EDITORIAL: Que lo ambiental sea bien valorado
EDITORIAL: Que lo ambiental sea bien valorado Tornando Tornando la oportunidad que cada nuevo año nos da para pedir algún deseo, expresaremos expresaremos el nuestro con claridad: que el tema medioambiental sea bien valorado en nuestro país.
Es que después de ver la escasa relevancia que tuvo en la última elección presidencial presidencial y de escuchar diversas voces que aún ven este factor como un “obstáculo para el desarrollo (por ejemplo, a propósito de la discusión en torno a la ley sobre permisos sectoriales, con la cual esta materia se confundió de manera errada), resulta absolutamente absolutamente necesario volver a recordar que el resguardo de la naturaleza es una condición sine qua non para muchas actividades productivas y, aún más, para nuestra existencia y bienestar. Por lo mismo, es uno de los pilares de la sostenibilidad, por lo que debe ser considerado y ponderado adecuadamente. En ese contexto, durante 2026 habrá espacios significativos en los que se podría avanzar en esa dirección.
Uno de ellos será el debate parlamentario parlamentario sobre un proyecto clave que se tramita en el Congreso: la reforma que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y optimizar el funcionamiento de los procesos de evaluación ambiental, con miras justamente justamente a equilibrar el crecimiento económico con el cuidado del entorno natural y humano.
Según el Gobierno, uno de los principales objetivos de esta iniciativa es otorgar mayor certidumbre a todos los actores, con la consecuente reducción de tiempos de tramitación de los proyectos, sin disminuir los estándares de protección ambiental.
Esa declaración general es un anhelo anhelo compartido por las distintas partes hace mucho tiempo, pero al entrar en la discusión sobre las falencias en la evaluación ambiental y cómo solucionarlas, surgen diferencias diferencias de visión que han impedido concretar avances relevantes en esta materia. De hecho, a dos años de su presentación, este proyecto todavía se mantiene en su primer trámite constitucional, en el Senado. Entre sus ideas centrales, esta propuesta legal apunta a tecnificar las decisiones de evaluación y minimizar el componente político en este proceso. Para eso otorga más atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dejando a las direcciones regionales a cargo de definir la calificación calificación de los proyectos en reemplazo de las Comisiones de Evaluación Ambiental.
Al mismo tiempo, plantea eliminar el Comité de Ministros como instancia resolutoria de las reclamaciones a las resoluciones de calificación ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental, tarea que quedaría en manos de la Dirección Ejecutiva del SEA.
Otras proposiciones son: la creación de un recurso de reclamación único y simplificado, el establecimiento de un proceso voluntario de participación temprana para que los inversionistas mejoren el diseño de sus proyectos antes de ingresarlos al SElA, la reducción de los requisitos para la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental y la obligación de los titulares de considerar los impactos acumulativos y sinérgicos en la evaluación de proyectos.
Está claro que estas propuestas no satisfacen a todos por igual y requieren una revisión exhaustiva, exhaustiva, pero conforman una buena base que se debe aprovechar para avanzar de manera más decidida en un debate con altura de miras donde el tema medioambiental sea bien valorado, tanto como los demás pilares del desarrollo sostenible..