Autor: EDUARDO OLIVARES

Grandes mineras proponen modificar la Ley Lafkenche e inyectar aportes directos a los gobiernos locales
Grandes mineras proponen modificar la Ley Lafkenche e inyectar aportes directos a los gobiernos locales El Consejo Minero, que reúne a las grandes mineras del país, está elaborando un documento con una serie de diagnósticos y propuestas para adecuar al sector al importante aumento de la demanda por minerales que se anticipa para la próxima década. Parte del diagnóstico es que hay un estancamiento en la producción de cobre en torno a 5,4 millones de toneladas anuales.
“¿Por qué es tan importante para los chilenos poder desarrollar la cartera de proyectos mineros? Porque esto hará que el aporte del sector al país sea aún mayor en los próximos años”, indica el Consejo Minero.
En el documento fechado el 22 de mayo, que “El Mercurio” revisó (está en la web del gremio), se plantea que estas firmas puedan inyectar recursos a las municipalidades y los gobiernos regionales, con un objetivo de descentralización, así como modificaciones a la permisología tanto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como de la Ley Lafkenche. “Las comunas y regiones tienen múltiples necesidades, mientras que las compañías muchas veces cuentan con los recursos y con la disponibilidad para colaborar en la satisfacción de aquellas. El problema es que una interpretación de la Contraloría General de la República prohíbe que los aportes o convenios anteriores se materialicen cuando estos organismos públicos puedan emitir pronunciamientos que afecten a estas empresas. Resulta indispensable una nueva interpretación que, preservando la transparencia y debida asignación de recursos, establezca los resguardos necesarios para que estos aportes y convenios sí se puedan llevar a efecto”, piensan en el Consejo Minero. Allí participan compañías privadas como BHP, Anglo American, Antofagasta Minerals, Rio Tinto, SQM y la estatal Codelco. Vastos recursos Del total de la tributación acumulada este año hasta abril, poco menos del 10% provino de la gran minería privada, dicen los datos de la Dirección de Presupuestos. Entre enero y abril, esos recursos aumentaron en 130,2% respecto del mismo período de 2024. Actualmente, las grandes mineras aportan al fisco por medio del impuesto a la renta y a través del royalty minero.
En roRAVÍDLAZARENIM de las compañías mineras y el aporte que reciben las comunidades del entorno”. No piden eliminar los fondos del royalty, pero sí que se relacionen con los territorios de las faenas donde se originó esa riqueza.
Regulación indígena Otra propuesta de los mineros apunta a la controvertida Ley Lafkenche, que permite a comunidades indígenas solicitar al Estado la protección de áreas costeras (denominadas Empco). Con ese solo acto, ese sector queda “congelado” y cualquier permiso productivo, aunque esté en trámite, se suspende.
El expresidente Eduardo Frei dijo la semana pasada que “lo primero que tenemos que hacer es matar la Ley Lafkenche, porque está matando la industria del salmón en Chile”. En la minería no se refieren a esa legislación en esos términos, pero sí creen necesario modificarla.
“Sería recomendable revisar y actualizar la Ley Lafkenche con el fin de armonizar el legítimo resguardo de los derechos indígenas sobre espacios costeros con la necesidad de permitir el desarrollo de proyectos estratégicos para el país, especialmente en zonas como el centro norte, donde confluyen actividades como la minería, la operación portuaria y la desalinización”, indica el Consejo Minero. Ese cambio es uno en un conjunto más general que abordan sobre la regulación indígena.
“Sugerimos avanzar hacia procesos de consulta indígena que, resguardando plenamente los principios de buena fe, participación informada y debida diligencia, cuenten con plazos claros y predecibles que otorguen certidumbre a todos los involucrados”, comenta el gremio. Un trasfondo que subyace del documento es la lentitud en la tramitación de permisos.
Por eso no solo apoyan el proyecto que ataca la “permisología” (aunque no la llaman con ese nombre), sino también proponen “exceptuar del ingreso al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) a modificaciones de proyectos en operación cuando estas se realicen en áreas ya evaluadas e intervenidas, y no produzcan impacto adicional”. En royalty, la suma del sector privado y Codelco llegó a US$ 2.089 millones en abril, los que se destinan indirectamente, a municipios y gobiernos regionales. n Otras observaciones n Productividad laboral: “En la minería, llevamos veinte años en que la producción de cobre por trabajador ha ido a la baja (). Aumentar la productividad pasa por incorporar nuevas tecnologías, como también por rediseñar y mejorar procesos en toda la cadena de valor, fomentando formas de organización más horizontales, ágiles y participativas. La legislación laboral debe hacer posible estas necesarias adecuaciones”. n Legislación ambiental: “Resulta necesario revisar la institucionalidad de fiscalización y sanción en materia ambiental.
La Ley 21.595 sobre delitos económicos, en su componente de delitos contra el medio ambiente, enfatiza el carácter punitivo de la Superintendencia del Medio Ambiente y restringe el uso de instrumentos que han resultado efectivos en la protección del medio ambiente, como son los programas de cumplimiento”. n Política exterior: “La principal ventaja de nuestra producción es su diversificación de destinos y la neutralidad como socio estratégico.
En un contexto de creciente demanda y competencia, mantener una política exterior abierta, pragmática y basada en reglas es clave para aprovechar las oportunidades sin quedar atrapados en disputas ajenas que pueden perjudicar nuestro desarrollo productivo y reputación internacional”. n Ordenamiento territorial: “Resulta indispensable establecer previamente un escalamiento y una racionalidad y proporcionalidad sancionatorias para los posibles incumplimientos de las distintas condiciones de localización que establezcan a futuro los Planes Reguladores de Ordenamiento Territorial (PROT), ya que actualmente la ley solo contempla la caducidad de las autorizaciones respectivas”. yalty, la suma del sector privado y Codelco llegó a US$ 2.089 millones en abril y esos dineros se destinan indirectamente, por medio de un esquema de tres fondos, a municipios y gobiernos regionales. El Consejo Minero propone una reforma que permita que “una fracción de los impuestos y regalías que ya pagan las empresas mineras tenga destino local, en la región y comuna donde están las operaciones mineras. Una regla de este tipo lograría generar un vínculo mucho más estrecho y transparente entre los resultados. El gremio sugiere una reforma de permisos específica para el sector, que se levante un nuevo ordenamiento territorial para potenciar la producción minera. Documento de trabajo del Consejo Minero: