Decisión de compra y error en proceso, entre los puntos clave que debía despejar la declaración del Presidente Boric
Decisión de compra y error en proceso, entre los puntos clave que debía despejar la declaración del Presidente Boric "La mañana de hoy viernes 28 de marzo 2025, S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó una declaración voluntaria en el Palacio La Moneda". Ese fue parte del escueto comunicado difundido a las 10:12 horas de la mañana de ayer por Presidencia.
Esto, en el marco de la diligencia que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, hizo alrededor de las nueve de la mañana, cuando llegó hasta la casa de Gobierno para interrogar al mandatario tal como se comunicó el pasado 13 de marzo.
Si bien en un momento se comunicó que la invitación sería el jueves recién pasado, esta fue aplazada un día y se materializó en uno de los tantos viajes de Cooper a Santiago, pues también encabeza otras causas que requieren su presencia en la capital, como aquellas contra la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Carol Cariola, ambas militantes del PC.
Pero la causa que llevó a Cooper a La Moneda es la indagatoria en que se pesquisa el intento del Estado por adquirir la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende, ubicada en Providencia, por casi $1.000 millones. La idea de la compra era convertirla en un museo.
Aunque tras el anunció de esa adquisición el pasado 30 de diciembre de 2024, quedó al descubierto un problema que ha terminado con la salida de dos ministras de Estado, con una senadora enfrentando una eventual destitución ante al Tribunal Constitucional (TC) y con el mandatario interrogado por Cooper en una causa caratulada con su propio nombre. Esto, porque dos de las herederas del inmueble de Guardia Vieja presentaban inhabilidades. Se trata de las hija y nieta del exmandatario socialista: la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández.
Los artículos 37 bis y 60 de la Constitución advertían limitaciones para celebrar contratos con el Estado, arriesgando la pérdida del cargo. n "Disposición a prestar colaboración" Sobre la declaración, desde Presidencia también agregaron que "esta diligencia voluntaria se inscribe en la permanente disposición del Presidente de la República a prestar la colaboración necesaria con la investigación de la fiscalía". En ese contexto, la normativa explica que ser "invitado" a declarar es un atributo especial para presidentes en ejercicio o exmandatarios, senadores, ministros, generales de fuerzas armadas o policías, entre otros. Esto, según se establece en el artículo 301 del Código Procesal Penal que indica que las personas que ostenten dichas condiciones "serán interrogadas en el lugar en que ejercieren sus funciones o en su domicilio.
A tal efecto, propondrán oportunamente la fecha y el lugar correspondientes". Ahora, el Presidente Boric se encuentra en calidad de imputado en la investigación del Ministerio Público, debido a que la querella presentada por este caso --ingresada por el abogado Raimundo Palamara de la fundación Fuerza Ciudadana-es nominativa.
En ese sentido, que la acción penal sea contra el Presidente de La República se debe a "haber sido el impulsor y quien ordenó la compra del bien inmueble, sobre todo cuando las declaraciones de todos los testigos apuntan que la premura de la compra era de Presidencia", consigna la misma presentación. n "Contestó todas las preguntas" Por su parte, desde el Ministerio Público comunicaron que "el mandatario prestó la máxima colaboración y contestó todas las preguntas formuladas por el fiscal regional de Coquimbo, quien además está apoyado por un equipo para investigar esta causa". En el proceso de compraventa que terminó con la firma estampada del Presidente en el Decreto Supremo 38 que autorizaba la adquisición, participaron a lo menos siete abogados de distintos ministerios, sin que se advirtiera el vicio constitucional de manera explícit a.
S i n p e r j u i c i o d e e l l o, h u b o observaciones comunicacionales y jurídicas de que la adquisición podría traer problemas debido al caso de la exministra Fernández y la senadora Allende, de acuerdo a la indagatoria. n Admiten ampliación de querella Si bien la ampliación de querella contra el Presidente Gabriel Boric y todos quienes resulten responsables de un eventual fraude al fisco por la compraventa de la casa de Guardia Vieja, fue presentada por primera vez a inicios de marzo, fue reingresada el 24 de este mes y recién dos días después el 7 Juzgado de Garantía la declaró admisible, luego de algunas modificaciones entre la primera y la segunda versión. En un inicio el juzgado dejó como observación la necesidad de detallar los cargos y funciones de las personas querelladas. Además, en dicha ampliación se consideró a algunos miembros y trabajadores de la fundación Salvador Allende. A pesar de que el abogado querellante en un primer momento retiró a los involucrados de la fundación y estampó una denuncia, en la en la rectificación de la ampliación volvió a considerarlos. Situación que fue aceptada por el 7 Juzgado de Garantía.
La querella relata que "con fecha 30 de diciembre de 2024 se celebró contrato de compraventa entre el Estado de Chile, cuyo jefe es Gabriel Boric Font en su calidad de Presidente de la República --art. 24 de la Constitución Política de la República--, con su colaboradora directa e inmediata, de su exclusiva confianza, y parte de su grupo familiar, me refiero a su Ministro de Defensa Nacional Maya Fernández Allende, parte de su grupo familiar, Isabel Allende Bussi --quien a la vez es senadora de la República--, Carmen Allende Bussi y Alejandro Fernández Allende, todo con el objetivo de entregarle el bien en comodato a favor de la fundación que representa la prima hermana de la colaboradora directa e inmediata del Presidente, la Sra.
Marcia Tambutti Allende, quien también es hija de la Senadora ya nombrada y a la vez pareja del representante convencional de la familia Allende, me refiero a Felipe Vio Lyon". La acción penal también describe que "la fundación de la prima de la Ministro de Estado (sic) recibe fondos que debe considerárseles permanentes del Fisco de Chile y solo durante las anualidades 2023 y 2024, recibió para su financiamiento general --sin ni un proyecto en particular--187.181.988 pesos durante la presidencia de Gabriel Boric y desde el Ministerio de las Culturas y las Artes, particularmente desde el Servicio de Patrimonio Cultural (sic)". Consultado al respecto, Raimundo Plasma, abogado querellante, sostiene que "dentro de la investigación que se ha llevado a cabo se descubrió la motivación de la compra que era pasarle la administración de la casa a la fundación de la hija de la senadora Allende, que recibe recursos públicos de manera permanentes del Fisco en que más del 70% de esos ingresos son para pagar sueldos, razón por la cual sus integrantes también son considerados funcionarios públicos según lo señala el art. 260 del Código Penal, al ser una institución que depende del Estado, por lo cual la ampliación de querella también va dirigida contra la hija de la Senadora y contra Genaro Cuadros, su tesorero". La diligencia se realizó en La Moneda: Decisión de compra y error en proceso, entre los puntos clave que debía despejar la declaración del Presidente Boric E. CANDIA El mandatario respondió a todas las preguntas que le realizaron los investigadores, dijeron desde el Ministerio Público. En esta causa se pesquisa la fallida adquisición de la casa de Salvador Allende. Presidente de la República, Gabriel Boric. n CALIDAD.
Puede adquirirse esta calidad ya se a por enfrentar una querella nominativa en la que se le atribuye a la persona un hecho punible o bien puede ser una categorización dada por los propios investigadores del Ministerio Público. n DEFENSA. Tal calidad asegura a las personas ciertas garantías. Por ejemplo, se presume la inocencia del indagado hasta que se compruebe en una investigación penal lo contrario, si así fuera. También, se tiene derecho a defensa o representación legal. n HECHOS. Asimismo, el imputado tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen y por los cuales el Ministerio Público lo investiga. n SILENCIO. Una persona imputada puede también ejercer su derecho a guardar silencio, cuando es citada a declarar en esa calidad ante la fiscalía. QUÉ ES SER IMPUTADO EN UNA CAUSA JUDICIAL.