Dominga y otros proyectos: ¿ser o no ser?
Dominga y otros proyectos: ¿ ser o no ser? COMENTARIOSUna gran noticia entregó la semana pasada el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al acoger la reclamación presentada por la empresa Andes Iron SpA y, de esta forma, modificar la decisión del Comité de Ministros (CM), instancia que había calificado negativamente al proyecto minero Dominga, ubicado en la región de Coquimbo, en enero de 2023. Se revierte así el criterio político usado para evaluar un proyecto, que contempla una inversión inicial de US$2 mil 300 millones y que lleva más de 10 años esperando poder concretarse. Más allá del volumen de inversión, lo relevante son las consideraciones que se tuvieron ala vista para revertir la decisión del CM contra Dominga.
En sus más de 200 páginas, el dictamen establece el pronunciamientooriginal habría incumplido una sentencia dictada por el mismo Tribunal en 2021, y ratificada porla Corte Suprema, además de haber “transgredido principios fundamentales, como la debida imparcialidad y la confianza legítima”. Esto, entre otrasirregularidades. Más allá de las consecuencias políticas de este dictamen, cabe reparar en la señal quese haenviado respecto de la institucionalidad ambiental vigente y su aplicación a proyectos de inversión.
Esto, por cuanto el fallo del tribunal deja claramente establecido que la empresa y el proyecto “cumplían claramente con la normativa vigente, además de habersolucionado todas las exigencias planteadas para tener una correcta evaluación ambiental”. Este dictamen devuelve, en gran parte, la credibilidad al sistema deevaluación y ato-YT]Más allá del volumen de inversión, lo relevante son las consideraciones que setuvieron a la vista”. gorro general deaoodacónds Fnduestiales de quiquey el Tamarugal (AI). da la institucionalidad aplicada alos permisos para proyectosdeinversión.
Algo muy necesario en momentos en que, por un lado, se discute sobrecriterios, plazos y formas para reducir la permisología, pero, por otro, desde distintos niveles dela administración pública y ONG's extranjeras, se defienden consignas y declaraciones en contra de proyectos deinversión, muchas vecessólo por el hecho de ser tales.
En algún punto intermedio entre ambas posturas, el Estado de Chile debiera encontrar un “punto de equilibrio” necesario para poder contar, definitivamente, con una institucionalidad ambiental moderna, creíble, respetada portodos los sectores y que incentive -atraigainversiones seguras. Esto es de suma urgencia, considerando que seguimos como país dilapidando entre 2 y 3 puntos de crecimiento del PIB, debido a la llamada “permisología”.. COMENTARIOS