Tras incautación en Bienes Nacionales, ministra y senadora declararán como imputadas y se evalúa requisar teléfonos
Tras incautación en Bienes Nacionales, ministra y senadora declararán como imputadas y se evalúa requisar teléfonos ra que la secretaria de Estado y la congresista abandonen sus cargos. Por otra, la causa penal. En esta última también entregaría su versión, en calidad de imputada, la renunciada ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval. Fue en esa misma repartición --que hoy encabeza Francisco Figueroa-en la que se realizó una incautación el miércoles pasado por detectives de la PDI. La diligencia intrusiva, así como la toma de declaraciones que se alista, se dio en la investigación que se origina en la querella por fraude al fisco ingresada anDeclararían en calidad de imputadas.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, ambas militantes del Partido Socialista (PS), fueron citadas para entregar sus versiones al Ministerio Público en la indagatoria por la fallida venta de la casa del expresidente de la República Salvador Allende Gossens.
Las diligencias, que se dan en el marco de las pesquisas por fraude al fisco, deberían efectuarse mañana jueves y pasado mañana viernes, respectivamente, en caso de que las autoridades no utilicen su derecho a guardar silencio.
La historia que llevaría a las autoridades a entregar su declaración ante el equipo de investigadores de la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezado por el jefe de la jurisdicción Patricio Cooper, se remonta a inicios del año pasado, cuando "El Mercurio" publicó que el Gobierno planeaba adquirir el inmueble ubicado en Guardia Vieja 392, de la comuna de Providencia, que el otrora mandatario habitó mientras era senador.
Sin embargo, las intenciones del Ejecutivo de convertir la edificación en un museo se desmoronaron cuando el Ministerio de Bienes Nacionales divulgó a fines de 2024 que la Contraloría General de la República tomó razón de dos decretos que autorizaron la compra. n Los cuestionamientos por prohibición legal La razón: surgió una serie de cuestionamientos porque tanto la ministra Fernández como la senadora Allende son propietarias del inmueble tras heredar una parte, y la normativa vigente prohíbe a las autoridades, que ejerzan en cargos como los que ostentan, celebrar contratos con el Estado.
Así, se frustró la adquisición del inmueble tasado en $933 millones; se gestó la salida de la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, a quien el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia por responsabilidades políticas; y se abrieron distintas aristas legales.
Por una parte, se tramitan requerimientos en el Tribunal Constitucional (TC) pate el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Raimundo Palamara --representante de la Fundación Fuerza Ciudadana y excandidato a constituyente por el Partido Republicano--, que estaba dirigida contra el Presidente Gabriel Boric y todos aquellos que resulten responsables. n Otras citaciones y algunas interrogantes En su acción judicial, el querellante solicita que se les tome declaración a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y sus pares de Hacienda e Interior, Mario Marcel y Carolina Tohá, respectivamente.
Y, entre otras cosas, si fuesen citadas, busca que declaren sobre "si hubo algún contrato de promesa para la compra de dicho inmueble, en la afirmativa quiénes lo suscribieron, dónde y si existe copia de aquel para remitirlo a la investigación"; y "quiénes formaron parte de las tratativas preliminares previo a la consumación del contrato de compraventa celebrado el día 30 de diciembre de 2024, ante la Quincuagésima Notaría de Santiago, Repertorio 95.5122024 ". Asimismo, espera saber "si hubo tasaciones", "cómo se pagó el precio del inmueble que aparece en el contrato de compraventa", por ejemplo.
Si bien la causa originalmente estuvo en manos del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, hace unos días el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, la reasignó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien tiene a su cargo también la investigación de la arista Procultura, del caso Convenios, donde está involucrada la expareja del mandatario, Irina Karamanos. n Eventuales diligencias por definir en la indagatoria La fiscalía, en tanto, estudia si dar curso o no a una diligencia intrusiva: la incautación de "los teléfonos celulares del querellado (Presidente Gabriel Boric); de Marcela Sandoval, exministra de Bienes Nacionales; Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio". Palamara, abogado querellante, expresó que "estas diligencias son parte de la labor investigativa del Ministerio Público en razón a lo solicitado en la querella y lo que se está determinando por el curso de la investigación, al sindicar como imputados a todos los que resulten responsables, (si) están todos los involucrados en el hecho defraudatorio, tanto al que tiene la disposición o administración de los recursos públicos, como lo es el Presidente Gabriel Boric, como los beneficiarios de dicha operación y todo aquel que participó como autor, cómplice y encubridor". Además, agregó que "lo que no puede ocurrir es que queden impunes quienes debiendo saber el acto ilícito, teniendo alguna capacidad para detener el proceso, no hayan hecho nada y se escuden en la ignorancia... la trayectoria de la senadora y la ministra dicen justamente que no son ignorantes, y sus conocimientos superan a la media, por lo que sus justificaciones o explicaciones sencillamente han complicado su situación procesal". En tanto, Paula Vial, defensora de la ministra Fernández y la senadora Allende, declinó hacer comentarios sobre si las imputadas darán sus versiones y si harán uso de sus prerrogativas, las cuales les permiten --debido a sus cargos-declarar en sus domicilios o a través de un escrito. n Ingresan nuevo requerimiento de inhabilidad contra ministra Fernández En paralelo, el querellante Palamara presentó junto con el abogado John Reid un requerimiento al TC para que la magistratura declare la inhabilidad de la ministra Fernández en el cargo. Situación que se suma a las solicitudes de Chile Vamos y el Partido Republicano.
En el texto ingresado por Palamara y Reid se lee: "En virtud de lo que permite el artículo 93 N 13 de la Constitución Política de la República, venimos en interponer requerimiento de inhabilidad de la ministra de Defensa Nacional, Maya Alejandra Fernández Allende (... ) por la causal de inhabilidad de celebrar un contrato con el Estado". Las diligencias clave en causa por fallida compra de casa de expresidente: Tras incautación en Bienes Nacionales, ministra y senadora declararán como imputadas y se evalúa requisar teléfonos E. CANDIA Y C. CARVAJAL El abogado querellante en el caso --donde la fiscalía investiga un eventual fraude al fisco-también solicitó que se tome declaración a otros ministros de Estado, aunque no especificó en qué calidad.
PESQUISAS. -La semana recién pasada un equipo de investigadores de la fiscalía y la PDI realizaron una incautación en Bienes Nacionales, en el marco de la indagatoria abierta tras la querella por la fallida compra de la casa de Allende (en la imagen) por parte del Gobierno. ATON.