Autor: N O T A

Parten diligencias en causa penal, los contactos con la PDI para indagatorias internas y las pesquisas en el Senado
Parten diligencias en causa penal, los contactos con la PDI para indagatorias internas y las pesquisas en el Senado Tras analizar los antecedentes recibidos desde la Contraloría, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió el jueves pasado abrir una investigación por eventual fraude al fisco.
La indagatoria se derivó a la Fiscalía Metropolitana Oriente quedando en manos del persecutor de Alta Complejidad de esa zona, Álvaro Pérez, ya que en ella “se llevan investigaciones en donde se ha formalizado a médicos que cometen fraudes con licencias médicas”. El próximo paso para el Ministerio Público sería decidir si derivar causas a distintas fiscalías regionales o mantenerlas en aquellas donde fueron asignadas, además de determinar cómo se tramitarán las causas.
Para la penalista Catherine Lathrop, “de acreditarse los hechos por los que se ha abierto investigación de oficio por el delito de fraude al fisco (), sería razonable no solo esperar una formalización rápida, sino que en audiencias concentradas o masivas para agilizar la persecución y además dar una señal clara”. Mientras que el exfiscal metropolitano Oriente, Rodrigo Lazo, dice que “agruparía Agrupar por repartición y región o hacer un trámite masivo, entre opciones de fiscalía. por entidad pública y por región una carpeta (), y ahí quedan todos inmersos en los mismos hechos, porque son parecidos; pero, todas juntas, operativamente, no es recomendable”. “En todas las causas, cuando son muy masivas, se complejiza mucho el tema de la investigación, de las diligencias que están llegando y se están pidiendo (), una sola causa no agilizaría la tramitación, sino que la entrabaría”, estima.
Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y el Congreso Nacional, que también anunciaron indagatorias internas, no están sujetos a la fiscalización de la Contraloría debido a su carácter de ente autónomo, según establece la Constitución, motivo por el cual no están en el informe. En los tres casos, las investigaciones incluirán a jueces, fiscales y congresistas, respectivamente, además de funcionarios administrativos.
Un catastro de las licencias recibidas en el Poder Judicial durante los últimos cinco años tres más que el informe de la Contraloría fue la primera medida adoptada por el pleno de la Corte Suprema, haciendo eco de la polémica levantada hace unos días por el informe del ente fiscalizador respecto del uso fraudulento de estos documentos por más de 25 mil funcionarios públicos de reparticiones de todo el país.
Y se espera que esta semana, una vez que se reciba ese listado por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), el máximo tribunal se contacte con la PDI para determinar los pasos a seguir en lo relativo al protocolo que se debe utilizar para el cruce de sus datos con aquellos con que cuenta la policía respecto de los registros de salidas al extranjero de funcionarios judiciales. La investigación interna que fue propuesta por el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, en un pleno extraordinario del viernes pasado quedó en manos de la Fiscalía Judicial del máximo tribunal, encabezada por Jorge Pizarro. Z E Á B E P I L E F En el Poder Judicial se revisan permisos de los últimos cinco años. Con el correr de los días se fueron anunciando varias indagatorias internas promovidas por los organismos que no estaban en la fiscalización. Así, a lo resuelto el viernes pasado por el Poder Judicial y el Ministerio Público, se sumó este fin de semana el Congreso.
La mesa del Senado integrada por su presidente, Manuel José Ossandón (RN), y vicepresidente, Ricardo Lagos Webber (PPD) anunció que se iniciará una “revisión exhaustiva” de los antecedentes relacionados con el uso de licencias médicas, con el objetivo de “identificar posibles irregularidades”. Se propuso pedir a la Policía de Investigaciones (PDI) que se replicara la metodología de cruce de datos aplicada por la Contraloría, abarcando 2023 y 2024. Ahora, deben reunirse con la comisión de Régimen Interno de la Cámara Alta y el secretario general, para dar inicio a las respectivas investigaciones.
Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), señaló que “ya se encuentra en curso la realización de una investigación interna para determinar si existen funcionarios que, estando con licencia médica, hayan salido del país”. “(Debemos) garantizar que los recursos públicos se usen correctamente”, añadió.
Luego que Contraloría identificara 25 mil licencias fraudulentas de empleados públicos: N Próxima reunión con comisión de Régimen Interno de la Cámara Alta N ¿ Próximo paso de la fiscalía? Definir cómo se van a tramitar las causas N Fiscal judicial se contactará con la PDI para coordinar cruce de datos. La fiscalía revisa los casos denunciados por el organismo fiscalizador y definirá su forma de tramitación, mientras que los poderes Judicial y Legislativo comienzan sus propias averiguaciones, pues no estaban incluidos en informe. A. ZÚÑIGA, E. CANDIA Y C. CARVAJAL Luego que Contraloría identificara 25 mil licencias fraudulentas de empleados públicos: En el Poder Judicial se revisan permisos de l Agrupar por repartición