Penalistas de la fama: los otros protagonistas de los casos Factop y Audio
Parten en $50 millones y pueden llegar a los $1.000 Ximena Perez Villamil on los otros protagonistas. Los abogados penalistas que participan en litigios complejos; a veces, manchados por escándalos políticos. Sus clientes se juegan, quizás, el bien más preciado: la libertad. Por eso, los honorarios de los defensores son muy altos. Parten en $50 millones y pueden llegar a los $1.000 millones, ya que algunos cobran por mes y hay causas que duran tres o cuatro años. También, claro, dependerá de la situación económica de quienes los contratan. En el caso de los que buscan recuperar el patrimonio perdido las cifras están amarradas a los montos envueltos. Defensores en Factop En Factop, la causa madre, de la que derivó la arista Audio, los abogados son, mayoritariamente, penalistas. Unos defensores y otros querellantes. Los persecutores Juan Pablo Araya y el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, tienen al frente a un batallón de abogados que les dificultarán probar sus tesis.
Los controladores del factoring Factop, Daniel y Ariel Sauer -formalizados por lavado de activos, estafa, invasión al giro bancario y delitos tributariosen prisión preventiva desde el 8 de abril, son defendidos por los penalistas Octavio Sufán y Pablo Araya Zacarías.
Su padre Alberto Sauer Rosenwasser, por los mismos delitos y con arresto domiciliario nocturno, tiene al exdefensor público Hllan Eck Fallas (Alfaro León). Rodrigo Topelberg, socio minoritario de Factop formalizado por los delitos antes mencionados, cuenta con la asesoría de Alejandro Awad y Miguel Schiirmann, socios de Bacs, a los que se sumó, posteriormente, Davor Harasic (Harasic € Barros). Topelberg, a quien ayer la Corte de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total y debe volver al anexo Capitán Yáber, destapó la arista Audio. En su declaración judicial voluntaria, hace dos semanas, contó que fue él quien envió a la CME, al fiscal Sepúlveda y algunos medios como Ciperel audio grabado por Leonarda Villalobos. Como medida de presión, dado que pese a presentar querellas por facturas falsas contra los Sauer dijo que nunca lo llamaron a declarar hasta ser detenido. Bernardo Rosenberg (Reymond y Abogados) es el penalista de Darío Cuadra, socio de la oficina de abogados que atendia a Factop y quien se encuentra bajo e arresto domiciliario nocturno. Felipe Barruel y Cedric Patrick Miranda tomaron la defensa de Luis Flores, exgerente general de la quebrada corredora STE controlada por los Sauer. Formalizado por infracción ala Ley de Mercado de Valores, quedó con arresto domiciliario total.
Penalistas de Jalaff, Patio y Menichetti Antonio Jalaff, exsocio del grupo Patio, quien pidió ser citado a declarar y lo hará este jueves, contrató a Leonardo Battaglia, socio de Ortiz 8 Cia, a principios de año. Y hace dos meses sumó a Cedric Bragado. Su hermano Alvaro Jalaff, exsocio y exej cutivo máximo de Patio, fichó a Hugo Rivera a fines del año pasado. Los Jalaff podrían ser formalizados por lavado de activos, al haber obtenido crédítos de Factop a cambio de recibir facturas falsas de las sociedades de los Sauer, lo que sería dinero de origen ilícito. Luego Factop las vendía a otros factoring en lo que se ha PENALISTAS CASO FACTOP PENALISTAS CASO AUDIO descrito como una bicicleta financiera.
Larrain Vial cuenta con la asesoría de Juan Domingo Acosta, ya que si la fiscalía logra demostrar que la intermediaria sabía que las facturas que compró su fondo de facturas a Factop eran falsas, “”a todo evento hay responsabilidad criminal”, sostuvo el fiscal Felipe Sepúlveda a El Mostrador la semana pasada. Y no descartó citar a declarar a Manuel Bulnes, socio y director ejecutivo de Larrain Vial SpA. Ante cualquier implicancia legal, el directorio del Grupo Patio tomó la prevención de contar con la asesoría del penalista Gabriel Zaliasnik. Junto a su abogado Rodrigo Aldoney (Carey y Cía) Cristián Menichetti, director de operaciones de Patio, entregó en forma voluntaria su celular y computador la mañana del miércoles pasado en la Fiscalía de Las Condes. Allí le comunicaron que será citado a declarar y que está imputado, lo que significa que para la fiscalía podría tener responsabilidad penal en los hechos investigados. En su caso, sería fundamentalmente su participación en el diseño del Fondo de Capital Estructurado 1, que armó Larrain Vial para agrupar parte de las deudas de Antonio Jalaff. Esa tarde, el fiscal Araya y otro persecutor concurrieron alas oficinas del Grupo Patio, en Alonso de Córdova, junto a la PDL.
No fue repentino, ya que la semana anterior funcionarios de la PDI se presentaron en las oficinas de la empresa y sus abogados -el nuevo fiscal Fernando Moyano y Gabriel Zaliasnikcontactaron a la fiscalía para coordinarse y ponerse a disposición del Ministerio Público.
En la diligencia de la semana pasada, según supo La Segunda, se llevaron videos de las cámaras de seguridad y acordaron la entrega ordenada de correos históricos de algunos exejecutivos y gerentes, incluidos los de Menichetti, quien lo había autorizado previamente. Los querellantes Entre los penalistas querellantes contra los socios de Factop está Jorge Gálvez (Gálvez, Venegas, Hess, Navarrete), quien representa al fondo inglés Global Growth y a otro fondo de Zurich. El primero otorgó créditos al factoring por USS6 millones y recibió facturas que, al momento de cobrar, detectó que habían sido fotoshopeadas. Y Zurich le prestó al factoring de los Sauer US$4 millones y como garantía recibió facturas falsas. Por eso, Gálvez presentó una querella por estafa. Matías Kiinsemiiller representa a Eduardo Berdichevsky, Manuel Prida, Rafael Arueste, Johanna Aureste y Felipe Arueste, quienes entregaron sus dineros a Factop, a cambio de un 1% de interés mensual, pero no los recibieron de vuelta. El penalista interpuso una querella por estafa, apropiación indebida y falsificación en contra de los hermanos Sauer, su padre, y Topelberg.
Y tras conocerse el audio grabado por Leonarda Villalobos, la amplió contra los hermanos Jalaff, acusándolos del delito de asociación ilícita por haber participado en una maquinaria al haber obtenido créditos de Factop con platas delos inversionistas, respaldándolos con facturas falsas. Razón por la cual ambos están imputados. Alejandro Moreira (Moreira Rosenblut) representa al factoring Concreces en la querella por estafa y uso malicioso de instrumento privado mercantil contra los Sauer. Factop le vendió muchas facturas que resultaron falsas y cheques que ya habían sido pagados por los titulares, algunos no lo fueron y otros eran de cuentas de Factop, causando un perjuicio de $380 millones.
Caso Audio y derivadas A partir de la grabación que reveló la existencia de una bicicleta de facturas falsas y un plan para pagar coimas a funcionarios de la CMF y el SII, se configuró el caso Audio.
Investigado por los fiscales Felipe Sepúlveda, Miguel Orellana y la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, tiene como protagonistas a Luis Hermosilla, cuya defensa está a cargo de su hermano Juan Pablo Hermosilla (Hermos lla €: Cia). Y a Leonarda Villalobos, quien cuenta con la asesoría de su socia Alejandra Borda. Ambos están en prisión preventiva tras ser formalizados por lavado de activos, delitos tributarios y soborno. Dado que Andrés Chadwick recibió $190 millones entre 2020 y 2023 de parte de Hermosilla cuando trabajó en su oficina, y esos dineros podrían tener un origen ilícito, el exministro podría verse expuesto.
No está imputado y hasta ahora sele citará como testigo, pero si se estructura un caso será defendido por el penalista Samuel Donoso (Donoso Bonilla Arenas). El exfiscal del caso Penta, Manuel Guerra, contrató a Felipe Polanco (Solís, Usen, Morales, Polanco) y Ricardo Freire (Villarroel, Lecaros y Aste). Una publicación de Ciper reveló que Guerra y Luis Hermosilla en mensajes por Whatsapp hablaron de contactar a “Andrés” para “darle una salida al caso” (Penta). Ese “Andrés” sería Chadwick. El exministro de Vivienda, Felipe Ward, mencionado en los chats de Hermosilla para apurar informes de factibilidad de un centro de bodegas del Grupo Patio, informó que no cuenta con asesoría legal.
Angela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema, es defendida por Cristóbal Osorio Vargas, socio del estudio Osorio Vargas, en la investigación administrativa que abrió el pleno de la Corte Suprema y otra a cargo de la fiscal Carmen Gloria Wittwer. Y esta tarde se decidió que el penalista Juan Carlos Manríquez se suma a su defensa. Aún falta que asuma el fiscal de la Suprema que llevará adelante la indagatoria, ya que el cargo está vacante. La ministra tiene 20 días para responder la notificación con los seis hechos sobre los cuales el pleno de la Suprema le pidió explicaciones.