuesto a la renta para las pequeñas y medianas empresas, que se sigue trabajando en una mesa con los representantes de las pymes. También lo ed ed actualizar las normas en la = materia de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. También una reforma al seguro de invalidez y sobrevivencia; ajustes al Fondo de Reserva de Pensiones y Fondo de Estabilización Económica y Social; y sobre cotizaciones de independientes. 2.
La cuenta final del gobierno de Gabriel Boric: las promesas cumplidas, las que siguen pendientes y las que no se cumplirán negociación ra --Entre los temas pendientes que le quedará a este gobierno están el crecimiento económico y la creación de empleo.
En la primera cuenta pública del 2022 el Presidente lanzó la siguiente frase: "Quiero proponerle un desafío al país, tenemos que lograr que la productividad vuelva a crecer al ritmo de 1,5% anual en lugar del estancamiento de los últimos 10 años.
Si lo logramos el producto potencial podría crecer por sobre un 4% anual, lo que, a su vez permitiría, compensar el alza de costos laborales que implican medidas sociales con las que nuestro Gobierno está profundamente comprometido como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento de las cotizaciones en el marco de la reforma previsional". Lo cierto es que, de acuerdo a la Comisión Nacional de Productividad, a Productividad Total, lo incumplido de Factores (PTF) se situó en un rango de -0,2% a 0,1%, muy lejos de la meta propuesta por el Presidente.
Por ello, la evolución del PIB tendencial está lejos de alcanzar el 4%, ya que se mantiene entre LINE En la cuenta pública del año pasado, el Presidente dijo que "al ce término del gobierno se habrán generado más de 700 mil nuevos empleos". Sin embargo, desde que asumió esta administración y hasta el trimestre febrero-abril se han creado 590 mil. En la primera y segunda cuenta pública el gobierno enfatizó en la necesidad de avanzar en la descentralización fiscal al presentar el proyecto de ley de rentas regionales.
Pese a ese énfasis, lo cierto es que ese proyecto tiene pocas Las que están a medio camino --En la cuenta pública del 2024, el Presidente Gabriel Boric hizo énfasis en dos proyectos de ley que buscar acelerar la inversión. "Encargué al ministro de Economía y a la ministra de Medio Ambiente presentar al Congreso una reforma de modernización integral al sistema de permisos. La meta es reducir en un 30% promedio los plazos efectivos de tramitación y dar certezas a todas las partes involucradas para reactivar la inversión, en particular la inversión local. Y esto debo decirles que no son promesas y palabras, sino que está avanzando con la concurrencia de todos ustedes.
Fue aprobado unánimemente en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el proyecto sectorial de permisos y por una amplia mayoría en la Comisión de Medio Ambiente del Senado el proyecto de modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Estamos avanzando y vamos a llegar a puerto", señaló. Si bien ambos proyectos han avanzado, lo cierto es que no tienen la misma probabilidad de terminar siendo ley durante esta administración. Las iniciativas son clave para disminuir la permisología. El que tiene más opciones es el de permisos sectoriales. La iniciativa se encuentra en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Hacienda del Senado y ya pasó la discusión más compleja que fue en la Comisión de Economía. Ahí se lograron los principales acuerdos.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos ducir entre un 30% y un 70% los tiempos ducir entre un 30% y un 70% los tiempos ducir entre un 30% y un 70% los tiempos ducir entre un 30% y un 70% los tiempos ducir entre un 30% y un 70% los tiempos probabilidades de avanzar. En abril del 2023 se ingresó a la Cámara de Diputados y su discusión comenzó en mayo de ese año en la Comisión de Hacienda.
Si bien avanzó en su tramitación, en agosto de ese año estallaron los problemas de financiamiento de las regiones A con las fundaciones, lo que palb ralizó la discusión y poco a 2 poco la iniciativa se fue quedando rezagada. Entre los ejes centrales que tiene esa iniciativa está el modificar las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, particularmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otras transferencias del Gobierno Central. También se entrega una mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de tramitación de permisos sectoriales. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes. La propuesta legislativa incorpora diersas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales. Entre las más relevantes, destacan: habilitación de declaraciones juradas y avisos en casos de bajo riesgo, lo que simplificará procesos para trámites menos complejos. El ministro de Economía, Nicolás Grau, espera que este proyecto sea despachado en un plazo de un mes. Una realidad distinta es el que enfrenta el proyecto que busca reformar la institucionalidad ambiental, quitándole el criterio polítide sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria. Otra de las grandes promesas incumplidas es la negociación ramal.
Estuvo presente en la Cuenta Pública del 2022, luego el 2023 no se mencionó y volvió a aparecer el 2024. "Iniciaremos un proceso de diálogo tripartito entre autoridades, trabajadores y empresarios, que culmine a fines de este año con la presentación al Congreso de un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel.
Esto nos va a permitir extender el alcance de la negociación colectiva y otorgar mayor autonomía a las organizaciones sindicales y a los empleadores para poder resolver los desafíos de un mundo del trabajo que cambia rápidamente", dijo el mandatario en la Cuenta Pública del año pasado. co.
La propuesta tuvo una larga discusión en la Comisión de Medioambiente del Senado, pero no logró acuerdo en el tema central: la nueva institucionalidad que reemplace al Comité de Ministros y a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva). La primera propuesta del gobierno fue radicar las decisiones de ambas instancias en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), recayendo la tarea de la evaluación y la calificación de los proyectos en el director regional o nacional del SEA, según correspondiera.
Esa propuesta fue rebatida por expertos y el sector privado, que cuestionaron que, para eliminar el criterio político, no debía dejarse la decisión de las reclamaciones en manos de la dirección ejecutiva del SEA, designada por el gobierno de turno..