Autor: Hernán Libedinsky Moscovich

Columnas de Opinión: Estar preparados contra el crimen organizado es una obligación institucional
Columnas de Opinión: Estar preparados contra el crimen organizado es una obligación institucional Fiscal Regional de Aysén Esta semana, fiscales, policías y diversas instituciones del Estado se reunieron en Coyhaique para participar en una jornada de capacitación especializada sobre crimen organizado, la cual fue gestionada por la Fiscalía Regional de Aysén. Podría pensarse que se trata solo de una actividad técnica, formativa o de actualización jurídica. Sin embargo, el sentido de este tipo de encuentros refleja la necesidad de anticiparnos a fenómenos delictuales cada vez más complejos y de fortalecer, desde regiones, las capacidades del Estado para enfrentarlos. Por lo mismo, enfrentar el crimen organizado no puede ser tarea de una sola institución. Las jornadas organizadas por la Fiscalía en Coyhaique reunieron a representantes de la Policía de Investigaciones, Carabineros, Armada de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería, autoridades regionales de seguridad y fiscales del Ministerio Público. Esa diversidad refleja que el combate al crimen organizado requiere información oportuna y confianza interagencial. La capacitación, en este sentido, es una herramienta estratégica para proteger mejor a la ciudadanía. Durante años, el crimen organizado fue percibido como una realidad lejana para zonas como Aysén. Sin embargo, los datos de los últimos años nos enseñan que ninguna región está completamente aislada o es ajena a estas dinámicas delictivas.
Las organizaciones criminales, especialmente aquellas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, contrabando y otros van mutando, operan con altos niveles de adaptación y buscan nuevas rutas, territorios y oportunidades. Por eso, anticiparse y prepararse es una obligación institucional. En una región como Aysén, este desafío adquiere características particulares. Nuestro territorio posee una extensa frontera, rutas terrestres complejas y conectividad marítima. Estas características también exigen una mirada preventiva frente a riesgos como el tráfico de drogas por vía marítima, el contrabando o la eventual instalación de estructuras criminales. Las jornadas de capacitación realizadas junto a la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional, constituyen precisamente una respuesta a ese desafío. No se trata solo de revisar normas o comentar jurisprudencia. Se trata de fortalecer herramientas investigativas, compartir experiencias y generar espacios de análisis estratégico. En ese contexto, una de las materias centrales abordadas fue la legislación que refuerza la persecución penal del crimen organizado. La ley ha introducido distinciones entre asociación ilícita, asociación delictiva y criminal, incorporando nuevas herramientas investigativas que permitan enfrentar con mayor eficacia este tipo de fenómenos. Asimismo, existe otro aspecto relevante en este ámbito como es seguir la ruta del dinero. La experiencia internacional demuestra que una de las formas más eficaces de combatir el crimen organizado es a través de la investigación patrimonial y la recuperación de activos. Las organizaciones criminales no solo buscan controlar territorios o mercados ilícitos; buscan, sobre todo, generar ganancias. Decomisar los bienes obtenidos ilegalmente debilita de manera significativa su capacidad de operación. Para ello, contamos con diversas modalidades de comiso que fueron incorporados por la Ley 21.577, entre ellos, el comiso por valor equivalente y el comiso sin condena previa. En este sentido, cabe referirse al denominado "costo de oportunidad" de delinquir, entendido como el beneficio neto que un individuo puede obtener de la actividad ilícita.
Desde esta perspectiva, diversos planteamientos sostienen que mientras mayor sea dicho costo, ya sea a través de sanciones más elevadas, decomisos u otras consecuencias patrimoniales, mayor será su efecto disuasivo sobre la comisión de delitos, al menos, respecto de cierta tipología de delincuentes. En tal escenario, los eventuales infractores podrían verse enfrentados a una evaluación racional de costo-beneficio respecto de la conveniencia de delinquir. De ahí que la afectación directa al patrimonio de quienes cometen delitos se configura también como un mecanismo eficaz, tanto de prevención como de persecución penal. Autor: Hernán Libedinsky Moscovich. Opinión