Autor: Alejandra Ríos Urzúa

Columnas de Opinión: Diez años tarde
Columnas de Opinión: Diez años tarde Señor director: Hace diez años, cuando Chile rindió examen ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) de la ONU, en el marco de la Convención Internacional, el diagnóstico fue claro: nuestro país mostraba escasos avances que garantizaran el derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad. El Comité expresó su preocupación por la falta de sistemas de apoyo comunitario, lo que obligaba a muchas personas con discapacidad -especialmente intelectuala ser institucionalizadas. Recomendó, explícitamente, un plan de desinstitucionalización que contemplara plazos y presupuesto.
Una década después, la noticia sobre cuidadoras detenidas en Ñuñoa por maltrato con mangueras y vejámenes a personas mayores y PcD no es solo un hecho constitutivo de delito: es el reflejo de una deuda estructural.
Cuando el Estado no desarrolla redes sólidas de apoyo en la comunidad, cuando la vida independiente no cuenta con financiamiento suficiente ni planificación intersectorial, algunos grupos de riesgo -como las PcDquedan expuestos a este tipo de vulneración de derechos. La Ley 20.422 estableció principios de autonomía e inclusión social para este colectivo. Sin embargo, la implementación efectiva de un sistema de apoyos, la opción de asistencia personal, de viviendas con acompañamiento y servicios comunitarios de calidad, es prácticamente inexistente. Autor: Alejandra Ríos Urzúa.