Preparan nuevos recursos por el terreno de los Correa Uribe
REGIÓN. Abogado dice que habitantes no han sido notificados, aunque ya apareció en el Diario Oficial el decreto de demolición cumpliendo lo dictado por la Corte. Cristián Rojas / Flor Arbulú ciudadestomerturiovalpo.
Cl ltemadelastomas y campamentos siempre es complejo, y por ende, la justicia ha tenido que dirimir el curso a seguir, Un ejemplo de ello es lo que sucede en la toma Antonio, con el “Téngase presente” que ingresó la Delegación Presidencial Regional a la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el fin de aplazar por un año, olo que el tribunal estime pertinente, el desalojo del terreno que había sido dictado por el tribunal. En estáel tema del terreno de la familia Correa Uribe en Quilpué, en el cual la Cortede Apelaciones indicó que el Minvudebe demoler las 43 viviendas queallíseemplazan. Dicha resolución salió publicada el 9 de octubre de 2024 en el Diario Oficial, aunqueel abogadode las familias está tratando de parar la acción a través de reclamos legales.
TÉNGASE PRESENTE Respecto al primer caso, la delegada regional, Sofía González, expresó que “como gobierno tenemos plena consciencia de la responsabilidad que conlleva dar cumplimiento al mandato de la justicia y del impacto para la comunidad, tanto dentro como fuera de la toma de San Antonio”. “Porello, tras analizar los diversos escenarios, herramientas institucionales y medios existentes, se ha considerado necesario solicitar un aplazamiento legal, a través del “Téngase presente”, que en palabras simples buscará aplazarel desalojo, mientras sesigue avanzando en las estrategias desolución. Confiamos en que la justiciaatenderá estasolicituden virtud de la fuerza de los argumentos presentados”, añadió.
TOMA EN QUILPUÉ En cuanto a Quilpué, Rodrigo Valdés, representante dealgunos de losocupantes dela toma en el terreno de la familia Correa Uribe, dijo que “es importante destacar que sólo existe conflicto con el Minvu y con nadie más”, que “esabsolutamente falso que no se hayan efectuado gestiones judiciales o PABLO OVALLE / AGENCIA UNO SEREMI MINWU ORDENÓ DEMOLER LA TOMA EN TERRENO “La Seremi Minvu Valparaíso fue incluso más allá, notificó por el Diario Oficial”. Jeanette Bruna Abogada dela familia Correa administrativas”. Aclaró que hay tres acciones interpuestas, aunque no precisó cuáles ni dónde.
Asimismo, hizo hincapié en que “nadie ha sido notificado legalmente de demolición nidesalojo por parte de la Seremi Minvude Valparaíso ni por tribunal alguno”. Resaltó, asu vez, que “noexisteniha existido denanda alguna, sea civil o penal, en contra de los habitantes del lugar y, según se ha informado, tampoco se hará, lo que levanta muchas dudas respecto a estasituación”, Por otra parte, Valdés recordó que el abogado “Juan Pablo Hermosilla, en su momento, ya intentó desalojar y fue rechazado Tribunal de Garantía, cuya decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Valpaqueel camino legal era y es claro, Sin embargo, nuncasehan ejercido estosderechos, prefiriéndose la campaña mediática que incluso fue determinante enla Ley de Usurpación, basándose en imputaciones de hombres, mujeres y niños que habitan el lugar”. “Rechazamos el trabajo de lobby llevado a cabo por abogados y asesores como los del equipojurídico de Juan Pablo Hermo- “Nadie ha sido notificado legalmente de demolición ni desalojo por parte de la Seremi Minvu ni por tribunal alguno”. Radrigo Valdés Abogado de algunos ocupantes silla y los actuales que, nos son más que continuadores de sus gestiones e ideas, algunos de ellos ligados a partidos políticos y otros incluso exdirectivos de Techo (hoy socia de Déficit Cero) que han mal informado a la comunidad, presionando politicamente”, puntualizó Valdés.
“A VISTA Y PACIENCIA” El jurista indicó que los ocupantes “son familias que rona vista y paciencia de todos, utilizandoel 10% de sus retiros de AFP, lo que dernuestra que esun (asentamiento) precario ysus habitantes son trabajadores nos y no delincuentes, quese vieron obligados a encontrar una solución habitacional ante la indolencia e ineficiencia de las autoridades, que han generado un déficit habitacional en base a la corrupción y en favor de la especulación financiera de las viviendasociales”. Asimismo, Valdés sostuvo que “cada afectado tomará sus propias decisiones y buscará la asesoría que estime necesaria una vezque tomeconocimiento oseanotificado de lademolición de formalegal, ya que de acuerdo al mismo fallo de la Corte de Apelaciones, la ley 19.880 y LGUC y misma laresolución, este es un caso de efectos individuales, por lo que debe carse por ministro de fe a cada uno.
Si la demolición se concreta, nos asiste la certeza de que se llevará acabo de manera ilegal y arbitraria, dejando alos chilenos en el peor de los escenarios, como es vivir en un país donde existe una justicia para ricos y otra para pobres”. “LA SENTENCIA ES CLARA” Desde la contraparte, la aboga Bruna, representante de la viuda e hijas del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario, comentó que “la sentencia ejecutoriada fue claraal establecer la notificación de la orden de demolición de la forma quedisponela ley, y la Seremi Minvu Valparaiso fue inclusomásallá, notificó por el Diario Oficial, lo que da mayor certeza a todas las partes, más allá de que ya tomaron conocimiento en la reunión que sostuvieron los autores y ocupantes de las construcciones ilegales y suabogado con la Seremi, en donde además estuvo presente la Municipalidad de Quilpué”. “Es importante hacer presente queéste esun caso muy diferente atodos los otros que hemos que sólo se ha ordenado el desalojo de una ocupación ilegal; acá se ha ido un paso másallá, se ordenó por la Corte cumplir la demolición que contempla el auxilio de la fuerza pública en caso que haya personas aún enlas construcciones, por vulnerar urbanística”, remarcó Bruna. Advirtió que “sial 8 de noviembre no senotifica a la Seremi la resolución que admite atramitación alguna reclamación del artículo 157 LGUC, deberá proceder la autoridad sin mástrámite, ariesgo de incurriren desacato.
Esimportante recordar que fueron los propios autores de las construcciones ilegales que, en voz de su vocero, el 2021 declararona la prensa que losdela toma eran ensu mayoría profesionales y técnicos y que no querían la solución habitacional de Serviu por el “poco espacio, callesestrechas, con poco justificando así sus construcciones ilegales usufructuando del terreno por cuya defensa fue asesinado don Alecg