Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.

CPC alerta sobre aumento de costos vinculados a evaluación de proyectos por “permisología”
CPC alerta sobre aumento de costos vinculados a evaluación de proyectos por “permisología” En comisión de Economía del Senado:El costo económico de la “permisología” no solo se origina en el retraso de los proyectos, sino que también en su preparación.
Así lo expuso ayer la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ante la comisión de Economía del Senado, donde el presidente de la multigremial, Ricardo Mewes, lideró la exposición en torno al proyecto de ley marco sobre autorizaciones sectoriales impulsado por el Gobierno.
Mewes destacó el proyecto como una iniciativa “necesaria y valorable”, considerando el retroceso en materia de inversión que se refleja en el promedio de variación anual de la formación bruta de capital fijo, que pasó desde 8,6% entre 2000 y 2009, hasta 2,05% desde 2020 a la fecha, considerando las proyecciones para el próximo año.
“Con los últimos indicadores económicos, se presenta como una oportunidad importante (... ), pensamos que es tremendamente relevante apurar el tranco, porque Chile necesita mayor inversión, necesita destrabar proyectos y generar cre-cimiento económico, porque tenemos tasas de desempleo que son importantes y, en ese sentido, el país necesita crecer”. La etapa “invisible”elaboración de las solicitudes.
A modo de ejemplo, detalló, en la “etapa visible” del proceso, la tramitación ambiental puede tardar entre 12 y 36 meses, mientras los permisos sectoriales se extienden entre 6 meses o hasta 4 años, en el caso de aquellos que otorga la Dirección General de Aguas (DGA). Sin em-Es tremendamente tranco, porque Chile relevante apurar el necesita mayor inversión, necesita destrabar proyectos y generar crecimiento”.................................................................En el diagnóstico sobre el im pacto de la “permisología” pro fundizó Pauli na Riquelme, presidenta de la comisión de Desarrollo Sos t e n i b l e d e l a CPC.
Puso én fasis en que el funcionamien to actual de la evaluación de obras no solo presenta demo ras efectivas, siRICARDO MEWES, PRESIDENTE DE LA CPC no que también complejiza labargo, en la etapa “invisible”, preparar los antecedentes para la fase ambiental puede tardar entre 8 y 22 meses, mientras la carpeta de los permisos sectoriales se extiende entre 4 y 10 meses.
Así, según sus cálculos, considerando la fase previa de un proyecto y su tramitación, e l p r o c e s o puede demorar como mínimo 24 mes e s, y c o m o máximo, 108 meses.
T a m b i é n d e t a l l ó q u e este escenario presenta cons e c u e n c i a s prácticas para las empresasen materia de costos: “En el 2020, el costo de elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) era alrededor de las 3.400 UF.
Hoy día, el costo de una DIA es alrededor de las 7.800 UF”. Sostiene que el mayor costo responde a las guías y documentos que el Servicio de Evaluación Ambiental(SEA) ha publicado con nuevos criterios y exigencias, “que han triplicado el costo de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”. En los últimos tres años, dijo, se han publicado 43 nuevos documentos. Puntos pendientesDentro de los aspectos por mejorar del proyecto que sugirió la CPC, un foco central está en la implementación de la nueva legislación y la oficina a cargo de ejecutarla. Por ejemplo, recomendaron explicitar el catálogo de aquellas autorizaciones o permisos susceptibles de ser reemplazadas por declaraciones juradas dado su bajo impacto, en lugar de definirlo mediante reglamentos.
Con el objetivo de reducir el tiempo para que la ley se ejecute, también apuntaron a reducir el catálogo de permisos excluidos de esta nueva regulación, incorporar criterios de “costoefectividad” en la redacción del texto legal, y dotar de rectoríatécnica a la oficina a cargo para aumentar sus atribuciones respecto de los órganos sectoriales. Un segundo eje se concentró en el mecanismo para establecer proyectos prioritarios dentro del proceso de tramitación, que según la CPC debería aplicar solo una vez que el proyecto esté en régimen.
“Es complejo priorizar algunos proyectos y darles este beneficio de que su tiempo de tramitación se va a reducir a la mitad, cuando para la otra gran mayoría de proyectos no estamos ni siquiera cumpliendo los tiempos legales”, argumentó Javier Irarrázaval, director de Políticas Públicas de la CPC.
Un tercer énfasis estuvo en los incentivos del proyecto, permitiendo reclamos o denuncias, y también el cumplimiento de plazos dentro de los Programas de Mejoramiento de Gestión en el Estado (PMG), que establece recompensas por cumplimiento de metas. En este sentido, la multigremial cree que las sanciones pueden ser contraproducentes, por ejemplo, llevando a una mayor tasa de rechazos.. ODANES, IREILAVACOIDUALC. En el gremio aseguran que el gasto en preparar una solicitud se triplicó desde 2020, a partir de las exigencias del SEA. En comisión de Economía del Senado: Los representantes de la CPC asistieron ayer a la comisión de Economía del Senado, liderados por Ricardo Mewes.