La intensa agenda de Hermosilla en los años que investiga la fiscalía
Abogado será formalizado el 21 de agosto Defensor de políticos, jueces, policías y empresarios, el penalista es indagado por sus actividades comerciales y tributarias entre los años 2019 y 2023. Por Luis Mendoza V. Sesor jurídico del Ministerio del Interior, abogado del empresario Gonzalo Vial Concha y defensor de Andrés Chadwick, Miguel Crispi y la ONG Urbanismo Social.
Esos son solo algunos de los caminos transversales que recorrió el abogado Luis Hermosilla (en la foto) entre 2019 y 2023, mismo periodo que comprende la querela en su contra presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por "presentar declaraciones de impuestos a la renta maliciosamente falsas”. La acción judicial abarcó los "años tributarios" 2020 al 2024, es decir comprende los "años comerciales” inmediatamente anteriores, considerando que los ingresos de un período se declaran en la Operación Renta del año siguiente. Una acusación que, junto a otras imputaciones de la Fiscalía Oriente, serán parte de su audiencia de formalización de cargos el 21 de agosto en el 4* Juzgado de Garantía de Santiago.
Amigo-asesor de Chadwick En los primeros días de febrero de 2018 Hermosilla asumió como asesor legal externo del Ministerio del Interior, en medio de los preparativos para el inicio del segundo mandato del expresidente Sebz tián Piñera. Un puesto que alcanzó como hombre de confianza y excompañero de derecho en la U. Católica del entonces designado ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Desde ahí, en 2019 se querelló en nombre de esa cartera por delito terrorista por el envío por correo de dos bombas: una explotó en la comisaría de Huechuraba y otra llegó a las oficinas del grupo Luksic, dirigida a Rodrigo Hinzpeter, sin que detonara. También, actuó como abogado querellante por el Gobierno en el denominado Caso Catrillanca.
Meses después, a cargo de los intereses de la familia Guzmán, participó en el juicio al entonces extraditado (desde Brasil) exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado porel asesinato del senador Jaime Guzmán y por asociación ilícita terrorista.
Ese mismo año, Hermosilla estuvo en medio de la polémica tras ser relacionado con las acusaciones al entonces exfiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, por un eventual ocultamiento de información, tráfico de influencias y violación de secreto. Época, en la que el penalista representaba los intereses de Gonzalo Vial Concha, en su acusación por estafa contra Sebastián Dávalos, y de Herman Chadwick Larraín (sobrino del exministro del Interior) en el caso Caval.
Pero ese 2019 culminaría con un sabor amargo para Hermosilla: en diciembre defendió al ministro Chadwick (renunció el 28 de octubre de ese año, en medio del estallido social) de una acusación constitucional que no logró sortear.
Precisamente, desde fines de octubre, Chadwick y Hermosilla compartían oficina en Alonso de Córdoba en lo que en la jerga de los abogados se conoce como "comunidad de techo", la que culminó a fines del año pasado, tras estallar el caso audio.
Un abogado pragmático En septiembre de 2020, el abogado demostraría sus lazos con el Poder Judicial tras asumir parte de la defensa de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, acusada constitucionalmente de notable abandono de deberes, tras presidir en 2016 la Comisión de Libertad Condicional que dio ese beneficio a Hugo Bustamante, el homicida (julio de 2020) de Ámbar Cornejo. Una acusación que finalmente no prosperó. OS SN Al mes siguiente, Hermosilla debutó como abogado externo de Banco Estado.
Según un oficio respuesta de la Ministra del Interior, Carolina Tohá, a la Cámara de Diputados de abril pasado esa cartera pagó a Hermosilla durante el segundo mandato de Piñera un total de $112 millones, por seis contratos en los años 2018,2020, 2021 y 2022. Una cifra similar a los $100 millones que cobró en el primer mandato de Piñera, por cuatro contratos del 2012 al 2013.
En 2021, el jurista tuvo que salir en defensa de uno de sus grandes clientes, Gonzalo Vial Concha, pero esta vez no por un conflicto penal, sino quea cargo de la reestructuración financiera dela compañía del empresario, Grupo Graneles. Un acuerdo que se alcanzó a inicios de abril y que involucró pasivos por US$290 millones. El éxito en esta gestión le valió un reconocimiento, ya que asumió como director de Inversiones Graneles del Sur, matriz del Grupo Graneles.
En octubre de 2021 asumiría otro caso emblemático, que lo seguiría hasta hoy, tras tomar la defensa del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, acusado de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de dinero.
Irónicamente, dos años después el caso audio y la incautación del celular de Hermosilla, sacaría del cargo al sucesor de Espinosa en la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, formalizado en marzo pasado por el delito de violación de secreto, tras revelar antecedentes confidenciales al propio Hermosilla.
Aterrizó en la farándula y llegó al Caso Convenios Haciendo gala de su transversalidad, en abril de 2022, el jurista aterrizó en la farándula, como asesor de Tonka Tomicic (en la foto) con la idea de entablar acciones contra quienes difundían trascendidos que afectaban la imagen de la animadora, luego que su exmarido, Marco Antonio López (Parived), fuese vinculado (en febrero de 2023 fue formalizado) por el "Caso Relojes". Tomicic y Hermosilla se conocieron a través de un contacto en común, el empresario Daniel Sauer (socio fundador de Factop), pero el vínculo entre ambos duraría hasta el estallido del Caso Audio en noviembre del 2023. En julio del año siguiente, el penalista demostraría su ductilidad política tras asumir como defensor de Urbanismo Social, la ONG investigada por convenios con la Seremi de Vivienda del Maule. Meses después, asumiria la defensa de Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda, en el marco de las indagaciones por el Caso Convenio, pero a las pocas semanas el nexo se cortaría.
Y es que en abril de 2023, Hermosilla ya figuraba como asesor del grupo Sum Capital, de las familias Sauer y Topelberg, en la defensa de su corredora de bolsa, STF Capital, ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en lo que luego gatillaría los casos Factop y Audio.