¿Qué esperar para la formalización del presidente de CLC? Fiscalía y querellantes pedirían limitar su acceso a información de la clínica
¿ Qué esperar para la formalización del presidente de CLC? Fiscalía y querellantes pedirían limitar su acceso a información de la clínica E l miércoles pasado, los abogados Pamela Contreras y Patricio Fernández le enviaron un peritaje a la fiscal Karin Naranjo. Encargaron un estudio contable privado a expertos para analizar toda la información financiera que han podido recabar de los cerca de 16 doctores que trabajaron en Clínica Las Condes, y que hoy representan. Esto es uno de los últimos antecedentes que se sumarían a la amplia carpeta que tiene el Ministerio Público, de cara a la formalización del presidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil.
Este martes, el empresario y pareja de la controladora del centro de salud, Cecilia Karlezi, será formalizado por el delito de apropiación indebida de dineros de exmédicos del recinto, a lo que se sumarían cargos por administración desleal, en una causa que partió hace dos años y que hoy plantea la posibilidad de que Gil deba abandonar la presidencia de la mesa de CLC. "Un exitaso sería la prohibición de tener contacto con la clínica y con la gente que maneja la información", dice la abogada querellante Catherine Lathrop. "Desde su posición de controlador, lo que ha hecho es obstaculizar el acceso a la información y que esta investigación se pueda desarrollar de manera apropiada", añade.
Hoy, estiman que hay un 70% de los antecedentes contables de la clínica que no se ha entregado, y que la fiscalía ha pedido. "Se están analizando las cautelares, entre ellas, arresto domiciliario total, o bien una prohibición de ejercer la presidencia del directorio o ir a CLC", señala la abogada Pamela Contreras.
Explica que el artículo 155 letra H del Código Penal permite interponer cualquier condición que sirva para los fines del procedimiento, y es bajo ese articulado que se podría pedir el alejamiento de Gil del establecimiento.
Los querellantes y el Ministerio Público están en la línea de avanzar en esa cautelar, dicen fuentes del proceso. "Queremos que se detenga esta barrera de datos a los que no podemos acceder", añade un querellante.
Tal cautelar no es fácil de conseguir, conciden, pues se trata de restricciones de garantías funday traspasando así la cobranza a CLC. "Para haber sido entregadas, las platas tienen que haber salido de la clínica e ingresado a las cuentas de los médicos, y eso nunca pasó", dice un querellante. A comienzos de año, el abogado de Gil presentó incluso una querella contra quienes resulten responsables por apropiación indebida, en el marco de la misma causa. Y apuntó a las isapres Vida Tres y Banmédica.
El tribunal separó ese proceso, aunque la defensa asegura que ese "retraso en algunos casos imposibilitó la recaudación de honorarios médicos, cuestión que resulta de total relevancia para la presente investigación". La tesis de la fiscalía y de los querellantes es que esos dineros sí llegaron a la clínica y que no fueron pagados a los médicos, sino utilizados para hacerles frente a las deudas del establecimiento.
Si bien las querellas no solo apuntan a Gil, sino a CLC como persona jurídica y ejecutivos, fuentes al tanto de la investigación precisan que el presidente de la entidad es el primer formalizado, porque es quien toma las decisiones y maneja la administración. No se descarta que otros puedan venir más adelante.
Se estima que la investigación duraría a lo menos 120 días, ya que aún faltan peritajes. "Tenemos que entrar a la contabilidad de la clínica", dice un querellante. "No se ha descartado la tesis de la responsabilidad penal de la persona jurídica que es CLC, sino que se están haciendo diligencias en torno a verificar el modelo de cumplimiento", explica la abogada Contreras. Y aunque la defensa de Gil se ha acercado a los querellantes para buscar una salida, fuentes conocedoras afirman que han partido de la premisa que no adeudan nada a los médicos. Contactados Gil y su abogado, declinaron hacer comentarios. Con la fiscalía, el diálogo ha sido también mínimo.
Ad portas de la formalización, los querellantes esperan una condena --la apropiación indebida más la reiteración podrían implicar una pena de 5 años y 1 día a diez años-o un acuerdo reparatorio, en el que CLC se comprometa a pagar. Varios querellantes preparan además demandas civiles de indemnización de perjuicios. Altas fuentes de la clínica aseguran que el directorio no se ha puesto en el caso de que Gil no pueda seguir a la cabeza. De hecho, el martes hubo reunión y algunos integrantes le preguntaron a Gil por la formalización de este martes. Estaba sumamente tranquilo, señalan testigos.
Junto con cuestionar la labor de la fiscal, el abogado Álvaro Jofré respondió que no existía delito, que no debían nada y que, al contrario, eran los médicos quienes mantenían deudas con la clínica. "Estamos tranquilos", recalcó. nal autorizó. Además solicitó a las isapres, aseguradores y Fonasa todo el detalle de pacientes y comprobantes de pago de la clínica. Aún más, la Bridec requisó computadores y antecedentes de CLC. Sin embargo, desde los querellantes dicen que aún falta mucha información que la entidad no ha entregado. De hecho, la Bridec no ha terminado su análisis por esa razón.
El abogado Álvaro Jofré, experto en litigios civiles, está a cargo de la defensa del presidente de CLC y ha sostenido que la investigación está "plagada de irregularidades e ilegalidades", que existen oficios del Ministerio Público que no han sido recepcionados, "afectando el derecho a defensa". E n l í n e a s g e n e r a l e s plantean que no se adeudan dineros a los médicos, por el contrario, existen algunos que mantienen deudas con CLC. De hecho, la empresa fue a arbitraje con algunos de ellos, pidiendo el pago de una supuesta deuda de $500 millones. La abogada Contreras señala que uno de sus defendidos --Jorge Lara-pasó por eso. Hace un mes el tribunal dictó sentencia a favor del doctor, afirmando que no tiene deudas, sino que al revés.
El punto es que --ha dicho la fiscalía-el contrato entre los médicos y la clínica establecía que "la Clínica será quien cobre los honorarios profesionales que (se) adeuden al médico", encargando mentales, por lo que deben demostrarle al tribunal la necesidad de restringirle el acceso a su fuente laboral. Además, desde el entorno de la fiscalía no descartan solicitar su arraigo o incluso arresto domiciliario nocturno. Aunque para los querellantes eso no tendría sentido, ya que no garantizaría el acceso a los antecedentes que buscan.
Dos años de investigación EL 13 de julio de 2022 se presentó la primera querella en contra de Clínica Las Condes como persona jurídica, por apropiación indebida de dineros correspondientes a los médicos cirujanos Joaquín Lara y Javier del Río. En abril de ese año habían recibido el último pago por alguna atención, e incluso --dice la acción judicial-se les adeudaban dineros correspondientes a prestaciones de 2020 y 2021. Lara dice que le adeudan $250 millones y $103 millones a Del Río. Luego se sumarían acciones judiciales que apuntaban a la clínica, pero también a Alejandro Gil, y al ex gerente general Ignacio Tapia. Hoy, las querellas totalizan cerca de 35 por un monto superior a los $3.000 millones. En líneas generales, los facultativos sostienen que prestaron servicios que nunca fueron pagados. Una tesis que el Ministerio Público ha ido complementando con antecedentes adicionales.
A fines de 2022, pidió a los bancos Itaú, Scotiabank, BCI, Banco de Chile, BICE, Security y Santander enviar los saldos y movimientos realizados en 27 cuentas corrientes de Clínica Las Condes entre 2020 y 2022. Alzamiento de secreto que el tribu¿ Qué esperar para la formalización del presidente de CLC? Fiscalía y querellantes pedirían limitar su acceso a información de la clínica Alejandro Gil, presidente de CLC. MACARENA PÉREZ · MARÍA JOSÉ TAPIA Las querellas contra Gil y CLC por apropiación indebida bordean las 35, y superan los $3.000 millones en atenciones que, según los doctores, no fueron pagados por la clínica..