Autor: D. VALENZUELA y A. UGARTE

Matthei y Tohá son partidarias de aumentar exigencias para las ONG que participen en el sistema de evaluación ambiental
Matthei y Tohá son partidarias de aumentar exigencias para las ONG que participen en el sistema de evaluación ambiental El uso y abuso de herramientas legales por parte de movimientos y grupos de interés que tienen como consecuencia la paralización de proyectos de inversión está siendo una de las grandes trabas para retomar el crecimiento de Chile. Así lo declararon exautoridades, dirigentes gremiales, representantes de la industria y analistas en la última edición de Crónica para el Futuro de “El Mercurio”, El Mercurio de Valparaíso y Emol, publicada el viernes.
Ejemplos de lo anterior serían el masivo ingreso de observaciones en los procesos de participación ciudadana del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que tendrían por objetivo dilatar la tramitación de permisos y las acciones judiciales para frenar la realización de proyectos, en muchos casos presentadas por Organizacion e s N o G u b e r n a m e n t a l e s (ONG) ambientalistas. Consultados por “El Mercurio”, candidatos presidenciales entregaron sus propuestas respecto de cómo abordar este fenómeno.
Transparencia como prerrequisito La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirma que “respecto de las ONG y otras organizaciones similares, nuestra propuesta contempla que ellas deberán transparentar su objeto legal, sus estados financieros y las fuentes de financiamiento como prerrequisito de participación en el SEIA”. Matthei ha afirmado que una de sus prioridades será destrabar la inversión y acelerar el crecimiento y, para ello, asevera, “simplificaremos los permisos y destrabaremos proyectos que mejorarán la calidad de vida de las personas.
Por ejemplo, crearemos una ventanilla fasttrack para revitalizar proyectos de inversión superiores a US$ 5 millones y priorizaremos 30 proyectos de infraestructura dándole un trato preferente y equipos especializados para su ejecución”. Registro de miembros y fuentes de financiamiento La candidata del PPD, PS, PL y PR, Carolina Tohá, por su parte, sostiene que “más que restringir la participación de la sociedad civil, lo que Chile necesita es ordenarla y fortalecerla”. Para ello propone “instituir legalmente la participación temprana en los grandes proyectos de inversión.
Esta etapa debe ser ITTESSIRSIULÉSOJ Conocer uso y fuente de los recursos públicos Una mirada distinta tiene el representante del Frente Amplio en la carrera presidencial, Gonzalo Winter, quien cree que “la sociedad civil no es responsable de las demoras en los trámites de proyectos de inversión.
Más bien, es el Estado el que tiene el deber de reducir significativamente el tiempo promedio de tramitación de permisos para mipymes y grandes proyectos”. En ese sentido, apunta a que es necesario aprobar el proyecto de ley de permisos sectoriales y “avanzar hacia un sistema inteligente de permisos que no sacrifique estándares de protección ambiental y sanitaria”. Igualmente, postula que “el país requiere una mejor regulación a las organizaciones de la sociedad civil.
En mi gobierno promoveremos la inteligencia de datos para evitar la duplicidad de registros, facilitar el trabajo de las organizaciones y exigir más transparencia en el uso y fuente de los recursos públicos”. Discusión “urgente” El impulsor del proyecto para transparentar el financiamiento de las ONG, diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), afirma que es “urgente poner en tabla de la comisión de Gobierno (del Senado)” la moción que fue aprobada en primer trámite, pero que desde 2023 no ha seguido discutiéndose.
Añade: “Yo espero que las autoridades del Senado entiendan que hoy día amparar el secretismo respecto al financiamiento de las ONG es ser parte también de las eventuales irregularidades que ellos mismos están cometiendo”. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta de los candidatos del PC, Jeannette Jara, y del P. Republicano, José Antonio Kast. Crónica PARA EL Futuro obligatoria (... ) y orientarse a construir acuerdos sobre intereses comunes”, que “deberían ser formalizados como compromisos voluntarios dentro del proceso de evaluación ambiental.
Quienes sean invitados formalmente a participar y decidan no hacerlo, no deberían tener derecho a realizar reclamaciones posteriores”. También cree que se debe “fortalecer la capacidad del Estado para facilitar estos procesos apoyándose en consultores independientes certificados, pero con supervisión pública”, y que “es razonable exigir que las organizaciones que quieran participar y estén fuera del área de influencia directa del proyecto sean formales, con registro de miembros y fuentes de financiamiento transparentes”. “Parar industria de las querellas” Más duro es el postulante a La Moneda del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien afirma que las ONG “no debiesen tener legitimación activa para interponer acciones legales ahí donde no son sus miembros los directamente afectados. Queremos parar esta industria de las querellas de las cuales viven esas organizaciones”. Por ello, dice que apoya el proyecto de ley que busca obligar a las ONG transparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento. La moción fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero desde 2023 está a la espera de tramitación en la comisión de Gobierno del Senado.
Kaiser, por su parte, postula que estas “no debiesen tener legitimación activa para interponer acciones legales ahí donde no son sus miembros los directamente afectados”, y Winter afirma que “el país requiere una mejor regulación a las organizaciones de la sociedad civil”. Debate por rol de estas agrupaciones en la tramitación de permisos para proyectos de inversión: Debate por rol de estas agrupaciones en la tramitación de permisos para proyectos de inversión:. FUERTE INFLUENCIA. — Además de manifestarse, movimientos sociales y agrupaciones ambientalistas se hacen parte de los procesos de participación ciudadana y de otras instancias en la tramitación de permisos para proyectos de inversión, ya sea a título propio o en representa