Autor: C. MUÑO2-KAPPES Y J. AGUILERA.

La querella en contra de Michael Clark que podría activar la nueva ley de delitos económicos
El presidente de Azul Azul reiteró que siempre ha “actuado de buena fe” y que está “tranquilo”. La operación que posicionó a Michael Clark como el controlador de Azul Azul podría sumar nuevas consecuencias judiciales. El Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago declaró como admisible la querella de la Inmobiliaria D.S.E.
Limitada, de los accionistas de Azul Azul Daniel Schapira y Eduardo Schapira, en contra de Michael Clark —accionista mayoritario de la concesionaria— y de Inversiones Ántumalal, la sociedad mediante la cual controla el fondo de inversión privado detrás del club de fútbol, por el delito de fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). El presidente del directorio de la concesionaria del club Universidad de Chile ha estado en la mira de la Comisión para el Mercado Financiero (CMP), tras la adquisición del total de las cuotas del fondo de inversión privado Tactical Sport —accionista Michael Clark, presidente de Azul Azul. Si se comprueba el presunto delito de fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones: mayoritario de Azul Azul—, en una transacción que según el regulador requería haber sido informada como tal. También reclamaron la ausencia de una OPA, que Clark finalmente anunció días atrás.
Así, en la acción legal de los accionistas minoritarios se argumenta que “la adquisición por parte de Antumalal de cuotas de FIP Tactical Sport es una operación de la cual la ley ordena efectuar una OPA; sin embargo, esta no se efectuó” y que “la operación espuria realizada por Michael Clark defraudó a los accionistas minoritarios de Azul Azul”. Las consecuencias Clarkse refirió ayer ala querela, durante la presentación del delantero Rodrigo Contreras, y defendió el carácter de la transacción, “Siempre hemos dicho que hemos actuado de buena fe y que la compra de cuotas que se hizo cumpliendo la ley y siguiendo los consejos de los abogados, en el entendido que no era necesario lanzar una OPA (... ), estamos seguros de que hemos actuado cumpliendo la ley”, dijo. ¿ Delito económico? Debido a que el presunto delito se habría cometido después de agosto de 2024, tanto Michael Clark como Inversiones Antumalal podrían ser sancionados con la nueva ley de delitos económicos, que trae consigo un régimen más estricto para personas naturales y que las personas jurídicas puedan responder con responsabilidad penal. rodrigo Reyes, director jurídico de Prelafit Compliance, comenta que el supuesto ilícito por el que se le acusa a Clark tiene una pena que va de presidio menor en su grado mínimo a máximo, es decir, de 541 días hasta 5 años.
“El panorama puede ser especialmente complicado porque en la Ley de Delitos Económicos no puede hacerse valer una atenuante que generalmente concurre en casi todos estos casos, que es la irreprochable conducta anterior”, comenta Agrega que hay algunas agravantes especiales que “podrían configurarse en este caso, podría ser, porejemplo, la participación en una posición jerárquica superior en la organización”. Dadas estas dos características, que son parte del nuevo régimen sancionatorio para los delitos económicos, si se llega a comprobar el supuesto delito, lo más probable es que la sanción sea de reclusión efectiva, dice Reyes. Marcelo Hadwa, socio de la oficina Hadwa Vargas, Derecho, comenta que Inversiones Antumalal también podría tener una responsabilidad por el presunto ilícito.
“Si los hechos materia de la querella fueran efectivos, y estos además pudieran encuadrarse dentro del delito (de fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones), efectivamente podría arriesgar una sanción por responsabilidad penal de la persona jurídica, que concurran ciertas condiciones previstas en la ley que regula la materia.
Y dentro de las sanciones que arriesgaría esta sociedad, destacan la extinción de la persona jurídica y multas”, dice, Con todo, un informe en derecho elaborado por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, concluye que tanto el reclamo de la por no realizar una OPA como los deberes de informar la operación “carecen de justificación en el derecho vigente”. Argumenta que, por las características de los fondos de inversión, “el aportante o cuota habiente del fondo tiene un crédito contra el mismo; el patrimonio correspondiente al fondo no tiene titular ”. Consultados por “El Mercurio” sobre la posible aplicación de la nueva Ley de Delitos Económicos, desde Azul Azul indicaron que están analizando los alcances legales de la acusación.