Autor: Patricio Meza García Administrador en Seguridad Pública

Columnas de Opinión: Menos discurso, más calle: la seguridad no se recupera con anuncios ni operativos para la foto
Columnas de Opinión: Menos discurso, más calle: la seguridad no se recupera con anuncios ni operativos para la foto Chile vive una paradoja peligrosa.
Las cifras oficiales muestran una baja de los homicidios en 2024 y una caída preliminar durante los primeros meses de 2026, pero en las calles la sensación es otra: más temor, más violencia visible y una creciente convicción de que el Estado llega tarde, mal o simplemente no llega. En seguridad, la percepción no lo es todo, pero tampoco puede ser tratada como un detalle comunicacional. Cuando la ciudadanía siente que perdió el control de sus barrios, lo que está en crisis no es solo el orden público: es la confianza en la autoridad. A nivel nacional, el país registró 1.207 víctimas de homicidio consumado en 2024, con una tasa de 6,0 por cada 100 mil habitantes, por debajo de las 1.249 víctimas y tasa 6,3 de 2023. Y entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, el balance preliminar habló de 247 víctimas, una baja de 14,2% respecto del mismo período del año anterior. Es decir, hay una mejora estadística que el Gobierno puede exhibir. Pero sería un error monumental leer esos números como una señal de normalización.
Porque la violencia letal puede bajar en el promedio y, aun así, seguir instalada con brutalidad en territorios donde el abandono urbano, el microtráfico y la pérdida de control del espacio público siguen siendo pan de cada día. Tarapacá refleja con claridad esa contradicción.
La región bajó su tasa de homicidios de 10,7 en 2023 a 7,9 en 2024, con 32 homicidios consumados ese último año, una reducción de 26,2%. Además, el informe oficial mostró que 84,4% de esos crímenes ocurrió en la vía pública, y que el principal contexto pasó a ser el interpersonal, con 46,9%, desplazando al patrón más asociado a delito o grupo organizado que había predominado antes. Incluso la propia Delegación Presidencial destacó que Tarapacá pasó de 53 homicidios en 2021 a 16 en 2025. Son cifras relevantes. Pero de nada sirve repetirlas como un mantra si el ciudadano sigue viendo esquinas capturadas por la droga, plazas deterioradas, barrios sin fiscalización permanente y sectores completos donde la noche pertenece al miedo. Ese es el punto de fondo: la seguridad no se gana solo con balances anuales, sino con presencia diaria del Estado. Y ahí aparece una de las debilidades más notorias de la actual conducción del Ministerio de Seguridad.
La ministra María Trinidad Steinert ha tenido despliegues en terreno y operativos, incluso en Tarapacá, pero también ha acumulado cuestionamientos por descoordinación política y por decisiones erráticas en la instalación del nuevo sistema de seguridad pública.
Su inasistencia a una sesión clave del Senado generó críticas transversales, incluso desde sectores oficialistas, y distintas voces han advertido falta de diagnóstico y de articulación institucional en una cartera que debiera precisamente ordenar el sistema, no desordenarlo más. Ese déficit de conexión no es solo con el Congreso. Es, sobre todo, con la realidad concreta de los territorios. Porque una cosa es encabezar operativos y otra muy distinta es construir una estrategia preventiva que se sostenga en el tiempo. Tarapacá no necesita únicamente irrupciones policiales. Necesita intervención persistente en los puntos críticos, recuperación del espacio público, iluminación, retiro de rucos y focos de basura, control de inmuebles tomados, fiscalización migratoria coordinada, persecución del microtráfico barrial y patrullaje mixto visible. En otras palabras, necesita prevención situacional real, no una suma de anuncios dispersos.
En este debate también se ha instalado, con fuerza, la preocupación por el aumento de personas en situación de calle en Tarapacá y por su vínculo con espacios donde prosperan el consumo, el tráfico al menudeo y otras incivilidades. Ese problema existe y no debe minimizarse. El Censo 2024 reportó 1.894 personas en situación de calle en Tarapacá, una de las tasas más altas del norte grande. De hecho, a nivel nacional el Censo 2024 indicó que 13,6% de las personas en situación de calle corresponde a inmigrantes. Eso no invalida la preocupación regional por barrios donde confluyen migración irregular, vulnerabilidad extrema y redes delictuales; lo que sí invalida es construir política pública sobre cifras no verificadas. Lo responsable, entonces, no es negar el problema ni exagerarlo sin evidencia. Lo responsable es decir que en Tarapacá hay sectores donde la desprotección social y la captura criminal del espacio público se mezclan de manera explosiva.
Allí el abandono estatal genera un círculo perverso: personas altamente vulnerables sobreviven en condiciones indignas, grupos ligados al microtráfico se aprovechan de esa fragilidad, los vecinos se repliegan, las policías intervienen de modo intermitente y el barrio termina normalizando lo inaceptable. Ese cuadro no se resuelve solo con compasión ni solo con represión. Se resuelve con una política dura contra el delito y seria frente a la exclusión urbana. El Gobierno debe entender que la seguridad se juega tanto en la macroestadística como en la esquina concreta.
Puede celebrar la baja nacional de homicidios, pero en Tarapacá eso no bastará mientras sigan existiendo zonas donde la autoridad se ve esporádica, donde los vecinos sienten que las policías llegan después de la denuncia y donde la prevención situacional sigue siendo la gran ausente. Una ministra de Seguridad no puede limitarse a administrar cifras ni a reaccionar ante crisis comunicacionales. Tiene que conducir, coordinar y anticiparse. El mensaje final debiera ser directo. El Gobierno tiene que pasar del relato al control territorial efectivo.
Debe intervenir los barrios críticos con planes permanentes, no con operativos aislados; fortalecer inteligencia y persecución del microtráfico; coordinar a municipios, policías, fiscalía y servicios sociales; ordenar la situación migratoria irregular con apego a la ley; recuperar plazas, bandejones y veredas tomadas; iluminar, limpiar y vigilar; y enfrentar la situación de calle con una estrategia dual: protección social para quien la necesita y tolerancia cero con quienes usan esos espacios como cobertura del delito. Si no hace eso, la baja de homicidios será apenas una cifra fría en un papel, mientras en la calle seguirá creciendo la convicción más peligrosa de todas: que el Estado perdió el control. Autor: Patricio Meza García Administrador en Seguridad Pública.