EDITORIAL: Aumento del empleo público
EDITORIAL: Aumento del empleo público pese pese a que no hay nuevas creaciones de puestos de trabajo en la empresa privada, el número de empleos públicos aumenta cada dia más y con las leyes de protección que se han creado, cada dia será peor y el Estado chileno ya se acerca al millón de empleados, superando a los que debieron contratarse para la pandemia, situación que obligó a contratar personal adicional, especialmente, en el sector salud.
La tendencia al aumento del número de funcionarios que se desempeñan en el Estado es preocupante pues son funcionarios que normalmente están duplicados en funciones y generan un enorme gasto que debemos soportar todos los chilenos, por ello, es preocupa que salgan normas que inmovilizan el movimiento de personal, como acaba de ocurrir en la Municipalidad de Santiago que habla despedido a gran parte de la E U T O A L Amnelfio ae OIDPeO púbhco Subdirección de Igualdad que habla creado la ex alcaldesa Hassler y debió revertir varios de esos despidos por la denominada confianza legítima, que asegura a quien tiene dos años o más en un contrato, le nace el derecho a seguir en el cargo, aumentando con esto el gasto, en desmedro de obras de adelanto. Esta es una estrategia creada por la izquierda para amarrar a sus seguidores a cargos pagados por todos y cortándoles la oportunidad a los alcaldes colocar personas de su confianza.
De acuerdo con registros de la Dirección de Presupuestos y dados a conocer por la prensa nacional, a diciembre de 2024, el personal disponible en el sector público alcanzó a poco menos de 930 mil cargos, acercándose con ello al millón de personas y superó el número total de funcionarios públicos que hubo al cierre de 2021, periodo en el que el Estado tuvo que contratar mucho personal adicional para enfrentar la crisis sanitaria del covid19, covid19, que dejó grandes estragos en el país.
El elevado número de personas corresponde al conjunto de instituciones que constituyen el Gobiemo Central, incluyendo, además, a los municipios, empresas públicas, universidades y centros de formación técnica estatales y otras instituciones públicas, excepto el personal uniformado de las Fuerzas Armadas y de Orden, senadores y diputados, corporaciones de asistencia judicial y otrss instituciones de similar naturaleza, y sí se contaran, estaríamos bordeando el millón de personas, una carga demasiado alta para ser financiada por los contribuyentes nacionales. Lo ideal es que el Congreso legisle para dejar sin efecto la confianza legítima que impuso el ex contralor sin que conste en una norma legal..