Autor: NADIA CABELLO
EL CONTROVERTIDO DEBATE sobre las movilizaciones que abrió el proyecto “Escuelas protegidas”
EL CONTROVERTIDO DEBATE sobre las movilizaciones que abrió el proyecto “Escuelas protegidas” Una discusión imprevista es la que ha comenzado a asomar en medio del debate sobre las medidas para aumentar la seguridad en los colegios.
Luego de hechos de violencia de distinta naturaleza, como el crimen de una inspectora en Calama cuando un alumno ingresó un arma blanca o el actuar de overoles blancos y encapuchados en liceos emblemáticos, el Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad en los recintos educacionales. Sin embargo, distintas agrupaciones y sectores de izquierda han reaccionado contra estas iniciativas.
Los argumentos han sido de distinto tipo, pero uno llama la atención: que medidas que buscan evitar la interrupción de clases o que los estudiantes permanezcan a rostro descubierto son señalados como “persecución” o “criminalización de las movilizaciones”. El proyecto “Escuelas protegidas” del Gobierno busca, entre otros, permitir la revisión de bolsos y mochilas de los estudiantes para impedir el ingreso de artículos potencialmente peligrosos, sancionar a quienes impidan la normal realización de clases, como la paralización total o parcial de clases, y la prohibición de accesorios que impidan la identificación facial en actividades escolares. La otra iniciativa impulsada por el Ejecutivo persigue modificar el Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos dentro de recintos escolares o en actividades extracurriculares, incluyendo delitos contra la propiedad en dependencias educativas. Las agrupaciones estudiantiles fueron las primeras en mostrar su descontento.
Entre ellas, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) ha afirmado en publicaciones en redes sociales que lo que se busca “no es seguridad, es persecución”, y denuncian un supuesto intento del Ejecutivo de “desmovilizar”. La ACES ha estado convocando a una “rearticulación del movimiento estudiantil”. Se trata de una organización que se originó en el 2000 y que ha participado en movilizaciones como el “mochilazo” de 2001, la “Revolución Pingüina” en 2006 y que, en el contexto del estallido, convocó a un boicot a la PSU en enero de 2020. Pero no son los únicos.
En La Izquierda Diario portal ligado al disuelto Partido de los Trabajadores Revolucionarios, en un artículo titulado “Escuelas protegidas: la excusa punitiva para silenciar la manifestación estudiantil”, acusan una “criminalización de las movilizaciones”. La nota es firmada por la Agrupación Nuestra Clase, que reúne a trabajadores de universidades.
En ella sostienen que la exigencia de la cara descubierta “no es más que intensificar el control de identidad y restringir o regimentar abusivamente la expresión de las y los estudiantes”, y que la medida para sancionar la interrupción de clases “bien podrá usarse para atacar el método del paro de actividades”. En el artículo añaden que la modificación al Código Penal “agrega como agravante el cometer un delito contra la propiedad en el interior o dependencias de un establecimiento educacional.
Esto puede significar una criminalización a métodos históricos del movimiento estudiantil, que ha sido aplaudido por amplios sectores sociales como fue el 2006 y el 2011, lo que incluyeron organización en los liceos y universidades, que se destacaron, por “Estamos reivindicando nuestro derecho a participar” A través del canal de YouTube del MPMR, en una edición especial de su programa “Encendiendo la conciencia”, Riquelme se refirió al tema, descartó ser coordinador de las movilizaciones y tildó de fake news dichas acusaciones, aunque reconoció participar en las marchas.
Sentado en un set con fondo negro y banderines del “perro matapacos”, agregó: “No somos de victimizarnos, muy por el contrario, estamos reivindicando nuestro derecho a participar, a movilizarnos en cada una de las cuestiones que consideremos necesaria movilizarnos (... ). Hay una serie de cuestiones en las que vamos a seguir participando, tengan la certeza”. n. B Z E Á B E P I L E F A la comisión también había asistido el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.
Consultado, explicó a “El Mercurio” que, entre otras críticas, le preocupaba que la norma sobre interrupción de clases pudiera transgredir el derecho a huelga de los trabajadores posteriormente, el Ejecutivo ingresó una indicación que excluyó a los trabajadores del alcance de la norma y que “se pudiera prestar para situaciones abusivas”. Señaló que tendría que “ser una norma muy precisa que se refiera a situaciones extremas donde se fuerza una situación de suspensión de clases, que es muy distinto a una suspensión convocada por algún miembro de la comunidad, donde no hay un forzamiento”. Ejemplificó con estudiantes “que hacen un llamado a paralización pacífico, como ha ocurrido muchas veces por problemas concretos, con una demanda planteada, digamos, correctamente, por ejemplo, que los baños están malos (... ) o cuando ocurrió hace años atrás el tema del liceo acuático de Lota y todos los estudiantes paralizaron”. Por su parte, en la comisión, llamó la atención lo señalado por Rosario Olivares, de la Red de Docentes Feministas, quien argumentó que “muchas de las expresiones que están puestas en la apariencia tienen que ver con la libertad de expresión y la identidad de las y los estudiantes.
Podríamos hablar incluso de escuelas donde hay mala calefacción, donde hace frío y un estudiante anda muy, muy abrigado”. Contactada, aclaró que no se trató de una defensa a los encapuchados: “Yo creo que ninguna profesora ni profesor quiere un encapuchado dentro de su colegio”. A juicio de Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, resulta “sorprendente la postura de la izquierda. No solo porque las exigencias que se plantean se tratan de cosas básicas para que la educación funcione, sino que además porque revela una desconexión grande con lo que aspiran las grandes mayorías.
Por decirlo en términos estrictamente políticos, una izquierda interesada en volver a recuperar terreno, en volver a sintonizar con las preocupaciones de las grandes mayorías, debiera tomarse en serio esta agenda y no mostrarse reacia a ella, porque este es el tipo de cosas que la llevaron a las derrotas electorales de los últimos años”. n de que, por cierto, entendemos que el principal objetivo del establecimiento educacional es estudiar, es ir al colegio y no estamos promoviendo esto de forma irresponsable”. La secundó su par del Partido Comunista Daniela Serrano: “La pregunta que me cabe hacer acá es si una paralización de clases votada democráticamente por un centro de estudiantes es causal para invocar Aula Segura. (... ) Estamos hablando de la restricción del derecho y no solamente estamos hablando de los estudiantes, también puede afectar a los trabajadores de la educación”. La respuesta la dio el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, a cargo del área escolar, quien sostuvo que “lo que se intenta definir en la norma es que cuando una acción interrumpa el servicio educativo (... ) esto pueda ser considerado una falta grave a la convivencia, lo que puede llevar a las sanciones según el procedimiento que está en lo que llamamos Aula Segura”. Y añadió: “El objetivo de esa norma no es regular ni buscar regular cuándo una interrupción es legítima o no.
Nosotros consideramos que siempre es ilegítima cuando el derecho a la educación de alguien se ve vulnerado. (... ) El hecho de que alguien defina un procedimiento para vestir de legitimidad la interrupción de un derecho de otro no lo hace legal ni válido”. ejemplo, con tomas para hacer exigencias educativas y sociales”. EN EL CONGRESO La discusión también asomó esta semana en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que esta semana despachó a sala “Escuelas protegidas”. En la sesión del miércoles, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider, entre una serie de reparos al proyecto, planteó: “Quiero preguntarle al Ejecutivo respecto de la interrupción de clases. ¿Hay alguna manera o alguna apertura del Ejecutivo para conversar, para encontrar una redacción que de alguna manera resguarde el derecho a la movilización de las y los estudiantes? Porque si hay una paralización votada de forma democrática, no me hace sentido que eso sea considerado como una falta grave más allá Tomas, paros e interrupción de clases en colegios Una encuesta realizada por Black&White indaga en la percepción ciudadana respecto de distintas situaciones que alteran el orden en establecimientos educacionales.
Y Paola Assael, socia de la encuestadora, concluye: “Se observa un rechazo mayoritario a todas las formas de impedimento al normal devenir educacional (... ). El rechazo es mayor cuando las manifestaciones son en colegios que en universidades, y más alto cuando hay más sublevación contra el orden y autoridades establecidos, como ocurre en el caso de las tomas”. En concreto, el 82% dice estar en desacuerdo con las tomas en los colegios, el nivel de desaprobación más alto.
Lo sigue, con 79%, la proporción que es contraria a las tomas en universidades (ver infografía). En el caso de la interrupción de clases por manifestaciones, el 71% las desaprueba en colegios y 68%, en universidades. Por su parte, el 63% está en desacuerdo con los paros en universidades y 69%, en colegios. Llaman la atención las diferencias de opinión entre grupos etarios y entre quienes se consideran de izquierda o de derecha.
Por ejemplo, más de la mitad de los jóvenes (18 a 34 años) está de acuerdo con los paros en universidades y la interrupción de clases por manifestaciones en universidades, cifra que cae a 21% y 17%, respectivamente, entre las personas de 55 años o más.
Asimismo, entre quienes se identifican con la izquierda, el 68% está de acuerdo con paros en universidades y el 56% con los paros en los colegios; entre quienes son de derecha, el nivel de acuerdo es 12% y 10%, respectivamente. Solo en el caso de las tomas la mayoría de quienes se sienten de izquierda están en desacuerdo, aunque igualmente más de un tercio las apoya. “Estas diferencias dan cuenta una vez más de las diferencias valóricas entre la derecha y la izquierda. La derecha aboga por el libre albedrío y la responsabilidad por las acciones y decisiones propias de cada individuo. Bajo esta mirada, las situaciones descritas son inaceptables, porque imponen sobre el individuo”, apunta Assael. Por otro lado, continúa, “la izquierda aboga por la colectividad como valor fundamental, entendida como la construcción de una sociedad desde el apoyo frente a los malestares del otro. Esto lleva a entender el equilibrio social como un tema de demandas colectivas. Bajo esta mirada, las situaciones descritas, exceptuando las tomas, se reconocen como herramientas políticas legítimas”. los establecimientos. Nuevamente, se observan diferencias según la edad y postura política.
De los jóvenes de entre 18 y 34 años, el 57% cree que hay grupos organizados involucrados en las manifestaciones en escuelas y el 60% opina lo mismo respecto de los actos violentos en los colegios. La cifra sube a 88% y 89%, respectivamente, entre las personas de 55 años o más.
Además, quienes se identifican con la derecha, mayoritariamente, creen que hay grupos organizados actuando en colegios (96% y 94%, en los casos consultados), mientras que en la izquierda esa proporción cae más de 40 puntos (47% y 53%). La medición también dio cuenta del apoyo transversal a la idea de que los apoderados respondan por los daños que generen sus hijos en los espacios escolares, con 93% de acuerdo. n MAYORÍA CREE QUE ACTÚAN GRUPOS ORGANIZADOS El sondeo analiza también lo que han planteado distintas autoridades: la acción de grupos organizados en colegios.
Los resultados muestran que el 74% sí cree que hay incidencia de estos en las manifestaciones y el 75% opinó lo mismo respecto de actos violentos en El nombre de Marco Riquelme ha rondado en redes sociales señalado como uno de los adultos que colaboraría en las protestas de estudiantes.
Se trata de un exintegrante del FPMR, hoy miembro del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, y quien fue uno de los líderes de los movimientos “Anti APEC”. Ficha técnica. ....................................... Estudio cuantitativo, no probabilístico, a través de la aplicación de encuestas online a personas registradas en el panel Black&White. Grupo objetivo: personas de 18 años o más, residentes de todo el país. Muestreo: aleatorio al interior del panel. Se realizaron 970 encuestas.
Error muestral: para un 95% de confianza, es de 3,2%. Trabajo de campo: 15 de abril de 2026. generan mayor desaprobación que en las universidades RODRIGUISTA RESPONDE A ACUSACIONES DE AZUZAR A ESTUDIANTES: Autor: NADIA CABELLO. Sectores de izquierda defienden que las movilizaciones son un derecho y que la idea del Ejecutivo de sancionar los actos que impidan la normal realización de clases sería “persecución” y un intento de silenciar manifestaciones.
Desde el Mineduc afirman que la interrupción de clases “siempre es ilegítima cuando el derecho a la educación de alguien se ve vulnerado”. | EN SITIOS WEB Y REDES SOCIALES: Ficha técnica. ....................................... Estudio cuantitativo, no probabilístico, a través de la aplicación de encuestas online a personas registradas en el panel Black&White. Grupo objetivo: personas de 18 años o más, residentes de todo el país. Muestreo: aleatorio al interior del panel. Se realizaron 970 encuestas.
Error muestral: para un 95% de confianza, es de 3,2%. Trabajo de campo: 15 de abril de 2026. generan mayor desaprobación que en las universidades RODRIGUISTA RESPONDE A ACUSACIONES DE AZUZAR A ESTUDIANTES: Agrupaciones de estudiantes han convocado a manifestaciones y hablan de “rearticular el movimiento estudiantil”. Marco Riquelme, del MPMR.
