EDITORIAL: Licencias: no repetir la historia
EDITORIAL: Licencias: no repetir la historia E n el contexto del informe de la Contraloría sobre los más de 25 mil funcionarios que salieron del país mientras tenían licencia médica, se han recordado situaciones parecidas de otras irregularidades en el Estado frente a las cuales también se anunciaron sumarios, o acciones penales, sin que hasta ahora se conozcan los resultados.
Uno de los casos más polémicos ocurrió en octubre de 2020, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que 437 mil personas percibieron el bono clase media, un aporte de hasta $ 500 mil a quienes habían perdido su trabajo o sufrido una merma salarial durante la pandemia, sin cumplir con los requisitos; de ese número, 37.100 eran empleados públicos que no habían sido despedidos ni tampoco sufrieron recortes en sus sueldos.
En aquella ocasión, junto con la habilitación de un procedimiento para la devolución voluntaria del dinero, se habló de sumarios; a casi cinco años de los hechos, sin embargo, no hay información disponible acerca de cómo se resolvieron los casos. El diario El Mercurio ha expuesto otros episodios de alta connotación pública en los cuales tampoco existe información acerca de lo sucedido con las investigaciones anunciadas.
Según el exministro de Justicia Juan Ignacio Piña, los sumarios han devenido en "una respuesta casi ritual" para que "parezca que se está haciendo algo", aunque sin el propósito real de arribar a una sanción o corrección.
El expresidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Sergio Urrejola ha subrayado la gravedad que supone la ineficacia en la ejecución a tiempo de los sumarios, la actitud de los encargados, dejar pasar el tiempo o apostar a que el hecho se olvide, así como una cultura laboral que perjudica a quienes proponen o aplican los castigos. De acuerdo con Piña, se requiere establecer plazos perentorios y un control externo, como la propia Contraloría u otro ente que se cree al efecto. En opinión de Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, los órganos de la administración deberían tener unidades especializadas en fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones funcionarias.
Si bien en 2020 se planteó que el bono clase media estaba mal diseñado, que las personas se podrían haber confundido al postular al beneficio o que había situaciones no necesariamente fraudulentas, la evidencia de mal uso de licencias médicas no admite atenuantes ni las irrisorias explicaciones que han ensayado algunos funcionarios. Por lo mismo, es fundamental que los organismos del Estado actúen ahora con la diligencia y celeridad que no han demostrado en otras indagaciones parecidas.
No sería razonable que más de 25 mil casos se limiten a unos escasos castigos, más aún si hay vastas áreas del Estado --Congreso, Poder Judicial, FF.AA. y policías-en las cuales las pesquisas recién han comenzado. Una firme respuesta a las denuncias de fraude es una condición necesaria para disuadir la reiteración de irregularidades en el aparato público.
Desde luego las sanciones requieren articularse con medidas más de fondo: cambios institucionales en el régimen de licencias médicas y mejores procedimientos de control y fiscalización. "Es fundamental que los organismos del Estado actúen ahora con la diligencia y celeridad que no han demostrado en otras indagaciones parecidas". Licencias: no repetir la historia.