Crisis por visas de EE.UU. expone fragilidad estratégica de Chile entre Washington y Beijing
Crisis por visas de EE.UU. expone fragilidad estratégica de Chile entre Washington y Beijing La decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar las visas de tres funcionarios del gobierno de Chile desató una crisis diplomática de alto voltaje político y geoestratégico, con efectos que van mucho más allá de una sanción consular.
El episodio, presentado por Washington como una respuesta a supuestas "actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional", tensionó la relación bilateral, abrió una discusión de fondo sobre la autonomía chilena en materia tecnológica y dejó al descubierto la falta de una estrategia de Estado coherente frente a la pugna entre potencias.
Durante la jornada del viernes se conoció que la medida afectó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y al jefe de gabinete de esta última cartera, Guillermo Petersen, identidades que inicialmente no habían sido detalladas públicamente por la Secretaría de Estado estadounidense. La confirmación de los nombres profundizó el impacto político interno, al tratarse de autoridades de primera línea en una cartera clave para infraestructura crítica y conectividad. El Gobierno de Chile reaccionó reuniéndose con el embajador de Estados Unidos en Santiago y presentando una nota de protesta formal. Según informó el canciller Alberto van Klaveren, la medida fue considerada "unilateral" e "inexplicable", y se cuestionó especialmente que se hiciera pública sin una notificación diplomática previa acorde con los usos internacionales. El Ejecutiyecto do a vo, además, subrayó que el prode cable submarino vinculaChina aún se encontraba en evaluación y no había sido aprobado. Ese punto no es menor.
La controversia se articula en torno al proyecto de cable submarino asociado a China Mobile mencionado en medios como "Chile-China Express" que buscaría conectar Sudamérica con Hong Kong, en un contexto regional en el que la infraestructura digital CAP IMAGES dejó de ser solo una cuestión comercial y pasó a ser tratada como un asunto de seguridad nacional. La señal de Washington no apunta únicamente a tres funcionarios: apunta a condicionar el margen de maniobra de Chile en decisiones tecnológicas estratégicas. Desde una mirada crítica, el problema no se agota en la dureza de la sanción estadounidense. También revela una debilidad persistente en la conducción chilena: la incapacidad de anticipar los costos internacionales de proyectos sensibles cuando estos se cruzan con la disputa entre Estados Unidos y China.
Si la advertencia diplomática existió con anterioridad -como han reportado distintos medios y versiones citadas por autoridades y personeros-, entonces la crisis no solo fue provocada desde afuera, sino también incubada por una gestión política que no calibró adecuadamente el escenario. La reacción política interna confirmó que el caso se transformó rápidamente en un campo de disputa ideológica. Desde la oposición, parlamentarios y dirigentes interpretaron el episodio como una alerta sobre los riesgos de profundizar vínculos tecnológicos con China en áreas críticas.
La Tercera recogió declaraciones del senador Iván Moreira (UDI), del diputado Jorge Alessandri (UDI) y del dirigente Hans Marowski (Partido Nacional Libertario), quienes cuestionaron el manejo del proyecto y advirtieron sobre sus implicancias en seguridad y relaciones exteriores. En ese bloque, sin embargo, apareció una contradicción que merece atención. Mientras se critica al gobierno de Boric por "irresponsabilidad" y falta de lectura geopolítica, también se sostiene que Chile no debe aceptar presiones externas y que las decisiones sobre conectividad deben tomarse soberanamente.
Esa tensión discursiva -alineamiento estratégico con Washington versus defensa irrestricta de autonomía nacionalrefleja una dificultad transversal de la política chilena: todos invocan soberanía, pero pocos explican cómo ejercerla en un sistema internacional donde la dependencia tecnológica condiciona las decisiones. Desde sectores oficialistas y de centroizquierda, en cambio, predominó una condena a la determinación de Washington por considerarla una afectación a la soberanía del Estado de Chile.
Distintas voces plantearon que la medida es arbitraria y que establece un precedente delicado al sancionar a autoridades de un país aliado por una iniciativa que, según la versión oficial chilena, ni siquiera había sido autorizada. En paralelo, respaldaron la protesta diplomática del Ejecutivo y emplazaron al presidente electo José Antonio Kast a fijar posición con una mirada de Estado. El trasfondo de esta discusión es más profundo que el intercambio de declaraciones.
Chile enfrenta una encrucijada estructural: necesita expandir su infraestructura digital, atraer inversión, mejorar conectividad internacional y diversificar rutas de datos, pero lo hace en un entorno donde cada decisión tecnológica puede ser leída como alineamiento geopolítico. La era en Mundo que cables submarinos, centros de datos o redes troncales se trataban solo como proyectos de ingeniería terminó hace tiempo. Hoy son piezas de poder. Y en ese tablero, Chile parece seguir reaccionando caso a caso, sin una doctrina pública robusta y consensuada. También hay una dimensión institucional que deja preguntas incómodas.
Si el proyecto cuestionado seguía en evaluación, ¿por qué la respuesta internacional escaló hasta una sanción personal contra autoridades? Si Estados Unidos estimaba que existía una amenaza estratégica real, ¿por qué optó por una señal pública punitiva antes que por un canal diplomático más reservado y propio de aliados? Y si Chile considera inaceptable la medida, ¿qué instrumentos concretos tiene para defender su posición sin deteriorar una relación bilateral que sigue siendo clave en comercio, seguridad y cooperación? Las respuestas aún son parciales y, por ahora, dominadas por la retórica política interna. La crisis, además, se produce en un momento de transición presidencial especialmente sensible.
El episodio coincide con la antesala del cambio de mando y con la proyección internacional del presidente electo José Antonio Kast, cuyo entorno ha confirmado su participación en la cumbre "Shield of the Americas" en Miami el 7 de marzo, pocos días antes de asumir.
Eso agrega un componente político adicional: cualquier definición pública sobre este conflicto será observada como una señal temprana de la política exterior que buscará imprimir su administración frente a Estados Unidos, China y la agenda hemisférica de seguridad. Con independencia de las posiciones partidarias, el caso deja una conclusión incómoda pero ineludible: Chile no puede seguir abordando infraestructura digital estratégica con lógica administrativa y respuestas improvisadas cuando el costo político ya estalló. La conectividad internacional, los cables submarinos y la gobernanza de telecomunicaciones son hoy materias de seguridad, desarrollo económico y soberanía efectiva. Tratar esos temas como expedientes sectoriales, sin una coordinación diplomática, política y técnica al más alto nivel, expone al país a quedar atrapado entre intereses externos y disputas internas. Lo ocurrido con las visas no solo tensiona la relación con Washington. También exhibe una falla de diseño en la forma en que el Estado chileno procesa decisiones estratégicas en un mundo donde la tecnología se convirtió en geopolítica pura.
Esa es la discusión de fondo que la contingencia, hasta ahora, apenas ha comenzado a rozar.. La revocación de visas a tres autoridades chilenas abrió un conflicto diplomático inusual, reactivo el debate por el cable submarino con China y dejó en evidencia vacíos de conducción política en una materia crítica: la soberanía tecnológica y la política exterior.