Editorial: Protección de fronteras
Editorial: Protección de fronteras El combate al crimen organizado se ha convertido en una de las prioridades más urgentes del Estado en los últimos años. No se trata solo de enfrentar delitos aislados, sino de responder a estructuras delictuales cada vez más complejas, con redes transnacionales, capacidad financiera y sofisticación tecnológica. En ese contexto, el reciente balance del Plan Nacional contra el Crimen Organizado permite dimensionar el esfuerzo institucional que se está desplegando para cerrar brechas y fortalecer la capacidad del país para enfrentar este fenómeno. Según el informe presentado por el Gobierno, el plan ha destinado cerca de $287 mil millones para mejorar las capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia de las instituciones vinculadas a la seguridad pública.
Dentro de ese marco, Carabineros ha recibido la mayor parte de los recursos, seguido por la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas, organismo que ha concentrado $23 mil millones destinados a fortalecer el control en fronteras y puntos de ingreso y salida de mercancías. La relevancia de este último punto es especialmente significativa. En un país con miles de kilómetros de frontera terrestre y una intensa actividad portuaria y aeroportuaria vinculada al comercio exterior, el rol de Aduanas se vuelve estratégico.
No solo es la primera línea de control para detectar contrabando o tráfico de mercancías ilícitas, sino también un actor clave en la protección de la cadena logística que sostiene buena parte de la economía nacional. Los recursos invertidos han permitido avanzar en equipamiento tecnológico y en la modernización de los sistemas de fiscalización.
Entre las medidas destacadas se encuentra la incorporación de nuevos camiones escáner, herramientas fundamentales para inspeccionar carga y pasajeros con mayor rapidez y precisión, F además de fortalecer los modelos de gestión de riesgo aplicados al comercio exterior.
Este tipo de tecnologías no solo mejora la capacidad de detección de drogas, armas o cigarrillos de contrabando -productos que suelen financiar redes criminales-, sino que también permite hacer más eficiente la fiscalización sin obstaculizar innecesariamente el flujo del comercio legal, un equilibrio que resulta esencial para un país cuya economía depende en gran medida de las exportaciones. El desafío, sin embargo, no se limita a la inversión en equipamiento. El balance del plan también subraya la importancia de la coordinación interinstitucional, un elemento que hoy aparece como condición indispensable para enfrentar el crimen organizado. Aduanas, policías, organismos de inteligencia y entidades regulatorias deben actuar de manera articulada, compartiendo información y estrategias en tiempo real.
La continuidad de este esfuerzo también se refleja en el presupuesto proyectado para 2026, que considera $2 mil millones adicionales para Aduanas, destinados a consolidar la operación de los nuevos equipos y profundizar los procesos de modernización. En definitiva, el fortalecimiento de los controles fronterizos no es solo una política de seguridad. Es también una inversión en la estabilidad del comercio exterior, en la confianza institucional y en la protección de las comunidades frente a economías ilegales que buscan expandirse aprovechando debilidades del sistema.
Chile ha dado pasos relevantes en esa dirección, el desafío ahora será sostener el esfuerzo, perfeccionar la coordinación entre organismos y asegurar que las capacidades adquiridas se traduzcan, efectivamente, en fronteras más seguras contra redes delictivas que hoy operan a escala global..